Es impertinente, porque justamente como define dicha palabra el Diccionario de la Lengua Española, es lo que no viene al caso; es lo que molesta de palabra o de obra. Y es imprudente, porque carece de prudencia, o sea, de sensatez o buen juicio.
Por mucho que lo quiera disfrazar de una simple medida administrativa de recorte de personal, el actual titular de la Secretaría de la Paz (Sepaz), con el consentimiento del Presidente de la República, está desarticulando la DAP. Esta Dirección fue creada el 8 de diciembre de 2008, por medio del Acuerdo Interno 092-2008 de la Sepaz. En el tercer considerando de dicho acuerdo se expresó lo siguiente: “Para el cumplimiento de los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz, el Gobierno de la República ha decidido que los archivos militares relacionados con el conflicto armado interno fueran hechos del conocimiento público, situación que también se sostiene con una política de paz y con los lineamientos de la nueva Ley de Acceso a la Información”.
Hay que recordar, por favor, que conforme el artículo 24 de dicha ley, en ningún caso puede calificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad.
La lucha por la verdad y la justicia en este país ha sido lenta, muy lenta. Imagínese usted que esta “conquista” de la creación de la DAP se dio casi exactamente a los 12 años después de haber firmado el Acuerdo de Paz Firme y Duradera. O sea, durante todo ese tiempo no existió una clara decisión del Estado de divulgar o poner a pública disposición los archivos militares. Y ahora que apenas estamos transitando hacia una verdadera justicia transicional, el mismo personaje que ya dijo que en Guatemala hubo excesos, pero no genocidio, está atentando por medio de subterfugios, más que contra el artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública, contra nuestro derecho a saber la verdad, que es parte esencial del derecho a la justicia.
Pero ¿cuál es la importancia de la DAP, hasta ahora? El aporte de esta dirección a la justicia y la verdad, en sus apenas tres años y medio de existencia, ha sido fundamental desde las perspectivas de la construcción de la memoria histórica, del esclarecimiento de los hechos y del acceso a la información pública. A pesar de los 12 años de opacidad y ocultamiento, desde la existencia de la DAP, peritajes elaborados por personal calificado de dicha Dirección han servido en procesos de desapariciones forzadas (caso “El Jute”) y masacres (casos “Los Josefinos”; “Plan de Sánchez”; “Rabinal”; y “Río Negro”). De las pocas, muy pocas cosas positivas que el gobierno de la UNE hizo durante sus cuatro años de gestión, el actual gobierno de la mano dura lo está destruyendo con ese puño que no lo vemos para otras cosas.
Ya se ha denunciado esta violación al derecho a la justicia y a la verdad, ante el relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición. De persistir con su actitud, el Estado de Guatemala, tarde o temprano, será condenado en el sistema interamericano de protección de Derechos Humanos. Pero eso no es lo más importante. La sociedad que no atiende adecuadamente estas injusticias, jamás dejará de estar enferma. Es, como dice Galeano en su breve ensayo sobre “La Desmemoria”: “Ahora, la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia; pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria”.
