Cerrar

x
Menú
Facebook Facebook
Buscar
Ayuda
Ixchiguán y Tajumulco: Amapola, memorias y desesperación
Ir

Ixchiguán y Tajumulco: Amapola, memorias y desesperación

El narcotráfico ha jugado un papel importante en la disputa aportando armas de grueso calibre al enfrentamiento
redes sidebar
Tipo de Nota: 
Información

La vida en Ixchiguán y Tajumulco, dos municipios de San Marcos, no es sencilla. Sus vecinos viven en un polvorín que se enciende a cada poco: un conflicto limítrofe que lleva más de 80 años sin resolverse; la disputa por los nacimientos de agua; el narcotráfico que controla la zona; las siembras ilegales de amapola que sus pobladores trabajan para poder subsistir; y la presencia constante de la Policía y el Ejército que llega para erradicarlas. En mayo pasado se declaró Estado de Sitio, y casi un año después la situación para la población no mejora.

En la carretera que conduce de San Marcos a Ixchiguán y Tajumulco se perciben un silencio y frío desolador. La exclusión y la pobreza están presentes, pero no se aprecian a primera vista, sobre todo en el centro de los municipios que cuentan con alguna infraestructura y comercio. Ubicadas a 356 kilómetros de la capital en un viaje de unas siete horas en carro, a estas dos comunidades, que viven en conflicto desde hace 85 años, solo las separa una carretera de asfalto en mal estado, que colinda con uno de los tres destacamentos militares de la zona.

Ese camino suele estar alfombrado en rojo y verde, colores que se repiten por muchos de los campos de siembra de la región. Para la mayoría de la gente de Ixchiguán y Tajumulco, sembrar amapola y marihuana es uno de los medios para hacer frente al hambre y a la pobreza, aunque sea ilegal.

Estas dos comunidades constantemente reciben la visita del Ejército y de fuerzas policiales, que se encargan de erradicar todas sus plantaciones. Pero apenas se marchan, los vecinos vuelven a sembrar, a la espera de que esta vez sus cultivos pasen desapercibidos y puedan venderlos. La historia se repite una y otra vez.

Además de las plantaciones ilícitas, los pobladores viven de la siembra de papa, maíz, repollo, frijol, trigo, cebada y cacao. También comercializan lana, ganado vacuno y equino.  Tajumulco tiene 62,387 habitantes e Ixchiguán 30,631. El 68.5% de la población de San Marcos vive en condiciones de pobreza, y el 15.2% en extrema pobreza, según el último registro del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2011.

Jenner Barrios

Las siembras ilegales no son el mayor problema en la región. Hay otro conflicto, ya añejo, que les quita la paz: los límites territoriales no están definidos y es frecuente que un municipio acuse al otro de usurpar sus tierras. El 5 de mayo de 2017 el conflicto se avivó debido a la construcción de una vivienda particular dentro de un terrero disputado. La situación llegó a las armas, y cuando la policía intentó frenar la violencia, solo consiguieron que 17 agentes fueran retenidos por más de 30 horas. Las autoridades pusieron en marcha un plan de rescate, pero los pobladores de Tajumulco, que se resistían a la intervención, recibieron, desde trincheras y búnkeres, a la PNC y al Ejército con una lluvia de balas. Pese a esto, no se registró ninguna muerte. Fue entonces cuando se decretó Estado de Sitio, el 11 de mayo de 2017.

Ha pasado casi un año desde entonces, pero las disputas entre Ixchiguán y Tajumulco siguen vigentes.

Ayuda a medias

Los vecinos y las autoridades locales creyeron que el propósito del Estado de Sitio era resolver las diputas territoriales entre los comunitarios. Esperaban que al concluir quedarían marcados los límites. A pesar de que la intervención sí logró su cometido: devolver la paz a la zona, los vecinos insisten en calificar las acciones del Gobierno como fallidas.

“El Estado de Sitio hubiera dejado una respuesta positiva, pero no hay ni siquiera una piedra o un poste que diga aquí es de Ixchiguán, para respetar. Es lamentable, nadie ha puesto fin a este conflicto”, se queja Gilberto Chávez, alcalde auxiliar de la aldea Tuichán, en Ixchiguán.

La opinión del alcalde de Ixchiguán, David Ramírez, no es muy distinta de la de los comunitarios: “El Estado de Sitio hubiera sido más exitoso, pero este salió para limitar a los dos municipios. No estableció los límites entre las comunidades, solo vino a erradicar la amapola. Todo quedó como estaba”, dice.

