En los dos primeros meses de este año, las informaciones refieren la deportación de cinco mil 200 personas, de las cuales 50 son menores de edad. De mantenerse dicha tendencia, en este año podrían ser deportadas por Estados Unidos, no menos de 30 mil personas guatemaltecas. Personas que, en una mayoría abrumadora, han llegado a ese país mediante el rol establecido con redes de trata y tráfico de personas que comercian con la necesidad económica de quienes se ven forzados a migrar.
Podemos discutir el nivel de legitimidad del gobierno estadounidense para no permitir en su territorio a personas que no cumplen con sus regulaciones migratorias. Podemos también monitorear y analizar la práctica tolerada de abuso a las y los migrantes deportados. Podemos también, con más autoridad, analizar el factor estructural que obliga a las personas a abandonar sus hogares, a empeñar su vida y a dislocar sus entornos familiares, en aras de un ingreso que permita sobrevivir al sistema expulsivo que alimenta este país.
Sin embargo, en esta ocasión lo que interesa es destacar la práctica expulsiva desde Estados Unidos y su aplicación en contra de quien, según sus leyes, se encuentra de manera ilegal en su territorio, contrastada con una decisión reciente que también nos afecta.
Me refiero concretamente al caso de Anyelí Hernández. Una niña guatemalteca, quien fue secuestrada en el 2006 a los pocos días de nacida. Dos años después, Anyelí fue dada en adopción a una pareja de Missouri, Estados Unidos, mediante un procedimiento ilegal, basado en una actividad absolutamente criminal.
Luego de la tenaz labor de la madre de la niña y del acompañamiento incansable de la Fundación Sobrevivientes, las cortes en Guatemala resolvieron que Anyelí debe volver al seno de su hogar biológico, al que la actividad criminal de las redes de trata y tráfico de niños y niñas, han privado de constituirse en su hogar de pleno.
Anyelí tiene seis años. De ellos, dos los pasó en instituciones ligadas al crimen, que la comercializaron con base en un sistema que se los permitió. Otros cuatro años los ha pasado junto a la pareja estadounidense que llegó a ser, con conocimiento o no, en el último eslabón de la cadena de delitos que la apartó de sus padres. Pero los seis años de vida de Angely, han sido de lucha sostenida por parte de su madre y por parte también de la Fundación Sobrevivientes.
Hoy, la madre de Angely y con ella, las madres que han perdido a sus hijos e hijas a manos de las redes de trata con base en Guatemala y brazos hasta el norte, sufren un revés proveniente de una vergonzosa contradicción. Resulta que la justicia estadounidense se niega a devolver a Guatemala a la niña que ingresó a su territorio de forma ilegal por cuanto fue dada en adopción mediante acciones criminales que iniciaron con el robo, secuestro, falsificación de pruebas de ADN, falsificación de documentos, entre otros, al amparo de autoridades nacionales y estadounidenses, tolerantes de esta práctica.
De manera que, las y los guatemaltecos que emigran buscando un trabajo para tener ingresos para sobrevivir son indeseables pero, una niña robada, secuestrada y vendida por redes criminales de trata, no puede ser devuelta a su hogar materno. Vergonzosa contradicción y doble moral inaceptable que debe hacer a nuestras autoridades actuar con determinación ante una acción abusiva y por demás, inaceptable.
