La diosa Themis, desde el Olimpo, ha de estar verdaderamente confundida de lo que en su nombre se hace en nuestras terrenales latitudes. Por la mañana se supo de la condena de ocho personas por la muerte de Víctor Rivera. En un país donde el asesinato queda generalmente impune, en especial el de aquellos que tienen alguna vinculación política, es todo un récord de bitácora nacional la condena a prisión, en algunos casos hasta por cuatro décadas. La sentencia llegó tres años después de los hechos. No está nada mal, en comparación con otros casos que tardan hasta 10 años para llegar a sentencia, muchas veces absolutoria. El caso Rivera significa, ante todo, demostrar que el sicariato en Guatemala está a la orden del día. Los ocho condenados son todos integrantes de o relacionados con bandas de asesinos a sueldo. Un análisis más agudo podría exigir que las pesquisas sigan hasta dar con los autores intelectuales. Esos que siempre quedan impunes, para variar.
Pero la confusión de Themis viene acompañada de la nocturnidad. Por la noche, en plena franja horaria de noticieros de cierre, muchos guatemaltecos pudimos observar “en vivo, en directo y a todo color” cómo el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal absolvía a Alfonso Portillo, Manuel Maza Castellanos y Eduardo Arévalo Lacs, por el delito de peculado por el ahora más “supuesto que nunca” desvío de Q120 millones. Los cronistas que nos iban informando de los hechos reportaron que la fiscal general de la Nación salió de la sala de debates al saberse de las absoluciones, completamente indignada e incrédula. Y no es para menos, pues muchos dábamos por sentada una sentencia condenatoria. Por ejemplo, mientras se desarrolló el debate, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) informó después de cada audiencia acerca de las pruebas que se iban produciendo en el proceso penal respectivo y definitivamente. La impresión que se generaba con esos boletines informativos era que las pruebas eran más que contundentes y consistentes en línea de comprobación o demostración de la culpabilidad de los sindicados.
Hay que reconocer que este es el primer paso de varios que aún deben darse judicialmente (apelación y probables amparos posteriores que terminarán en la famosa Corte de Constitucionalidad). Pero es un paso que deja como profunda huella severas dudas sobre la imparcialidad e independencia judicial. Habrá que hacer un análisis mucho más agudo, más detenido. Ante todo, porque la jueza presidenta del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal votó en contra de la mayoría, y por ende, no estaba de acuerdo con la absolución. Habrá que analizar también con mucho detenimiento, y ante todo con objetividad, si el MP, con el acompañamiento de la Cicig, hizo realmente bien su trabajo o no. Sin duda alguna, al menos por ahora, este es el mayor revés que ha sufrido el organismo internacional de investigación penal en Guatemala.
Y es que ciertamente, la Cicig creía —me parece— que con el caso Portillo podía empezar a desmantelar una de las redes criminales a la cual, por medio de sus cabecillas, se le imputaba la determinación de cómo hacer el desfalco.
Este caso pasa, como verdadera brasa, a la Corte de Apelaciones. El trabajo de los magistrados a quienes corresponda revisar todo lo actuado, será fundamentalmente determinar si se valoraron o no correctamente las pruebas producidas durante el debate. Insisto, el voto razonado disidente de la presidente del Tribunal de Sentencia será muy útil para contrastar los análisis y razonamientos vertidos para conocer una de las sentencias absolutorias ahora más famosas de la historia judicial nacional. Y es que es primera vez que, en serio, un expresidente de la República está sentado en el banquillo de los acusados.
En países en donde la ciudadanía guarda un poco más de respeto por las togas de quienes administran justicia y por los salones de debate, en donde debe imperar ante todo el actuar basado en las cuatro virtudes cardinales que Platón y otros grandes filósofos griegos nos declararon eternas (Justicia, Valentía, Moderación y Sabiduría), jamás se mira una algarabía popular, bailes, arengas políticas y porras como las que se pudieron observar al concluir la lectura de la sentencia absolutoria. Era en la práctica una fiesta, que muy seguramente todavía, a la hora que escribo estas líneas, continúa (10 de mayo; 5.30 AM).
Y esa algarabía popular, esos vítores partidistas (en donde uno de los candidatos presidenciales estaba presente en primera línea), me hizo recordar que la impunidad tiene muchas caras, muchas definiciones. No solamente es la clásica definición de “ausencia de castigo”. La impunidad es una realidad histórica que ha marcado profundamente al país y que continúa configurando su presente en muchos ámbitos, no solamente en lo jurídico. La corrupción es uno de los delitos más hirientes, pero menos relevantes socialmente. Pareciera que hay una gran actitud permisiva en nuestra sociedad acerca de este flagelo social. O sea, aunque parezca terrible, la impunidad no solamente es la falta de sanción, sino puede llegarse a erigirse (como en el caso de Guatemala) en toda una cultura y peor aún, en una forma de control social.
Y estoy seguro de que seguirá sonando la música de mariachis en las fiestas que celebren la derrota del MP y del Cicig. Por ahora.