En realidad, un Estado de Sitio, no pude definir límites territoriales, es solo un mecanismo que puede emplear el gobierno para retomar el control en situaciones extremas. Pero a la población nadie le explicó eso.

Jenner Barrios

A pocos días de que finalizara el Estado de Sitio, el presidente Jimmy Morales anunció que se entregaría un bono de Q1,500 al mes y el pago se repetiría durante un semestre. Este iría dirigido a los sembradores de amapola y marihuana como un incentivo para encontrar otras formas de subsistencia y que dejaran la siembra ilegal.

El Ministerio de Desarrollo hizo la entrega simbólica de los cheques en agosto de 2017, pero la transferencia del beneficio no estaba ni cerca de suceder. Algunos comunitarios intentaron cambiar estos cheques en los bancos y se encontraron con que no tenían valor.

A raíz de esto, los alcaldes de Ixchiguán y Tajumulco, aseguran que reciben casi todos los días, desde que se hicieron los ofrecimientos, a uno o más vecinos. Unos molestos por el incumplimiento, otros con la esperanza de que la ayuda llegue pronto.

Antes de ser removido de su cargo en enero pasado, Ennio Galicia, ministro del Mides, alcanzó a explicar que la entrega del bono no podía hacerse de forma inmediata porque no existía un programa específico para justificar el gasto.

¿Por qué no se entregó el bono?

— Acá no se entrega dinero, sino se hacen transferencias a través de un banco, se hacen convenios y se tienen que cumplir los requisitos legales. Ese proceso nos llevó hasta el 28 de diciembre de 2017, cuando se firmó el convenio entre el banco y el Mides.

¿Qué desarrollo social recibirían los beneficiarios?

—La esperanza era que con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y del Mides, las comunidades dedicadas a la siembra de amapola pudieran convertirse en autosostenibles con programas de cultivo y riego.

Para el 10 de enero Galicia todavía sostenía que el beneficio abarcaría a 5 mil familias, 2,500 de cada comunidad, pero la base de datos no estaba completa. “Los alcaldes no han cumplido con el registro de los demás beneficiarios, a llevarlos a las agencias del banco para que dieran todos los datos específicos, no se les puede dar beneficio a quienes no tienen su documentación completa o a quienes no tienen DPI”, explicaba el exministro.

La primera entrega del bono, para la cual el Mides necesitaría Q4.5 millones, se realizaría en la primera quincena de febrero, pero la transferencia no sucedió, según afirmaron vecinos de los municipios.

El MAGA era el encargado de proveer herramientas de trabajo a los pobladores. Los comunitarios de Ixchiguán y Tajumulco confirman que les entregaron sistemas de macroriego, cosechadores de agua, sistemas de riego por goteo e incluso abono, pero la ayuda no llegó a todos los vecinos. A lo que el ministro Mario Méndez Montenegro contesta: “La oportunidad pasó, veremos cómo podremos ayudarlos en un futuro”.

Ese ministerio gastó Q51.3 millones y benefició a 2,820 familias. Algunos se quejan de que no están instalados los proyectos de riego. Méndez se comprometió en marzo pasado a asignar más personal al proyecto para que esté funcionando en dos meses. El Ministerio también debe de buscar nuevos mercados para los agricultores ya que en el de la papa hay más oferta que demanda.

Rumualdo Ramos, vecino de la parte baja de Tajumulco, lleva trece años dedicándose a la siembra de frijol, maíz y café. Admite que durante algún tiempo intentó la siembra de amapola, pero que no le dejó suficiente ganancia así que lo abandonó.  Algunos de sus conocidos en la parte alta del municipio, le cuentan que todavía conservan las siembras de amapola, pero que ya no pueden venderla porque “ya no hay precio” o “ya no hay quién compre”.

“Cuando las autoridades llegan a arrancar la siembra, la gente queda molesta”, dice. Por un lado, quienes alquilan parte de sus tierras para que los sembradores de amapola puedan cosechar su producto, por otro, los productores que se quedan con las manos vacías y con deudas. Algunos de ellos están sembrando verduras, generalmente producidas para el autoconsumo, pero para tener un ingreso extra se saltan un tiempo de comida, explica.

