Ninguna de las administraciones que ha pasado por el MARN ha fomentado la EAE. La EAE es un instrumento de política pública que facilita decisiones de naturaleza estratégica, cuyo objetivo es asegurar la integración de las prioridades ambientales nacionales en un contexto de búsqueda de balance entre intereses económicos, sociales y ambientales, con amplio alcance y de largo plazo.
A diferencia de los tradicionales Estudios de Impacto Ambiental (EIA), diseñados para mitigar impactos ambientales de proyectos que son inminentes, la EAE es aplicable a Políticas, Planes y Programas –incluso megaproyectos, según nuestra jerga local– antes de implementarse o para corregir rumbos y tiene un enfoque eminentemente preventivo, una visión amplia. La EAE se aplica sobre el proceso de concepción y elaboración y no sobre su resultado –como es el caso de los EIA–, y busca influenciar el modo y las prioridades de decisión, así como el ámbito de tales decisiones.
Es, una vez superada esta fase, que se deberían autorizar proyectos específicos, sujetos a los respectivos EIA, una visión más reducida. En otros términos la EAE se enfoca en el territorio, en el amplio paisaje, en el ecosistema completo, en la población, en la cuenca, en la región, incluso en el país; mientras que los EIA se enfocan en la finca, la parcela, el tramo carretero, la industria.
Recurriendo a EIA, en el país se han generado grandes impactos ambientales negativos, incluso insospechados, a poblaciones enteras, territorios, ecosistemas, etc. Los altos niveles de fragmentación territorial, la sostenida tendencia al agotamiento, deterioro y contaminación, así como los crecientes conflictos sociales en torno de bienes y servicios ambientales, demandan una nueva visión con respecto a la Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental en nuestro país. La gestión del agua, la minería –minerales e hidrocarburos–, la generación de energía, la expansión de monocultivos, entre otros temas, deberían ser evaluados y reorientados a partir de la EAE, tal como lo hacen ya en Chile, Argentina y Brasil. En estos países, la EAE se ve más como instrumento de desarrollo sostenible que como instrumento estrictamente ambiental.
Evidentemente, un instrumento de esta naturaleza requiere de un pensamiento estratégico y de una cultura estratégica, en cuyo seno se debe albergar el convencimiento de que la política pública debe perseguir el bien común y no como suele ocurrir aquí, que el interés económico particular guía la política pública. Sería deseable que el nuevo Gobierno en pleno, teniendo al MARN como promotor, pueda encaminar al país en la senda de una cultura estratégica con respecto a los necesarios balances económicos, sociales y ambientales. La EAE puede ayudar, pero solo es un instrumento.
