Aunque el Presidente de la República argumentó al final de la larga serie de exposiciones que el ejercicio era de rendición de cuentas, en la práctica se trató de una serie de justificaciones sobre el proyecto.
¿Por qué se presentaron esa serie de explicaciones después que estalló el asunto y levantó una serie de dudas? ¿Por qué dedicar tantas argumentaciones sobre la necesidad de modernizar la infraestructura portuaria? Está claro que nuestros puertos necesitan de importantes inversiones que el propio Estado no puede asumir en su totalidad. También sabemos que contar con buenos puertos, con servicios eficientes es condición básica para mejorar nuestra competitividad. Ese no es el problema; lo que se demanda es que los procedimientos se apeguen a la ley y no se retuerzan los instrumentos jurídicos para acomodarlos a las circunstancias o para beneficio de algún grupo o empresa.
Se exige también que todos los asuntos se diriman con total transparencia y sin manejo debajo de la mesa. A pesar de la serie de datos y reiteraciones, no se dijo mayor cosa del instrumento de adjudicación del usufructo y sobre los socios nacionales que se necesitan para esta inversión. Por si esto fuera poco, la explicación del representante español me pareció floja e insuficiente; posiblemente la experiencia de la empresa sea mayor a lo expuesto. Como guinda al pastel, la Comisión de Transparencia del Congreso se presentó al finalizar el evento para presentar pruebas de las supuestas ilegalidades que contiene el documento legal.
Al final de cuentas, el asunto continúa por dos senderos distintos: el oficial, que indica que la operación va o va; y el planteado por los sindicatos del puerto, abogados y sectores sociales sobre los vacíos que presenta este manejo. El pulso se mantiene a pesar del foro.
