En esos días, la doctora Susan Reverby, profesora de historia de la medicina en el Wellesley College, desató el huracán al dar a conocer los archivos de John Cutler y el gobierno de Estados Unidos tuvo que aceptar a través de su propio presidente Barack Obama que, Cutler había experimentado inoculando sífilis en enfermos mentales, soldados, prostitutas y presos en Guatemala.
El rasgar de vestiduras no se hizo esperar. No era para menos. Fue cuando escribí mi cuarta columna en Plaza Pública. Se llamó El Tuskegee (22 de agosto 2011). En la misma consigné:
«De Cutler supimos gracias a la historiadora médica Susan Reverby. Se supo por ella que los experimentos fueron impulsados por la Secretaría de Salud Pública del gobierno federal estadounidense (respondo así a mi pregunta inicial ¿fue una política de Estado?) y que Cutler, quien ya había participado en Alabama fue quien en mala hora llegó a Guatemala para experimentar, ahora, con prostitutas, soldados, enfermos mentales, presidiarios y, ¡con niños del Hogar “Rafael Ayau”!».
También hice notar que: «La diferencia entre el estudio de Alabama y el realizado en Guatemala, fue que éste, se hizo entre 1946 y 1948 para comparar la penicilina con otros antibióticos que comenzaban a aparecer. Para lograr la cantidad de enfermos que tuvieron como conejillos de indias, infectaron a más de mil quinientas personas. ¡Hágame usted el favor! ¡Más de mil quinientas personas! Y algo peor, según los asegunes, la Oficina Sanitaria Panamericana estuvo implicada en el financiamiento. Es la organización que hoy conocemos como Organización Panamericana de la Salud. Claro, la de hoy tiene un mar de diferencia con aquella, pero por la ética misma y en honor a la verdad, debiera pronunciarse en cuanto lo sucedido».
Una flamante diputada habló de una suma en dólares para resarcir. ¿A quién?, no lo dijo. Por medio de una periodista guatemalteca se supo de un abogado que le sacó la firma a uno de los hijos de un sobreviviente del experimento para quedarse con el 40% de lo que ganare en un futuro juicio contra el Estado norteamericano. Y el Vicepresidente de la República, quien se puso al frente de un grupo de investigadores, sostuvo a un rotativo el 13 de junio de 2011: «La investigación sobre los experimentos de enfermedades de transmisión sexual en guatemaltecos está en la última etapa, pero su divulgación demorará dos meses más». Dichos investigadores conformaban una comisión donde estaba representada la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Salud Pública y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala.
A la fecha, poco o nada sabemos de los resultados de dichas investigaciones.
No quiero ni pensar siquiera que semejante atrocidad vaya a quedar en la impunidad. No quiero pensar que el velo del silencio haya cubierto ya a los responsables de la investigación anunciada en aquellos días. No quiero pensar que los pseudocientíficos (norteamericanos y guatemaltecos) comprometidos en semejante felonía se hayan ido de este mundo sin llevar a cuestas cuando menos una condena moral.
Creo que, Álvaro Colom Caballeros, Rafael Espada y quienes dirigían el 2011 el Colegio de Médicos y Cirujanos y el Ministerio de Salud Pública, deben dar a conocer las conclusiones a las que llegaron o, en su defecto, revelar a quiénes pasaron la estafeta y el avance de las pesquisas en el momento del traslado de información.
