Pero antes de entrar en materia, me parece pertinente comentar que algo que generalmente solo es estudiado en aulas de las Facultades de Derecho, es ahora utilizado y comprendido por muchas personas que están opinando sobre el tema de Puerto Quetzal. Es decir, un caso como este, hace recordar que las figuras jurídicas que se estudian en aulas de Derecho, efectivamente pueden tener una incidencia real en la vida de las personas, para bien o para mal.
Desde el siglo IV antes de Cristo, se reconocía en el Derecho Romano esta figura para que alguien, que no era el propietario de un bien, lo pudiera gozar y disfrutar, es decir explotar económicamente y obtener los frutos del mismo. Y por frutos, se debe entender, no solamente los frutos naturales, sino cualquier producto o beneficio generado por la explotación de dicho bien, como las ganancias derivadas de un servicio prestado en un inmueble dado en usufructo. Se dice que el dueño del inmueble dado en usufructo, se queda con la “nuda propiedad”, porque se desnuda de todas las facultades de uso y aprovechamiento del mismo.
Pues esa figura exactamente es la que el actual gobierno ha utilizado para buscar desarrollar la ampliación de Puerto Quetzal. Sin embargo, las severas críticas que se han desatado en los últimos días sobre esta decisión, hacen reflexionar que, en primer lugar, el papel no aguanta con todo, como a veces se suele creer. Los grandes temas giran alrededor de las preguntas sobre “quién”; “qué” y “cómo”, pero casi ante todo, en el “por qué”.
Veamos: La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) es una entidad autónoma creada por ley. Pero actualmente está intervenida, (desde el Gobierno de Colom, si no me equivoco). Una intervención se da generalmente por malos manejos, por crisis, o por cualquier otra causa similar, y ella busca ser una medida, dramática, pero temporal, para corregir la situación y permitir que la normalidad llegue de nuevo a la institución intervenida. Es sabido que varios gobiernos de Guatemala han abusado notoriamente de esta figura jurídica. Y pareciera que el plan del actual gobierno es hacerlo también con respecto a EPQ. Un interventor está para “normalizar” algo, y no pareciera, de ninguna manera, que otorgar un usufructo por 25 años, es acorde a esas funciones. En todo caso, en cuanto al “quién”, si la intervención de EPQ aún se justifica, debería ser entonces el Presidente, en Consejo de Ministros, quien comparezca de frente a contratar, pues el interventor es un funcionario designado por él. Es su subalterno.
En cuanto al “qué”, pareciera que la figura del usufructo no es la pertinente, pues si se llega a prestar un servicio público, lo que indudablemente se dará en el caso de la ampliación portuaria de EPQ, para ello la figura jurídica que se debe aplicar y respetar es la de concesión de servicio público. Si la firma española fuera a utilizar para sí, exclusivamente, la terminal portuaria, entonces el usufructo podría ser aplicable. Es por ello que muchas personas han señalado que acá hay desde “simulación” hasta “fraude de ley”. Me parece que estos señalamientos no están del todo alejados de la verdad.
Pero quizás las dudas en torno al “cómo”, sean las más relevantes. Puede ser que la figura de usufructo, versus concesión, no sea el tema toral. Lo importante es cómo se adjudican los derechos y ahí sí creo que no hay nada que justifique no haber procedido mediante una licitación pública internacional. A menos, que conforme la misma ley de contrataciones, se estuviera ante un caso de excepción. Nuevamente, tendría que haber sido el Presidente, en Consejo de Ministros, el que así lo tendría que haber analizado y decidido, si fuera el caso. La falta de utilización de procesos participativos sí que hace pensar muy mal. Y ahí, concluyo en el “por qué”.
El tiempo récord y la secretividad con la que se ha actuado para adjudicar esta importantísima y estratégica obra del Estado, tiende hacerlo creer a uno que hay pago de favores. Asumo que no directamente a la empresa española, porque ellos, como extranjeros, no pueden ser financistas de campañas. Entonces, si no hay nada oscuro, nada que tenga que ver con tráficos de influencia (una de las formas de corrupción), sería realmente ejemplar que el actual Gobierno rectifique el rumbo. Y en ello, podría quizás consultar al Procurador General de la Nación, asesor legal por ley, del Estado, a quien hasta ahora, no se le ha dado intervención alguna. Al fin y al cabo, estamos hablando de bienes públicos, o sea, de bienes en donde usted y yo tenemos legítimos intereses.
