En el segundo caso, porque en nuestro país las cosas que dicen los gobernantes son analizadas con desconfianza. Primero, porque en su condición de políticos gozan de un tremendo y fundamentado desprestigio, segundo porque la chambonería es la norma y consecuentemente no son capaces de concretar los ofrecimientos que hacen. Ya sea por una u otra causa sus ofrecimientos son inciertos.
Como agravante tómese en cuenta que aquellas iniciativas que no son del agrado de los poderes fácticos son rápidamente vetadas. Finalmente inclúyase en este caldo de variables en torno de un anuncio político como éste, la vacía oposición de los partidos políticos cuya tendencia es a oponerse a cualquier cosa que proponga el gobierno de turno para erosionar sus posibilidades de reelección.
En todo caso, una medida de esta naturaleza, si es total, implica una suspensión inmediata de las operaciones de exploración y explotación minera en todo el territorio nacional. Durante el plazo de la moratoria habrá que evaluar las implicaciones económicas sociales, ambientales, institucionales y sobre la vida misma, de las actividades mineras en el país.
En este sentido, muy difícilmente una actividad que ha activado la violencia y la fragmentación social y ha conducido directa e indirectamente a la pérdida de vidas humanas, saldrá evaluada positivamente. La lesividad de la actividad, el resarcimiento de las víctimas y la mitigación de daños ambientales, seguramente deberán aflorar de estas evaluaciones.
Es inapelable que la minería es una actividad de alto riesgo y en este momento ocurre y se promueve su ampliación de manera violenta sin que exista una política pública clara y explícita que indique cuál es la razón por la que el país se embarca en una actividad rechazada rotundamente por las comunidades rurales debido a que atenta directamente contra el bienestar de las personas y su entorno. También es inapelable que los impactos que genera esta actividad sólo vienen a agravar las ya grotescas dimensiones y diversidad de problemas ambientales del país. Además del impacto objetivamente medible de la actividad, también hay una dimensión de riesgos de naturaleza diversa, incluido especialmente, la salud y la vida de las personas que habitan los territorios donde tienen lugar las operaciones mineras. Lo que menos necesitamos es pues, más fuentes que induzcan degradación ambiental, riesgos a desastres e incremento de nuestra vulnerabilidad de origen ambiental.
Y también es inapelable que estos riesgos se exacerban porque en el país no existen capacidades institucionales para regular la actividad minera y menos aún para controlar sus impactos ambientales. Hay suficientes elementos entonces, para indicar que una actividad tan perniciosa como ésta no debería tener cobijo en un país que ya está harto de tanta confrontación social, degradación ambiental y saqueo indiscriminado.
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