Lamentablemente, no parecen existir condiciones adecuadas para una reforma integral de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
Llamamos reforma integral a una propuesta que corrija el principal defecto de la LEPP: la práctica inexistencia de partidos políticos institucionalizados, con arraigo en la ciudadanía y con canales adecuados para la participación de los afiliados y simpatizantes de las diversas propuestas políticas de la sociedad guatemalteca.
Esta inexistencia se debe a varios factores: una Ley con requisitos mínimos de funcionamiento y despliegue territorial que favorecen un control férreo de las élites políticas y económicas, impidiendo que la mayoría de ciudadanos tenga acceso a las estructuras partidarias, controladas por quienes tengan recursos económicos o habilidad política para colarse en las filas de los privilegiados en base a la completa, absoluta e incondicional lealtad política a los caudillos.
Esta situación de los partidos políticos, tal como los entiende la teoría política –instituciones con una propuesta programática e ideológica, con un mínimo de despliegue territorial y con una estructura que canalice la acción de afiliados y simpatizantes–, significa que la ciudadanía guatemalteca no tiene canales adecuados para expresar sus demandas y aspiraciones, para exigir el cumplimiento de promesas y para promover un cambio real en las condiciones que prevalecen en nuestro país. De hecho, la frase Votamos, pero no Elegimos, sintetiza esta realidad.
El problema de este enfoque de fondo es que coloca la reforma de cara a su principal dilema: los encargados de reformar la LEPP son justo, los que menos interés tienen en modificarla, ya que son las élites de los partidos políticos y sus allegados incondicionales quienes más se benefician de las deficiencias de la Ley.
Entendido este punto, el resto de problemas de la LEPP se dispersan en una variedad de temas como procedimientos para convertir votos en escaños, reglas para la cancelación y vigencia de los partidos políticos, la estructura de la autoridad electoral, así como los aspectos procedimentales como la conformación del padrón electoral y los procedimientos técnicos que permiten la organización de las elecciones. Claro está, cada punto anteriormente citado, tiene su valor y su sentido, pero sin la resolución del problema de fondo, los demás temas pierden relevancia.
La ausencia real de los partidos políticos favorece la principal deficiencia de la democracia, es decir, el manejo clientelar y corrupto de la institucionalidad pública, cooptada por una variedad de actores corporativos que saben que al invertir en el proceso electoral, obtendrán jugosas ganancias, a expensas de los deseos y necesidades de la población. El meollo de la reforma electoral, por tanto, pasa principalmente, por quitarle el control partidario a quienes hábilmente han usado las deficiencias de la LEPP, para vivir de espaldas a la población.
