Washington DC no es un lugar común y corriente, y mucho menos lo es para un diplomático. Las embajadas tienen un rol permanente en el cabildeo de las agendas de cada gobierno, con el Ejecutivo y el Legislativo de los Estados Unidos, los organismos multilaterales, ciertas empresas multinacionales y otras organizaciones, sin dejar de lado la coordinación con las misiones permanentes dentro de las Naciones Unidas.
El discurso de Julio Ligorría, expresado en sus columnas de opinión en un medio local, y más recientemente en un foro organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sustenta tres elementos fundamentales, de lo que se va convirtiendo ya en una corriente oficial en Guatemala, un Revisionismo que busca darle una interpretación diferente a la historia del Conflicto Armado Interno. Estos tres elementos pueden expresarse de la siguiente manera: a) La negación del genocidio, b) Sostener que la búsqueda de justicia de las víctimas del Conflicto Armado Interno va a provocar la desestabilización del país, y c) Que en este ambiente de polarización, el papel de la comunidad internacional no es deseable, pues suena a injerencia en los asuntos propios del país.
Éste es el discurso que Guatemala lleva a Washington, seguramente apuntando a cortar la conexión de organizaciones de derechos humanos con la comunidad internacional, para ahogarlas por la falta de financiamiento a las ideas tan extremistas de la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de justicia y la ruptura de la impunidad.
En sí, el revisionismo no es nuevo. Los hay quienes han negado el holocausto judío o el armenio. Los hay incluso quienes niegan las cifras de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, o quienes le dan valor académico (!) a los panfletos que se publicaban los fines de semana, con apreciaciones de inteligencia de los años setenta y ochenta. Sin embargo, lo que resulta realmente peligroso es la instalación del revisionismo como un discurso oficial, que se lleva a los más altos niveles frente a la comunidad internacional, y que se plasma en los hechos concretos, en no asignarle presupuesto al Programa Nacional de Resarcimiento.
De acuerdo a lo expresado por la viceministra de Finanzas, María Castro, no se ha asignado presupuesto al PNR, porque el acuerdo para su vigencia no ha sido extendido. A inicios de este año, el PNR empezó un diálogo inacabado, con las principales asociaciones de víctimas del conflicto armado interno, para solicitar observaciones a un primer proyecto del acuerdo que extendería su vigencia. Han pasado ocho meses sin que este diálogo haya resultado en nada diferente que otro proyecto de Acuerdo, que no recoge en absoluto los criterios de las asociaciones de víctimas, y del cual, al día de hoy no hay noticias sobre su promulgación.
¿Es ésta la verdadera voluntad política del Estado?, la respuesta la veremos entre líneas, dependiendo de la aprobación o no, del proyecto de presupuesto 2014. Seguramente falta todavía mucho por ver en este terreno.
