La tensión por las elecciones de segundo grado no ha terminado, restan tres que, no por ser menos mediáticas, dejan de ser de importancia capital.
Sin duda, el cambio de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), de magistraturas en la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y el aún peleado cambio de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), han captado mucha de la atención mediática y ciudadana. Cuatro estamentos importantes del poder en Guatemala.
Ahora bien, este 2026 es muy especial porque están coincidiendo la gran mayoría de las denominadas elecciones de segundo grado, por lo menos tres adicionales a los procesos del MP, de la CC, del TSE y de la Usac que ya se han producido o han indicado: la Contraloría General de Cuentas (CGC), el Banco de Guatemala (Banguat), la Superintendencia de Bancos (SIB) y, dentro de esta, la importantísima Intendencia de Verificación Especial (IVE).
En el caso de la CGC, es muy importante la profundidad y amplitud de su mandato constitucional: ejercer la fiscalización del uso de todos los recursos públicos y, también —aunque muchas veces olvidado o marginado—, garantizar la calidad del gasto público. Semejantes responsabilidades exigen que la CGC sea un ente independiente y eminentemente técnico. Más allá de esa visión peyorativa de las auditorías y de los auditores, reducidos a verificar formalismos irrelevantes, como el color de un membrete o el número de firmas y sellos en cantidades irracionales de papeles, la CGC es garante de verificar la probidad de los dignatarios, funcionarios y servidores públicos. También debe garantizar que los bienes y servicios que entregan, así como los resultados que producen todas las entidades del Estado y las entidades no estatales que reciben y ejecutan fondos públicos, cumplan con los debidos estándares de calidad.
En teoría, es correcto que sea el Congreso quien elija al contralor general, atendiendo a su rol fiscalizador del Ejecutivo. Sin embargo, en la realidad, y por desgracia, ello constituye un riesgo mayúsculo debido a los intereses políticos que se agudizan en el año preelectoral.
Sin embargo, partiendo de la muy vergonzosa, pero realista, premisa de que la impunidad es uno de los negocios —ilegítimos— más prósperos y lucrativos de Guatemala, mucho depende de quién asuma la responsabilidad del cargo de contralor general. De ello depende que la CGC cumpla su rol de identificar y sancionar faltas administrativas y denunciar ante el MP los delitos correspondientes. O que, como lamentablemente ha ocurrido en el pasado, la CGC sea la gran facilitadora de la corrupción y el abuso. Molestando a servidores públicos honestos con multas por ridiculeces administrativas, mientras voltea la vista ante actos descarados de corrupción, profundizando la podredumbre en el sector público.
Y, en año electoral, la CGC juega un papel importantísimo, toda vez que es la encargada de emitir las constancias transitorias de inexistencia de reclamación de cargos, coloquialmente llamadas finiquitos. Esto porque, sin ese documento, el TSE puede rechazar candidaturas a cargos de elección popular o, incluso ya electos, pueden producirse problemas para asumir los cargos. En Guatemala ya se han registrado demasiados casos en los que la CGC ha sido cómplice en impedir candidaturas legítimas y de facilitar aquellas que debieron haber sido rechazadas.
Básicamente, el proceso para elegir al nuevo contralor general de cuentas incluye dos fases. La primera es la conformación de una comisión de postulación, presidida por un rector universitario e integrada por decanos y representantes de colegios profesionales, que elabora una lista de seis candidaturas. La segunda es la elección, a cargo del Congreso de la República, con base en las seis candidaturas recibidas de la comisión de postulación.
En teoría, es correcto que sea el Congreso quien elija al contralor general, atendiendo a su rol fiscalizador del Ejecutivo. Sin embargo, en la realidad, y por desgracia, ello constituye un riesgo mayúsculo debido a los intereses políticos que se agudizan en el año preelectoral.
Continuará.