Jenner Barrios

El 26 de febrero de este año la policía volvió para erradicar siembras. Solo el primer día destruyeron 292 campos con un valor de Q230.5 millones. Esta vez, los vecinos de Pajatz, San Marcos, enviaron un mensaje al Gobierno: “Así como ahora que cortaron la siembra les pedimos que nos ayuden, que manden semillas mejoradas e invernaderos, les agradeceríamos. O si no, nos pueden mandar maíz, comida, para nuestros hijos. Nosotros nos metemos a préstamos para sacar esta siembrita porque no tenemos otras alternativas, otras salidas”.

“Sabemos que muchos de los vecinos se siguen dedicando a esto –al cultivo de amapola y marihuana– por el tema económico. Sin embargo, los precios fluctúan. Tuvimos acercamiento de los comunitarios y la necesidad de proyectarse en otros trabajos porque ellos saben el daño que causa a la humanidad ese tipo de ilícitos”, dice Óscar Dávila Mejicanos, viceministro de antinarcóticos del Ministerio de Gobernación (Mingob).

Durante el Estado de Sitio, la PNC capturó a 26 personas, 11 de Tajumulco y 15 de Ixchiguán, por despojo ilegal (usurpación agravada), detención ilegal, rebeldía, allanamientos ilegales y homicidio. Los detenidos están bajo investigación por la Fiscalía contra la Trata de Personas, la Fiscalía Metropolitana, la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Fiscalía contra la Narcoactividad del Ministerio Público (MP).

La Fiscalía de Trata de Personas intervino ambas comunidades al sospechar que hombres, mujeres y niños son explotados por una red para poder recolectar la savia de la amapola. La investigación está en desarrollo.

Una disputa de 85 años

Jenner Barrios

El conflicto limítrofe empezó en 1933, durante el gobierno de Jorge Ubico, con la separación y elevación de Ixchiguán, de aldea de Tajumulco a municipio de San Marcos, acción que Tajumulco todavía se niega a reconocer. La separación se dio sin que se concretara una delimitación y el conflicto se agravó en 2005, con el paso del huracán Stan.

“Después del huracán Stan mucha gente migró de las partes bajas del municipio, que eran los lugares donde hubo mucho peligro, a los terrenos comunales que están entre Ixchiguán y Tajumulco para fundar comunidades en la orilla de la carretera, como Villa Real, Altar Sonora, El Milagro, La Nueva Batalla y algunas otras, entonces fue cuando empezaron las agresiones físicas”, cuenta Augusto Mejía, vecino de Ixchiguán, quien posee una carnicería.

Tanto pobladores de Tajumulco como los de Ixchiguán intentaron zanjar la disputa limítrofe comprando las tierras, adquiriendo “derechos de posesión”, reconocidos únicamente por notarios y los alcaldes de sus comunidades, pero no cuentan con las escrituras legales que les permitan acreditar la propiedad.

Carlos Amir Tucux, director de asesoría jurídica del Segundo Registro de la Propiedad, en Quetzaltenango, indica que, aunque sí existe físicamente la separación de Ixchiguán (nacida de desmembramientos de la finca de Tajumulco), no hay inscripciones de sus tierras. Entonces, Tajumulco permanece como la “finca matriz”. “Metros cuadrados a nombre de Ixchiguán no hay”, dice.

[frasepzp1]

Si los pobladores de Ixchiguán inscribieran sus propiedades ante el Registro General por medio del proceso de “titulación supletoria”, podría darse una “doble inscripción” y solo un juez podría determinar a cuál de las dos partes pertenece por antigüedad, aclara.

A la incertidumbre jurídica de este proceso, se agrega el vínculo que las comunidades mantienen con los cárteles mexicanos desde hace más de 50 años. El narcotráfico ha jugado un papel importante en la disputa aportando armas de grueso calibre al enfrentamiento, para defender las tierras donde los comunitarios mantienen sus sembradíos ilícitos.

Dos fuentes consultadas indican que el conflicto de 1933 inició entre familias y que éste creció hasta transformarse en un problema comunitario.

“Quienes mantienen el conflicto vivo son familias que tienen grado de consanguinidad y ahora son enemigos. Eran de un paraje de Tajumulco, unos decidieron irse a Ixchiguán y otros a Tajumulco. Esto es de sangre. Lastimosamente, se está generando entre 10 familias y el crimen organizado”, dice el diputado de San Marcos por el Movimiento Reformador (MR), Marco Antonio Orozco.

