La académica Paz y Paz tenía a la historia en contra cuando asumió la jefatura del Ministerio Público. Y en doce meses, 50 semanas laborales, le ha dado un giro a la institución para mostrar un cambio en tres áreas clave: la fiscalía contra el narcotráfico, la fiscalía de derechos humanos contra los crímenes durante el conflicto armado y la fiscalía contra la corrupción.

Para poder darle una magnitud a sus logros, es necesario recordar el punto de partida. Antecedida por fiscales fracasados como Carlos de León en tiempos de Alfonso Portillo y Juan Luis Florido en los de Óscar Berger, fue elegida para concluir el mandato del interino (y aceptable) de Amílcar Velásquez Zárate. Y no fue una elección sencilla. Tras una ley de Comisiones de Postulación que transparentó la forma en que se eligen autoridades del sistema de justicia, hubo un primer proceso en el que se impusieron los poderes de siempre. Álvaro Colom eligió como fiscal a Conrado Reyes y los cambios que hizo en la fiscalía de apoyo a la CICIG provocaron -entre otras cosas- la dimisión de Carlos Castresana a manera de inmolación para provocar que se repitiera el proceso. 

En este segundo proceso de 2010, liderado por el magistrado Carlos Barrientos, y que llevó, entre otras cosas, a que las universidades privadas y estatal -que en su mayoría tuvieron un papel muy cuestionable en el primer intento- cambiaran a sus representantes, el presidente Colom eligió a la académica Claudia Paz y Paz, que venía del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.

La Fiscal se propuso resultados en varias áreas y fiscalías y lo ha logrado en tres. Una es la Fiscalía contra el narcotráfico. Ha conseguido, como ninguno de sus antecesores, la captura de casi todos los mayores capos nacionales, con el apoyo clave de Carlos Menocal, ministro de Gobernación. Ha descabezado a los aliados del Cartel de Sinaloa y ha logrado algunas capturas importantes de socios de los Zetas. Entre las estructuras de narcotráfico que crecieron desde los años ochenta, le quedan pendientes únicamente los aliados del Cartel del Golfo, pero puede comprenderse que ningún Estado ha combatido a todos los cárteles a la vez en América Latina.

La Fiscal ha logrado, como nadie en las últimas tres décadas, avances trascendentales en la Fiscalía de Derechos Humanos y en la justicia para los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno y que continúan vigentes en el país. Más directivos de la Policía Nacional y del Ejército han sido capturados y sentenciados que nunca antes, en lo que cierra uno de los capítulos más densos de la transición democrática. Este trabajo de cambiar el rumbo de la historia se debe a la Fiscal General, pero también a los fiscales, a jueces valientes, a activistas de derechos humanos y al trabajo de documentalistas de instituciones como el Archivo Histórico de la PN o los Archivos de la Paz.

Debe continuarse con esta tarea histórica de poner el fin a la impunidad del pasado, independientemente de su relación con la impunidad del presente. Y debe aprovecharse la ventana de oportunidad que han abierto familiares de víctimas de crímenes de la guerrilla, para acabar también con esa impunidad, con la meta de procurar más justicia y evitar que se convierta en una jugada política para detener los procesos de justicia contra crímenes cometidos por exmilitares. 

Finalmente, la administración de la Fiscal General empieza a dar resultados en la Fiscalía contra la corrupción, y en un caso que involucra a uno de los personajes más poderosos de la administración Colom-Torres, Gloria Torres, intermediaria del financiamiento entre Gobierno Central y municipalidades, por lavado de dinero. Este caso puede interpretarse, para quienes no lo hayan notado, como una muestra de la independencia de Paz y Paz respecto del gobierno de la UNE, partido que hubiera preferido a otro abogado en vez de a ella al frente del MP.

La Fiscal ofreció enfocarse en la atención a la víctima y en reducir la impunidad de los delitos contra la vida. Y falta por desarrollar estudios independientes y estadísticas que muestren si ha habido avances en ambos temas tras su primer año de mandato.

Con estos resultados y la mística que le ha impreso a una institución compleja y poco funcional como el Ministerio Público, el debate debería dejar atrás la disyuntiva sobre si el presidente electo Otto Pérez Molina debería mantenerla hasta que termine su mandato en 2013 y debería enfocarse en que el entonces presidente deberá renovar a la Fiscal General al frente del Ministerio Público hasta 2017 para que sus logros sean irreversibles y Guatemala empiece a dejar de ser el paraíso de la impunidad por uno en el que pueda crecer la esperanza.