Una a una, las mentiras divulgadas en horas posteriores a la tragedia van siendo desmentidas, pero no hay ni una acción judicial que muestre que los verdaderos y directos responsables puedan ser juzgados.
En un reportaje serio y profesional, publicado el 25 de mayo en las páginas interiores de Prensa Libre por el temor de los editores de que el poder público se encrespe contra ellos, Geldi Muñoz Palala evidencia con toda claridad que eso de que «muchas de las niñas estaban en conflicto con la ley» fue una más de las patrañas del jefe del Ejecutivo para justificar su decisión criminal. Las informaciones ofrecidas muestran que, de las 56 niñas retenidas esa noche en cárcel privada, apenas una estaba en conflicto con la ley, es decir, podría haber cometido alguna falta, pero no necesariamente un crimen.
Del resto, 26 estaban allí por rebeldía u otras causas de conflicto familiar. Hijas de su tiempo, estas niñas ansiaban libertad, ser escuchadas, construir su mundo, pero en sus hogares no existían las condiciones mínimas para lograrlo. Madres y padres desesperados, hijos también de esta cultura machista, autoritaria y violenta, no encontraron cómo relacionarse adecuadamente con estas adolescentes y recurrieron al Estado para que los ayudara.
Las acompañaban, entre otras, cuatro jovencitas a quienes se envió para darles protección y abrigo y seis más por abandono, orfandad o agresión sexual. Diez niñas que ya sufrían la agresión de la sociedad vinieron a padecer mucho más abuso y violencia que en su situación previa. De las 56 víctimas, solo una tenía algún vínculo con pandillas, lo que de por sí no es un crimen, y otra más estaba relacionada con algún acto delictivo.
La incapacidad del órgano público de protegerlas era evidente desde meses y años antes, pero la avaricia y el populismo de las más altas autoridades de gobierno impidieron que se las tratase como a seres humanos. Al contrario, el Estado, en representación de todos nosotros (y, en consecuencia, con nuestra complicidad), trató a estas y a todas las demás niñas peor que como se trataría a las más viles y reincidentes delincuentes en épocas remotas: las puso en manos de violentos y sádicos monitores y las condenó así a la agresión y al desprecio diarios. Además, esa noche fatídica, el jefe del Ejecutivo, enterado, autorizó mantenerlas enclaustradas.
Hoy, pasados 90 días de la tragedia, apenas tres chivos expiatorios guardan prisión por un crimen en el que las más altas autoridades del Gobierno y del Ministerio de Gobernación tienen mucha más responsabilidad que la secretaria y el subsecretario de Bienestar Social. El jefe policial reportó al presidente que «todo estaba bajo control y las niñas bajo candado», lo que hace a Jimmy Morales responsable directo no solo del delito de cárcel privada, sino de la muerte de las niñas. Nada, por cierto, han dicho y hecho en su contra los órganos competentes de la persecución criminal del caso. Se trata, evidentemente, de errar en la hipótesis para, pasada la tempestad, conceder a los responsables directos los beneficios de la impunidad.
La mitad de las niñas procedían de departamentos tan diversos como Jutiapa, Chimaltenango o Huehuetenango, lo que, aunado a la pobreza y al desconocimiento legal de sus familiares, hace difícil que se pueda exigir el castigo de los responsables, así como el resarcimiento moral y material adecuado por el incumplimiento de deberes de los entes públicos. Los criminales de cuello blanco, esos que autorizaron el uso de candados, no han sido ni siquiera convocados a ofrecer información sobre el crimen.
La sociedad guatemalteca, en particular las clases medias con capacidad de uso de las redes sociales, se enfurece y moviliza fuertemente cuando de robos y fraudes al erario se refiere, pero apenas si se preocupa ante los hechos de sangre producidos por los gobernantes. Nuestra aberrante vocación al consumo nos ha deshumanizado a tal punto que le damos más valor al dinero que a la vida de 41 niñas.
Más de este autor