Paolina Albani

“Fueron pocas familias las que apoyaban a candidatos a alcaldes para poder hacer prevalecer sus intereses, eso quedó marcado desde que se definió a Ixchiguán como municipio”, coincide Sergio Flores, comisionado Presidencial para el Diálogo. “Delimitar el área es problema para ellos porque cada familia quiere abarcar más para la siembra”.

Aunque todos hablan de varias familias, nadie se atreve a decir sus apellidos.

Lilián López: agricultora y viuda de una víctima del conflicto

En este conflicto, hasta los que no se involucran salen perdiendo. Lilián López, de 27 años, es una de ellas. Lilián vive en el centro de Tuichán, en Ixchiguán, y su casa está cerca de la cancha comunal. Ella junto a su esposo se dedicaba a la siembra de milpa, en un terreno ubicado cerca del área de conflicto.

Un día de marzo de 2017 su esposo fue asesinado mientras sembraba maíz, tenía 32 años. Una bala perdida lo alcanzó, nadie supo de dónde venía ni quién la había disparado, solo sabían que ya no estaba. Para esas fechas Lilián esperaba a su cuarto hijo, el que su esposo ya no pudo conocer.

“Que hayan matado a mi esposo... es una verdadera tristeza que ya no esté él. Sólo le pido fuerzas a Dios y dejarle en sus manos a esas personas que fueron tan ingratas con él”, dice mientras, sentada junto a su hermano menor, desgranan la mazorca de maíz para venderlo.

Dos de sus hijos, el mayor y la de en medio, la observan. Dentro de su casa color turquesa, construida con remesas familiares, están sus otros dos hijos, uno de seis años y una bebé de tres meses. Uno de ellos tiene capacidades especiales. “Los niños están tristes. Me dicen: mi papí nos hace falta”, ella solamente les contesta que desde el cielo él los está cuidando.

Tierra de todos, tierra de nadie

Jenner Barrios

Una mesa interinstitucional conformada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Registro de Información Catastral (RIC) y el Registro General, creó una propuesta del límite territorial que fue remitida al Congreso en agosto de 2017 (iniciativa 5326). Esta no fue consultada con la población o con las autoridades locales por temor a que se complicara el conflicto y al alzamiento violento de los comunitarios que ya habían amenazado de muerte a los técnicos.

La iniciativa de ley fue conocida por el pleno del Congreso el 30 de octubre del año pasado, y se remitió a la Comisión de Gobernación, presidida por el diputado Napoleón Rojas, del partido UCN, quien explica que no han emitido el dictamen porque el documento iba incompleto y no incluía los mapas.

Aunque el plazo de 45 días para dictaminar la propuesta ya venció, todavía se puede dar una resolución hasta el 14 de enero de 2019, fecha en que concluye la legislatura actual.

En las imágenes de los mapas satelitales de Ixchiguán y Tajumulco, a las que se tuvo acceso, se señalan los más de 40 puntos que dividirían a los dos municipios. En la propuesta, algunos comunitarios de Tajumulco quedarían en terreno de Ixchiguán, y algunos de Ixchiguán en territorio de Tajumulco.

El jefe de catastro del IGN explica que no se habría podido complacer a todos los vecinos con pertenecer al municipio de su agrado, especialmente los que viven en el sur, porque estas casas fueron asentadas de forma desordenada, casi como una “telaraña”, por lo que el territorio tuvo que ser repartido en línea recta.

Los mapas proponen una unión entre las dos islas que conforman a Ixchiguán, con un paraje de 3 kilómetros de largo y 10 metros de ancho. De esa manera, solo este municipio colindaría con Tejutla. Los alcaldes no han visto la propuesta, pero saben desde ya que no será bien recibida por los vecinos.

El alcalde de Tajumulco, Ismael Ramos, asegura que si el Congreso les otorga las 29 caballerías que están registradas como propiedad de su comuna , estarían dispuestos a platicar sobre las 124 caballerías no inscritas. “Eso es lo que Tajumulco le otorgaría a Ixchiguán”, indica.

Esta no es la primera vez que se propone delimitar a los dos municipios. En 2003, el expresidente Alfonso Portillo propuso la iniciativa 2845 y en 2006, el exministro de Gobernación de Oscar Berger, Carlos Vielmann, presentó la 3537, pero nunca se convirtieron en ley.

