El viernes 6 de mayo el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió que nueve militares retirados, entre los que se encuentra un exministro de Defensa Nacional, deben enfrentar juicio oral y público por los delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad.
Se les acusa de usar su posición de poder en el Ejército en contra de 195 personas, muchas de las cuales eran población civil no combatiente, que resultaron víctimas de la política estatal contrasubversiva.
En los primeros años de los 80 cientos de hombres y mujeres siguieron la corriente latinoamericana de armar una revolución y luchar contra las dictaduras. Jóvenes y adultos, estudiantes y trabajadores, se unieron a diferentes agrupaciones guerrilleras y en la medida en que crecía el número de seguidores también se incrementó la persecución estatal. El conflicto armado llevó a violencia, pero la política gubernamental se enfocó en exterminar sin tregua. Hechos que ahora se colocan a la luz del sistema judicial.
El Diario Militar, un registro documental que fue obtenido en 1999 por la archivista e investigadora estadounidense Kate Doyle, junto a los testimonios de familiares de desaparecidos y sobrevivientes, así como los registros del Archivo Histórico de la Policía Nacional, se unen para reconstruir la historia de cómo funcionaba la estrategia contrasubversiva.
Kate Doyle: La archivista insaciable.
Policías y militares se coordinaban para montar operativos de control y seguimiento. Capturaron a hombres y mujeres para interrogarlos. Toda la operación funcionaba porque implementaban acciones ilegales como la tortura para lograr sus objetivos.
El Diario Militar muestra las fichas de 183 personas que fueron investigadas y detenidas. Muchos siguen desaparecidos; otros, fueron asesinados y sus cuerpos aparecieron en la vía pública con señales de tortura. Otros sobrevivieron, se exiliaron y ahora se suman a las voces de otros testigos que presentaron su relato ante el juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez.
La campaña de terror involucró actos terribles como la violación a mujeres, en este caso se documenta el caso de una niña de nueve años y el asesinato de una niña de no más de tres años a la que, según registros de la época y testimonios, le quitaron las uñas. Un acto usual de las tácticas de tortura de la época.
Los nueve militares acusados trabajaron para el Ejército, en el Estado Mayor de la Defensa o el Estado Mayor Presidencial, un ente estatal que estaba vinculado al Ejército, pero que respondía directamente a la Presidencia. El Ministerio Público les acusa de participar en una organización alterna, clandestina, dentro de la estructura militar, que generaba inteligencia para montar operaciones ilegales de allanamiento, secuestro y tortura.
Una sentencia para todas las mujeres achí
El caso tardó en llegar a los tribunales de Guatemala. Fueron 38 años de espera, recordó Aura Elena Farfán, fundadora de la Asociación Familiares de Detenidos de Guatemala, hermana de Rubén Amílcar, desaparecido en 1984. «Este es un día especial para los familiares que tenemos día tras día, y caminar y caminar para buscar justicia», dijo en un video difundido en redes sociales.
Fue más fácil pasar por todo el proceso ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que terminó por condenar al Estado de Guatemala por las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas.
El juicio estará a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo A, que preside Iris Yassmin Barrios Aguilar, quien ya ha conocido otros procesos judiciales relacionados al conflicto armado, entre ellos el caso del Genocidio Ixil, el de las mujeres de Sepur Zarco y el de las Mujeres Achí que denunciaron violencia sexual.
Los crímenes del Diario Militar pasan la primera prueba en Tribunales
La Unidad de Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público todavía tiene pendiente imputar los hechos en contra de Eliseo Barrios Soto y Edgar Virgilio De León Cifuentes, que no pudieron continuar en la audiencia porque sus abogados renunciaron el día en que inició el proceso. El juez declaró el abandono del cargo y reportó a los abogados Pablo Manuel Hernández, Otto Breiner Orozco y Carlos Augusto Sandoval ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.
Al cierre de la audiencia, conocida como fase intermedia, el juez Gálvez pidió que continúe la investigación en contra de Toribio Acevedo Martínez, porque varios testigos mencionaron su nombre como integrante del grupo élite del Ejército que realizaba las operaciones de detención y tortura, y que actualmente es abogado y trabaja en la empresa Cementos Progreso.
