César Franco Ibáñez, un exkaibil del Ejército de Guatemala que participó en la masacre de la comunidad Dos Erres, en Petén, y que ahora es uno de los testigos protegidos del Ministerio Público, narró lo que ese día vio. “(Ovidio) Ramírez Ramos le dijo a Fredy Samayoa Tobar (prófugo) que quería comer carne, entonces Samayoa fue y con su cuchillo le cortó un pedazo de costilla a una persona. Manuel Pop Sun —uno de los kaibiles que están siendo juzgados— lo ayudó. Cuando Samayoa le llevó el pedazo de carne a Ramírez, este le dijo que era una broma, entonces Samayoa respondió que la persona estaba mal herida y Ramírez le ordenó matarlo”, narró Ibañez ante el tribunal.
El grotesco episodio es uno de los miles de testimonios sobre lo que sucedió durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996.
La historia que cuenta Ibáñez no es la única que ha arrancado más de algún gesto de horror e incredulidad en las decenas de personas que acuden al juicio contra cuatro ex militares por la masacre de por lo menos 201 personas ocurrida el 6 de diciembre de 1982. Las violaciones de mujeres y la muerte de los niños que lloraban y suplicaban que no los mataran generan el mismo horror que las muertes de los campesinos.
Mucha gente ha esperado 29 años para estar frente a un tribunal y hablar, contar lo que vivieron, contar lo que sufrieron, incluso para llorar por sus muertos. Muchos han esperado para ver de frente a los que acusan de ser los responsables de las muertes de sus familiares, de sus vecinos.
Entre los que esperan está Ramiro. Hoy tiene 33 años y recuerda como ayer cuando a los 6 años vio morir a su papá, a su mamá y a sus seis hermanos. Dice que se quedó solo, que uno de los kaibiles que mató a la gente de su comunidad se lo llevó a vivir con él. Se quedó allí hasta los 18 años, le cambiaron el apellido, pero él se lo cambió de nuevo y con orgullo lleva de nuevo los apellidos de sus padres. Cuando habla aún hay rabia mezclada con tristeza. “Ni todo el oro del mundo me devuelven a mi familia, eso no es lo que quiero, solo quiero justicia”, me explicó.
Tras todas esas historias se vislumbra que a pesar de que han pasado ya 29 años de los macabros hechos, aún hay esperanza de que, aunque tarde, la justicia que buscan algún día pueda llegar.
El caso de Dos Erres es solo una pequeña fracción no solo de las violaciones a los derechos humanos y la crueldad cometida en la guerra, sino una fracción de la gente que debe pagar por esas muertes.
La lista es larga: militares, ex militares, patrulleros civiles, ex policías y ex guerrilleros deben ser juzgados por los crímenes cometidos. Todos, absolutamente todos, los responsables deben de pagar por las muertes, violaciones, desplazamientos y no solo los ejecutores materiales, también aquellos que ordenaron tantas muertes.
