Resulta imposible analizar su candidatura y permanecer impávido, por su discurso, su relación con el presidente Álvaro Colom, su constante rechazo al escrutinio administrativo, político y financiero de los programas cuya ejecución dirige.
El sí de Sandra Torres representa un primer punto de inflexión en el proceso electoral, el inicio de un tortuoso tránsito que obligadamente concluirá en las cortes, específicamente en la de Constitucionalidad, cuyos magistrados determinarán finalmente si ella puede, en efecto, optar a la Presidencia de la República.
Además, la autoproclamación trae consigo una promesa de mayor convulsión y agitación, precisamente porque su candidatura personifica un choque ideológico, por lo menos en el ámbito discursivo. En lo personal, no la percibo ni la concibo como una amenaza para el mundo que me rodea. Me dicen que es eficiente y que con su carácter fuerte logra mover la burocracia tan anquilosa y acomodada. Bien por ella, si esto es cierto.
Pero sí me molesta, incluso me ofende a veces, ese copioso discurso que utiliza la pobreza y las miserias de los menos afortunados, de los abandonados y marginados de este país, para encumbrarse en el hacer político y desde ahí participar de las abundancias y los excesos que genera el ejercicio del poder público. Simplemente, indigna la instrumentalización del dolor y del sufrimiento de los otros, y la explotación del desaliento que ocasionan la falta de oportunidades y la incertidumbre respecto del techo y la comida. Y no es ella la única que se desliza por estos pasillos discursivos. Lo hacen casi todos los aspirantes a cargos de elección popular.
Desde que soy ciudadana y puedo votar —mucho tiempo y muchos candidatos han pasado desde entonces— he escuchado más o menos lo mismo. Y siempre el resultado es el mismo: llegan a poder, se instalan gozosos en el ejercicio del cargo y la pobreza sigue al alza. La precariedad estaría siendo atacada con estrategias integrales si los gobernantes de ahora y de antes realmente se hubiesen comprometido con políticas de Estado que llevaran el bienestar a la población.
Mucho se habla de que el sector empresarial más tradicional del país tiene pesadillas con esta candidatura y que alucina constantemente con el poder de Sandra Torres. Puede ser que un amplio conglomerado empresarial tenga temores e inquietudes.
Independientemente de eso, tengo la convicción de que también hay otros segmentos de población donde la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) desata pasiones negativas, pero por razones diferentes. Hay sectores en los cuales causa indignación que la esposa del presidente se haya empeñado en ser escurridiza, que eluda en forma tan abierta y sin rubor los controles, la fiscalización y, en general, el escrutinio de la opinión pública. A algunos les molesta la ideología y el discurso, a otros indigna la falta de transparencia, el escamoteo de los datos.
Sandra Torres creó su propio mundo, con dinero del Estado. Se convirtió en un auténtico poder paralelo, y ha regido en los programas sociales del Gobierno sin control alguno. Si todo está realmente en orden, me pregunto, por qué ella y sus colaboradores impiden que los diferentes entes de control democrático hagan su trabajo. Si todo estuviera hecho de forma correcta, decente, honesta y eficiente, no tendría que haber problema en que todos tuviésemos acceso a la información sobre las bondades, los alcances y los éxitos de los programas sociales. Quienes sentimos esa desconfianza podríamos, incluso, vernos empujados a respaldar estas actividades, si tan solo tuviéramos la certeza de que no hay nada que encubrir y sí mucho que mejorar, ampliar y profundizar.
Todo o casi todo el carácter convulso de su candidatura radica en la colisión ideológica que encarna, en el uso de las necesidades más sentidas de amplios segmentos de población como plataforma, y por supuesto están también las amplias zonas grises y las profundamente oscuras que caracterizan los programas que están bajo su gobierno.
Para sazonar aún más este asunto controversial, se añade la prohibición constitucional que le impediría a Sandra Torres optar a la Presidencia de la República en el actual proceso electoral. Y esto traslada las tensiones a la ya muy atribulada Corte de Constitucionalidad (CC). De hecho, la integración de esta corte para un nuevo período está muy afectada por la coyuntura electoral, de suerte que muchos están perdiendo de vista que los magistrados serán electos para cinco años y no sólo para resolver algunas polémicas candidaturas presidenciales.
En fin, el tema da para mucho más, pero basta ahora con indicar que la autoproclamación, el sí de Sandra Torres de Colom, constituye un quiebre, un cambio en la coyuntura, pues finalmente la candidatura que hasta hace poco era inmaterial, ahora ya cobró cuerpo y las intenciones han sido establecidas sin dobleces.
Habrá que poner el ojo sobre las contorsiones que habrá de realizar el Gobierno para esclarecer y ordenar varias cosas. Por ejemplo, cuestiones como estas: la candidata del partido oficial es, al mismo tiempo, la esposa del presidente de la República, la personas que hasta ahora y ha fungido como rectora de los programas sociales y ha sido un poder paralelo en este Gobierno. Ella utiliza los vehículos terrestres y aéreos del Estado para movilizarse por el territorio nacional. Sus gastos son cubiertos por la Presidencia de la República, y son agentes de seguridad del Estado quienes cuidan de su vida e integridad personal, de su comodidad y bienestar.
Surge, entonces, la pregunta válida sobre si será posible separar los gastos de la candidata presidencial de los gastos de la esposa del Presidente de la República. Todo indica que evitar estos dobles juegos estuvo en la mente y en el espíritu de los constituyentes al redactar la tan llevada y traída prohibición constitucional, ¿o no?