Según el Comisionado del Diálogo, más que por la falta de acuerdos, el conflicto estaría siendo alimentado por las redes de narcotráfico que quieren mantener el negocio de la amapola.

“Leticia” y “Violeta”

El enfrentamiento es más fuerte cuando se habla de “Leticia” y “Violeta”, los dos nacimientos de agua. El primero tiene un mayor caudal que el segundo. Ambos están dentro del área disputada. Ixchiguán reclama la propiedad de ambos alegando que ellos las adquirieron hace muchos años, pero no se tuvo acceso a las evidencias de compra. En cambio, Tajumulco quiere que el Gobierno reconozca formalmente la propiedad de Violeta para su uso exclusivo.

“No le damos mucha importancia a Leticia porque está lejos y habría que subir el agua con bomba. Violeta tiene dos pulgadas de agua nada más pero está más cerca de la comunidad, pero Tuichán también se apropió de ese nacimiento que usa la comunidad de Villa Real (en Tajumulco)”, relata Oscar Chilel, vecino y miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Tajumulco.

“Sin agua la gente no puede vivir. Media pulgada de agua alcanza para casi 225 familias. Cada cuatro días llega el agua por dos horas”, indica. Así que los pobladores lavan en el río de San Sebastián pese a que está contaminado.

En las mesas de diálogo que instaló el Gobierno, con ayuda de la Comisión Presidencial del Diálogo, se decidió que Violeta quedará bajo uso de Tajumulco, dice el alcalde Ramos, pero el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonso, difiere. “Estamos haciendo un inventario de los usuarios de las cuencas, luego se convocará a todos los usuarios a una nueva mesa de diálogo para definir el uso del recurso hídrico, de manera ordenada y de ser posible equitativa”, comenta.

Alonso todavía desconoce cuándo podrán estar listos los resultados.

Durante el diálogo los comunitarios también solicitaron la instalación de pozos mecánicos para sacar el agua de estos nacimientos, el Gobierno ofreció que el Ejército los construiría, pero “el proyecto se quedó estancado”, refieren los alcaldes.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército fue el designado para construir un pozo mecánico en el terraplén, el 28 de junio del año pasado, pero no se han iniciado los trabajos porque todavía no existe el límite territorial avalado por el Registro General, indica Oscar Pérez, vocero del Ministerio de la Defensa.

Terror en Las Brisas

Al caer la noche estaban alertas, presentían que algo estaba por ocurrir. Fue el 1 de marzo de 2017, cuando los vecinos de la aldea Las Brisas, escucharon ráfagas de disparos, todos corrieron con sus familias, dejaron todo y huyeron del lugar donde nacieron.

Aproximadamente 70 familias, más de 300 personas, se refugiaron por tres meses en un albergue municipal de Tajumulco y solo pudieron regresar a sus hogares con la instalación del Estado de Sitio.

Las Brisas es una de las comunidades disputadas en el Sur del departamento. Por un lado, Tajumulco los considera parte de su jurisdicción y por otro, vecinos de Tuichán, Ixchiguán, aseguran que es su caserío porque allí construyeron escuelas y demás infraestructura, pero sin mostrar evidencias.

Sus habitantes aseguran que son víctimas del “fuego cruzado” pues no forman parte del conflicto, ellos no nutren sus tierras con los nacimientos de agua en disputa, ni se dedican a la siembra de ilícitos.

“Nos sentimos destrozados en el corazón, dejamos nuestros hogares, por ser cristianos, no compramos armas para ser igual que ellos”, dice consternado Eusebio Zacarías Chávez, vecino y pastor de la iglesia protestante de su comunidad.

La PNC no solo retornó a las familias desplazadas, sino que reconectó el agua y luz eléctrica en los hogares. Pero todos ellos regresaron para encontrar sus casas saqueadas y destruidas.

Esta no ha sido la única vez que han tenido que dejar todo atrás. En 2014, algunos habitantes huyeron de sus casas, cuando desconocidos llegaron y los amenazaron. “A mí me alcanzaron, me dispararon en la espalda”, recuerda don Adolfo López, quién se asiló en una casa de Tajumulco con su familia.

El relato lo hace un grupo de 75 personas, entre ellos 10 niños. El frío en Las Brisas es intenso y muestra de ello son las chapas que tiñen las mejillas de los niños, abrigados con suéteres de lana, gorras que cubren sus orejas y sus cabezas.

