Anteriores ejercicios de esta naturaleza fueron registrados oportunamente en las fotografías de ocasión, que pueden apuntarse como el único resultado tangible de estos procesos financiados por la cooperación internacional.
Sin embargo, en esta ocasión existen dos razones para un optimismo moderado. La designación de Eduardo Stein para orientar este proceso, y un diseño en el cual se prevén reuniones entre los ministros entrantes y salientes –que presupone que el futuro Gabinete ya está conformado– son señales que han sido bien recibidas entre quienes guardan cierta esperanza porque la casa quede en orden para la fecha de transmisión de mando.
En un mundo ideal, la transición es una señal de la madurez democrática y la fortaleza de la institucionalidad. Sin embargo, lo deseable en nuestra realidad es que la transición permita al nuevo gobierno evaluar la dimensión de los desafíos y trazarse metas realistas para el primer año de gestión, sin necesidad de ofrecer un demagógico Plan de 100 días.
En este marco, no debe perderse de vista la aprobación del presupuesto 2012 en el Legislativo, que es un elemento vital para la transición. De nada vale organizar una agenda de gobierno que no corresponda a un presupuesto que permita hacerla realidad.
El caso del Ministerio del Trabajo y Previsión Social puede ser usado como un ejemplo de esta situación. En su actual estructura, esta cartera de Estado, tradicionalmente considerada como una cenicienta, cuenta con una asignación presupuestaria de aproximadamente 594 millones de Quetzales, de los cuales 525 millones corresponden al Plan del Adulto Mayor. Los restantes 69 millones se dedican a los temas específicos de esta cartera de Estado, y no difieren mucho de los niveles presupuestarios anteriores a 2008.
Sin negar en absoluto la importancia del programa del Adulto Mayor, su ubicación dentro de la institucionalidad pública parece al menos inadecuada, y a efectos del fortalecimiento institucional del Ministerio del Trabajo, como ente rector de las relaciones laborales y el diálogo tripartito, puede considerarse inclusive perniciosa. En los casos de otras instituciones, como el Instituto Nacional de Estadística, se requiere también de un fortalecimiento institucional que pasa necesariamente por una asignación presupuestaria que los haga menos dependientes del financiamiento de la cooperación internacional. Seguramente un recorrido por la institucionalidad arrojará otros casos semejantes.
Resolver estas situaciones corresponde al Congreso. Sin embargo, estamos asistiendo a la puesta en escena de la obra que al parecer veremos con mucha frecuencia en el futuro: la falta de un bloque mayoritario que obliga a largas negociaciones –tira y afloja–, silencios prolongados y estancamientos, que básicamente paralizan la producción del Legislativo.
No son pocos los que miran con preocupación el legado de la administración saliente. Muchas voces piden ya al Ministerio Público y la Contraloría realizar las investigaciones del caso. Los términos fiscalización y cacería de brujas ya han sido pronunciados por quienes se sienten llamados a ser abanderados de esta luchas, mientras a algunos nos vienen a la memoria los exfuncionarios del gobierno Portillo vistiendo overoles de color naranja… Lo único cierto, es que este parece ser es el punto de partida para la futura campaña política.
