La situación actual es interesante: el Ejecutivo presentó el día lunes el segundo paquetón, esta vez de normas que buscan la transparencia y la calidad del gasto público. Normas que a todas luces han sido requeridas por la sociedad guatemalteca, harta de la corrupción y del mal gasto de su dinero.
Guatemala necesita un cambio en la estructura. Es importante buscar la disminución (disminución, porque es imposible evitarlos) de los incentivos perversos que nos mantienen rezagados y que no nos permiten desarrollarnos como sociedad. Por eso, buscar la austeridad, la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto público es positivo. En la situación de pobreza en la que vivimos nadie se debería oponer a este tipo de principio.
Sin embargo, la pregunta qué es lo que el Estado debe hacer, y cómo, para tratar de enmendar la plana, es una cuestión muy difícil. Las dos iniciativas de ley presentadas por el Presidente son cuerpos legales pesadísimos para asimilar, sobre todo cuando está dicho que son de urgencia nacional y que se deben aprobar en tiempo récord.
Una está enfocada a normas que buscan fortalecer instituciones encargadas de velar por la transparencia y la otra está enfocada a normas de transparencia en general. Ambas conformadas tanto por reformas a leyes existentes como leyes nuevas, lo cual es anti-técnico. En teoría se deberían de presentar iniciativas separadas para cada reforma y para cada iniciativa. Sin embargo, eso es teoría de técnica parlamentaria, la realidad política es distinta.
Es ahí donde nos arrastra la realidad política, si el Ejecutivo tuviera como finalidad transparentar el sistema y hacer mejor uso de los recursos para así darle una mejor calidad de vida a los ciudadanos, hubiera presentado un proyecto más meditado y estudiado. Sin embargo, pareciera que lo que busca es crear una imagen positiva para los ciudadanos, quienes añoramos transparencia, austeridad, calidad del gasto, etc. Y digo pareciera porque el proyecto presentado no fue socializado, no ha sido discutido y tampoco consensuado por los distintos grupos.
El costo de socializar una propuesta legal es alto, el costo de no tener una buena imagen como gobierno también lo es. Pero ¿qué del costo que tiene para el Estado la falta de credibilidad de las leyes? Muchas veces los problemas no se resuelven con leyes pero, otras veces, las leyes están mal hechas y por eso no funcionan.
Espero que este nuevo paquetón por acelerado y grandotote no sean normas de disque transparencia para que todos nos quedemos tranquilos pero que, en el fondo, no resuelva nada. Y no es por cangrejear como dicen ahora cada vez que uno da su opinión, sino porque se vale estar preocupado y participar en el quehacer de la política del país.