Durante la intervención, la PNC logró identificar a 26 personas como supuestas responsables del desalojo de los vecinos de Las Brisas y del caserío Nuevo Mirador. Para conocer el avance de estos casos, se contactó a la Fiscalía de Quetzaltenango, quién es la instancia que conoce el proceso, pero no proporcionó información.

Un conflicto a la vuelta de la esquina

Varios comunitarios creen que es cuestión de tiempo para que el conflicto se reactive. “Por el momento todo está tranquilo pero se oyen rumores de que los de Ixchiguán se están preparando para un enfrentamiento más. Cuando se escuchen las balas, como quiera, la gente se tiene que preparar”, argumenta Chilel cuando se le pregunta si adquirirían armas.

A decir de los lugareños, el conflicto también renacería como un síntoma de desesperación de la población que se quedó sin ingresos. Solo algunos de los vecinos han conseguido trabajos que sustituyan el dinero que ganaban con la venta de estos ilícitos, pero no todos corren con la misma suerte.

El Comisario Espinoza dice tener un plan “preventivo” para esta alerta.

Katerin Chumil

¿A quiénes les vendían su producto?, se pregunta a don Julián, un vecino de Tuichán que pide omitir su apellido. “Nosotros no sabemos a quiénes. Siempre -los compradores- venían en diferentes carros, son personas humildes como nosotros. Se bajaban, esperaban a que nosotros les diéramos las flores o la savia, pagaban y se iban. Nunca preguntamos nada”, responde.

“Casi el 75% de los pobladores de Tajumulco se dedicaba a la siembra de amapola”, admite Chilel quien endurece su rostro moreno y su mirada al reconocer que él también era sembrador de esta planta. Insiste en que la venta de amapola solo “genera dinero para subsistir”.

Chilel sembraba media cuerda y cuidaba de ella durante cinco meses, el pago final por su esfuerzo era de entre Q2,500 y Q3 mil. A esta cantidad le resta el pago de los trabajadores, el transporte, la compra de abono, incluso el pago del alquiler del terreno donde estaba la siembra a falta de tierra propia. En resumen, la ganancia es “muy poca”, dice.

La Fiscalía contra la Narcoactividad refiere que los agricultores pueden obtener Q3,800, cada cuatro meses, por cuerda (es decir, un campo de 20.9 metros de largo por 20.9 de ancho). Al año obtendrían unos Q15,800, menos los costos de producción.

Según la investigación, los traficantes de los bulbos de la amapola, en su mayoría, pagan por adelantado las cosechas a los agricultores para estar seguros que no las venderán a otro comprador.

Óscar Chilel comparte apellido con Cornelio Esteban Chilel, alias el “Rey de la Amapola”, pero éste es muy común en el altiplano marquense y no todos son parientes. La Fiscalía contra la Narcoactividad no tiene ningún indicio, denuncia ni investigación que vincule a los Chilel con la red que trafica amapola y marihuana.

Cornelio Chilel fue una pieza clave en la producción de la amapola en San Marcos, la cual era trasegada hacia México. En 2007 fue capturado señalado de cometer asesinato, rebeldía, incendio agravado y usurpación agravada (desalojo ilegal). Un año después de su captura, fue rescatado violentamente por un grupo armado y estuvo prófugo por ocho años.  Fue sentenciado en 2016 a 54 años de cárcel.

En 2015, la Administración para el Control de las Drogas (DEA) identificó a los grupos mexicanos que controlaban el trasiego y comercio de drogas en las fronteras de Guatemala con México, entre ellos: el cártel de Jalisco Nueva Generación, del Golfo, Beltrán-Leyva y Los Zetas. En la zona fronteriza de San Marcos, no existe un grupo dominante de traficantes, así que podría ser cualquiera de estos quien compra el producto.

Hasta ahora, “la paz” y tranquilidad de la que gozan estas dos comunidades pende de un hilo, porque en los terrenos en donde viven no hay certeza de a qué municipio pertenecen, además no tienen asegurado el acceso a agua potable y otros servicios básicos.

Ixchiguán y Tajumulco viven ante un inminente conflicto. En estas tierras nada está definido.

Autor
Edición
Autor
Edición
Plaza en 1 minuto (más o menos)
Si nos conoces pensarás que las síntesis no es nuestro fuerte
pero nos esforzamos por mandarte un resumen semanal. Casi siempre.