Era el segundo proceso de elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, luego de impugnarse correctamente el primero. Recuerdo aquellas interminables sesiones de la segunda Comisión de Postulación en la gigantesca y vacía sala de vistas de la CSJ, donde se discutía qué era honorabilidad y cómo calificarla. Terminábamos contando cuántas veces un decano cabeceaba o adivinando lo que comerían en el almuerzo.
Con Alejandro escuchamos las entrevistas que la mesa hizo a cada uno de los aspirantes. Estuvimos presentes para escuchar a alrededor de dos docenas de abogados responder las preguntas hechas, defenderse de las acusaciones que personas a título personal o organizaciones de la sociedad civil les reprochaban. Recuerdo haber escuchado a Claudia Paz y Paz, una de las pocas mujeres que se atrevían a presentar su expediente y me sentí identificada al instante. Al salir de la sesión ese día, sabíamos que no había nadie mejor para ser Fiscal General que la señora Paz y Paz.
A la luz de los acontecimientos presentes creo que teníamos razón. La esperanza que en ese momento representaba para la justicia en Guatemala, meses después se ha vuelto una realidad concreta. Nadie hablaba ya de justicia para los miles de víctimas de una guerra que tienen que vivir con la desaparición, con los recuerdos de la tortura, con la duda y por lo tanto con la imposibilidad de una vida tranquila y digna. Aunque muchos hayan creído que con los Acuerdos de Paz –en específico lo referente a una reconciliación que omitía la justicia y las responsabilidades individuales– se podía y se debía dejar de hablar de nuestra historia, es sólo un intento más por negarnos nuestra historia, el sufrimiento de generaciones enteras, nuestra vida. Lo que parece que se olvida –o se pretende hacer olvidar–, es que la justicia es necesaria para cualquier sociedad que pretende vivir en paz.
Ya Mónica Mazariegos decía el jueves en esta misma Plaza Pública que si miembros del Ejército querían pasar por tribunales, se debían hacer cargo de las responsabilidades reales que se cuentan en la cantidad de fosas comunes, del número de voces sin silenciar de los familiares de los desaparecidos, y de toda una sociedad humillada por décadas de miedo y terror. Hagamos cuentas claras.
En el mismo blog de Mónica un lector decía que la actitud de la Fiscal General Claudia Paz y Paz no puede ser menos que merecedora de respeto. Yo retomo su intervención, que da nombre a esta columna. Me uno a ese sentimiento, y agradezco el ejemplo de valor que se nos da. Aunque haya quien insulte, critique sin argumentos y trate de politizar rencorosamente la justicia, hay muchos otros que sin escribir en periódicos y sin la posibilidad de ser escuchados, la apoyan. Señora Fiscal: mis respetos.
