Cuando se revisan las tendencias globales del Estado capitalista desde mediados del siglo XVIII, se observa que el Estado, inicialmente liberal, se torna posteriormente en un Estado de bienestar o social, y es sobre éste que finalmente se monta el Estado neoliberal. Pero el caso de Guatemala es bastante lejano de esta tendencia general. Mientras que la reforma liberal debería haber dejado “libres” a los individuos para vender su mano de obra, en Guatemala se instauró un régimen cuasi-feudal a partir del despojo de tierras comunitarias, con el que se forzó a los habitantes a trabajar para los nuevos dueños del terreno.
El Estado de bienestar, por su parte, jamás tuvo oportunidad de florecer en el país, al truncarse en 1954 el trabajo desarrollado por los gobiernos de Arévalo y Árbenz. No hubo entonces un Estado social, sino uno contrainsurgente que raras veces respondió a las demandas de la población con políticas sociales, más bien lo hizo con control y represión. Entonces ¿cómo montar un Estado neoliberal sobre uno contrainsurgente? Si una de las ideas principales del neoliberalismo es reducir Estados que han crecido demasiado, ¿cómo poner a dieta un Estado de por sí desnutrido?
Si las políticas públicas nos permiten ver quién ganó y quién perdió el pulso en el Estado, éste sigue siendo un instrumento que responde a los intereses de las élites económicas o como botín del clientelismo político. Resulta difícil identificar espacios en los que otros actores logran influir lo suficiente como para que sus intereses se conviertan en una cuestión de la agenda pública. Las políticas sociales son virtualmente inexistentes y las instituciones más fuertes del Estado no son los ministerios de educación o de salud. Una muestra: cuando se contabilizan los servicios del primer y segundo niveles de atención del Ministerio de Salud, éste lograría cubrir apenas a 6 millones de habitantes, la población que el país tenía a mediados de la década de los setenta. La red pública de servicios de salud tiene un rezago de casi 40 años.
En la mayor parte del país hay déficits enormes de salud, educación, alimentación, vivienda, infraestructura, transporte, servicios básicos y un largo etcétera. Sin embargo, cuando el Estado aparece, tiene cara de soldado. Ejemplos sobran: el ejército destruyendo los campos de amapola en San Marcos, la masacre en Alaska, la represión en Barillas, el estado de sitio en Jalapa y Santa Rosa, o un general retirado que –más que funcionar como presidente– parece relacionista público de hidroeléctricas y mineras. Nuevamente, ahí donde no ha habido nada, en donde se reclaman las condiciones de vida más básicas, la respuesta del Estado es la represión.
Esto me hace recordar uno de los reportes de la Operación Sofía. Después de haber recorrido y asegurado un área de Nebaj, el comandante de la patrulla No. 1 (Francia Cuatro) escribe en el apartado de conclusiones y recomendaciones: “(…) por lo que recomiendo se inicie pronto con trabajos gubernamentales de comunicaciones, salud pública, educación y construcción de viviendas ya que toda esta zona ha estado completamente abandonada en ese sentido”. El documento es de 1982, un año al que se parece demasiado nuestro 2013.
