Ya lo hizo Gustavo Berganza en su columna en la Revista Contrapoder: para hacerlo se debería reformar el artículo 281 de la Constitución que dice que no se puede modificar, en cortas palabras, el mandato presidencial, y de hacer esto posible porque este mismo artículo que prohíbe la modificación de otros sí es modificable, se debe hacer una consulta popular para validar la reforma. Es cierto que carece de lógica que el artículo que hace pétreos otros artículos no lo sea, por sentido común, él mismo. Pero si justificaciones se quieren, se encuentran.
A esto, debe sumarse, que el mismo artículo 281 aclara que no se puede reformar contra la “efectividad o vigencia a los artículos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido”. De ser posible esta reforma, se actuaría en contra del espíritu de la ley, se pondría en duda la misma alternabilidad de la silla presidencial, y en Guatemala donde todo es posible, podemos legalizar períodos muy largos de presidentes “democráticos y apegados al estado de derecho”. ¿La reelección? También sería posible. Cierre sus ojos y sueñe con otro periodo de saber cuántos años de Otto Pérez Molina o Manuel Baldizón; si quiere gritar, siéntase en libertad, aún no es un crimen.
A todas luces esto es ilegal. Pero… este país se llama Guatemala y lo legal ha quedado a merced de quiénes supuestamente lo defienden, como la Corte de Constitucionalidad, que ha demostrado pasarse por el arco del triunfo (disculpe el francés) la norma más importante del país. El actuar de la gran mayoría de los Magistrados de la CC ha sido deslegitimada por ellos mismos. Se ha hecho latente la complicidad perversa que se mantiene entre grupos económicos organizados, abogados títeres del poder, y entre los tres poderes del Estado cuando de corrupción se trata. Es un tribunal sin independencia, ajeno a su función delegada.
Aunque sea ilegal, es posible. Lo ilegal en Guatemala siempre encuentra la manera de ser legal, gracias a abogados y funcionarios públicos que se prestan a vender su rectitud. Ante esta premisa reiterada una y otra vez, cada vez con más descaro, se hace necesario tener conciencia de que la responsabilidad recae cada vez más en los ciudadanos. Lo único que puede hacer que una iniciativa como ésta pueda ser puesta en tela de juicio y la Constitución del país tenga una oportunidad de ser respetada -con todas las críticas válidas, pero defendiendo lo que de bueno tiene- es que la ciudad capital se organice y se atreva de una buena vez a salir a las calles.
Éste no es un tema ideologizado –aún-, es un tema de democracia y de defensa de un Estado de los políticos, partidos políticos y las instituciones que dentro de éste intentan dirigirlo para resguardar que lo público sea capital de lo privado.
Sé que el panorama no está claro. Pero debemos estar atentos.
