La inteligencia producto de un proceso metódico es conocimiento útil, anticipatorio y oportuno. Vinculada al poder político, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones y el manejo de crisis. Debe contar con principios y objetivos orientadores de la actividad acordes a un Estado democrático de derecho, así como con mecanismos de control efectivos asociados a la naturaleza y a la particularidad de la función, por lo que debe trabajar siempre en un ambiente de confianza, credibilidad y exigentes criterios metodológicos.
Dicho lo anterior, con la visita del colega y amigo, el doctor Manuel Ugarte, a Guatemala para participar el 31 de julio como principal expositor en la conferencia Los Servicios de Inteligencia en Sociedades Democráticas, es necesario recordar el proceso de transición de la inteligencia de Estado en Guatemala, que comienza con los acuerdos de paz de 1996 y continúa con el proyecto de la política de seguridad para la democracia (Polsede) [1], un esfuerzo multisectorial de diálogo cuyas recomendaciones gozaron y gozan aún de calidad técnica y de legitimidad política.
Nacía el siglo XXI y comenzaba a gestarse una incipiente comunidad de inteligencia a nivel latinoamericano, con la democratización, la profesionalización y la gestión como los temas más estudiados sobre la actividad de inteligencia en la región. En definitiva, era una época de aportes, de debate, de gran incidencia para lograr la efectiva transformación de las legislaciones nacionales, ya arcaicas, inservibles e ilegítimas para la era democrática en cuanto a su aplicación para la función de inteligencia.
Guatemala no escapó de ese contexto de transición y de cambio. A partir del formidable proyecto de la Polsede, uno de los más trascendentes e incluyentes que ha tenido el país, un ejercicio que involucró a todos los actores relacionados con el tema, se comienza a gestar el cambio de paradigma y de las instituciones necesarias para el funcionamiento del sistema de seguridad e inteligencia. La Polsede constituyó la base teórica fundamental con la que luego se elaboró la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad —decreto 18-2008 del Congreso de la República—, que, en mi opinión, creó uno de los sistemas de seguridad e inteligencia más completos de Latinoamérica, aunque su correcta, efectiva y concienzuda aplicación es otro tema pendiente de evaluar luego de 10 años de establecido.
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Dicha ley incorpora en su texto el concepto de la seguridad democrática, en la cual el sujeto que se debe proteger es el individuo y se elimina la nefasta doctrina de la seguridad nacional, por lo menos en el plano teórico. Se pasa de un concepto estatocéntrico a uno antropocéntrico. Por otro lado, se crea un nuevo conjunto de instituciones cuyo elemento de funcionamiento principal es la coordinación. La ley obliga a elaborar los documentos rectores del sistema nacional de seguridad y de inteligencia del Estado, siendo estos la política nacional de seguridad, el plan y la agenda estratégica de seguridad de la nación, la agenda nacional de riesgos y amenazas y el plan nacional de inteligencia. Se establecen los controles democráticos mediante los cuales las instituciones del sistema de seguridad e inteligencia rendirán cuentas.
Tanto el doctor Ugarte como mi persona participamos en los procesos mencionados y, en consecuencia, conocemos de primera mano el espíritu de los documentos elaborados en y para Guatemala. A casi 20 años del proyecto de la Polsede y a 10 de la aprobación de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, es necesario retomar, aplicar y profundizar los conceptos y mecanismos establecidos en los procesos mencionados y, por qué no, pensar en construir nuevos, acordes a los tiempos que corren y a las necesidades de la población.
El ámbito de la inteligencia es un campo de continuo estudio. Temas como la profesionalización del recurso humano, la democratización, los controles de la actividad, la politización de la inteligencia, la influencia de esta en el liderazgo político y el uso de medios intrusivos, por solo mencionar algunos, deben ser estudiados y evaluados más a fondo desde el diálogo propositivo y promoviendo una mejor comprensión del tema por parte de la sociedad.
El diálogo y el consenso son los caminos a seguir, pues una sociedad dividida y enfrentada es incapaz de articular soluciones reales y efectivas. Como expresaba tan sabiamente el documento final de la Polsede, debemos salir de las trincheras, abandonar las esquinas opuestas en las que nuestras propias construcciones ideológicas nos colocaron, reencontrarnos en un terreno común y compartido que es la nación y reconocer y respetar las diferencias que existen en una sociedad.
[1] Flacso, WSP Internacional e Igedep (2002). Hacia una política de seguridad para la democracia 1999-2002. Guatemala: Magna Terra.
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