Por un lado, el Congreso aprobó la ratificación del Estatuto de Roma (1998) para adherirse a la Corte Penal Internacional, con lo cual se admite que esa corte pueda juzgar delitos de lesa humanidad (guerra, genocidio, terrorismo) sin efecto retroactivo. Ese asunto tuvo un largo recorrido, donde la opinión de la Corte de Constitucionalidad (CC) jugó un papel decisivo.
Al mismo tiempo, se inició el proceso de juzgamiento contra el general Efraín Ríos Mont. Primera ocasión en que un exmandatario se enfrenta a la justicia para responder a la denuncia que existe en su contra desde el 2000, por los delitos de genocidio ocurridos durante su mandato como jefe de Estado.
Ambos hechos son claras manifestaciones de que las responsabilidades históricas son requisito básico para la deseable reconciliación. Para unos, ese inicio del proceso legal es la expresión de la culminación ansiada que permita rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos. Para otros, solo se trata de una acción a manera de venganza que polariza. Pero existe una mayoría de personas que no se darán por enterado de ninguno de los acontecimientos. Romper con la historia, insistir que la única ruta para el desarrollo es ver hacia adelante sin volver la vista, constituye una trampa de grandes consecuencias. Ningún país ha podido edificar pilares fuertes para enfrentar sus desafíos sobre la base de la negación de lo que ha sido su recorrido, con sus luces y sombras.
El juicio a Ríos Mont es emblemático, responde a precedentes desarrollados en aquellos países que vivieron etapas similares a la nuestra. Enfrentar un sistema de justicia, que hasta hace algunos años sirvió de encubridor de una parte esencial y obscura de nuestra historia. ¿Se trata de una contradicción, o de una evidencia que las instituciones marchan lentamente hacia el lado correcto? Eso lo podremos precisar al final de un proceso que recién inicia, un caminar que no estará ajeno a manipulaciones y a condicionamientos peligrosos.
