La güizachecracia

¿Quién no ama el debido proceso? ¿Qué más «democrático» que menos de cincuenta mil personas hagan y deshagan el país según sus deseos? ¿Qué mejor emblema de la política guatemalteca que un abogado?

Vivimos en una güizachecracia¹, con un Estado e instituciones guizachecráticas, hechas por y para aquellos privilegiados que se gradúan de la licenciatura en Derecho. Los últimos cinco meses de elecciones de segundo grado son evidencia de ello, pues han hecho flagrante la falta de participación o incidencia que podemos tener como pueblo, ciudadanía, civiles o tinamit en procesos que determinan de forma profunda el funcionamiento del Estado.

En estos cinco meses se ha revelado, a base de descaros y acciones dramáticas, lo que para la mayoría de la población solía ser una caja negra. De esta revelación ha surgido una duda constante: ¿cómo es esto democrático? Más aún, siempre es bueno volver a preguntarnos: ¿qué es la democracia?

Las elecciones de segundo grado han evidenciado que el poder ejecutivo del Estado no basta y que nuestra participación debería ser intrínseca a la elección de quienes administran los procesos de justicia, las elecciones generales, la única universidad pública del país o la máxima corte de justicia. Hoy es evidente, para muchísima más gente que hace un año, lo complejo y enrevesado que es el funcionamiento del aparato político de la nación, pero, sobre todo, lo excluyente que resulta. Para 2025 había registrados al menos 44 mil abogados y notarios dentro del CANG; eso representa alrededor del 0.25 % de la población del país.

Pero la güizachecracia no opera únicamente a nivel institucional y legal, sino que también forma parte del modelo discursivo y del entendimiento cultural de valores que damos por «naturales» y «reales».

Históricamente, aquellos «expertos» en derecho han gozado de beneficios y acceso a espacios en los que la persona común, o incluso profesionales de otros oficios, no han tenido cabida. La participación política, según vemos ahora, está genuinamente reducida a nivel estructural, permitiéndosenos apenas discutirla y ejercerla cada cuatro tristes años, solo para encontrarnos con más de veinte partidos que, en esencia, son lo mismo.

Pero la güizachecracia no opera únicamente a nivel institucional y legal, sino que también forma parte del modelo discursivo y del entendimiento cultural de valores que damos por «naturales» y «reales». ¿Qué es la ley? ¿Qué es la justicia? ¿Es Guatemala un país justo? El derecho, en esencia, es un sistema de control social, de normación y de socialización hacia esa norma de conducta; normas que luego se oficializan, se institucionalizan y se convierten en leyes. Pero la trampa que se nos ha hecho creer es que existe un solo derecho: uno universal, homogeneizador, al que toda la humanidad debe acercarse; un único derecho que nos modernizará y hará que dejemos de ser salvajes en «vías de desarrollo».

A lo largo de la historia han existido centenares, sino miles, de sistemas de derecho y justicia adaptados a cada contexto cultural. No hay que irse tan lejos: nos encontramos con que, en realidad, Guatemala (o Iximulew) es un país donde, en la praxis, operan distintos sistemas de derecho en un mismo territorio, como ocurre con aquellos de las poblaciones mayas. El pluralismo jurídico es una realidad, incluso en los niveles más pequeños de la organización social, como podrían ser las reglas y normas que operan dentro de un hogar, donde las figuras de autoridad plantean las normas de funcionamiento del espacio, del territorio, de los cuerpos o de aquello que, básicamente, se considera justo.

Lo que trato de argumentar es esto: la abogacía, la justicia y el derecho son fenómenos culturales que no deberían darse por sentados; no deberían pensarse como irreversiblemente naturales. Tal vez tendríamos que abstraernos de ellos, de la idea misma de ellos. El poder de los abogados está en la estructura creada por ellos mismos, sí, pero también en lo que simbolizan y en cómo los entendemos. La resolución de conflictos, los acuerdos y lo que es justo existen más allá de aquello que se entiende como real e inamovible porque, en realidad, resulta que todas estas leyes que tanta seguridad dan a algunos, pero tanto vulneran a otros, son ficticias: son discurso que luego se aplica en la materialidad, sobre nuestros cuerpos, creando una subalternidad para quien no puede interactuar legalmente con la ley.

No estoy diciendo que la ley deba ser rota ni que los acuerdos sociales sean falsos, para nada. Lo que estoy diciendo es que estos pueden ser transformados de forma esencial, porque lo que entendemos como «debido proceso» termina siendo absurdo y un sinsentido cuando no cumple su objetivo principal: democratizar, horizontalizar y luchar para que cada criatura —humano, planta, semilla o microorganismo— pueda gozar del buen vivir.