«El objetivo del Instituto es acompañar a las víctimas, para que no se queden solas en la búsqueda de justicia», Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima

El Instituto de la Víctima no tiene la apariencia de  una institución de gobierno. Si se le juzga por cómo lucen sus instalaciones centrales, bien podría confundirse con un centro corporativo o un spa. La razón de su existencia es brindar acompañamiento gratuito a las víctimas que se enfrentan a un sistema de justicia que muchas veces parece que procura impunidad. 

La institución es un ente autónomo, con independencia funcional y orgánica, y debe representar y dar acompañamiento psicosocial a, por ejemplo, las mujeres violentadas y sus familias. Dar batalla ante un Ministerio Público que desestima de forma ágil los casos que las mujeres reportan o señalar cuando otras entidades de gobierno no atienden las necesidades de población vulnerada en sus derechos. Sin embargo, ahora mismo es un cuerpo sin fuerza, algunas veces ninguneado por los trabajadores de otras instituciones.

La sede central del Instituto se ubica en la zona 10, en el corazón de la zona hotelera, comercial y de entretenimiento al que se le llama «zona viva» en la capital. No está cerca de los hospitales, de alguna sede policial o del Ministerio Público. Sus vecinos son una tienda de departamentos que vende productos importados y un café, disco bar. Al entrar a la dependencia gubernamental salta a la vista el diseño de sus muebles modernos en tonos blancos, gris, azul verdoso y mostaza, así como la música instrumental que suelen usar los centros que ofrecen masajes y tratamientos corporales.

El edificio es un símbolo. Fue objeto de denuncia contra Alejandra Carrillo, la anterior directora, por sospechas de sobrevaloración y soborno. Un caso que no prosperó en el Ministerio Público.

El arriendo de la moderna instalación cuesta a la población 1.3 millones de quetzales anuales. Eso es alrededor de 113,000 quetzales mensuales. Es un edificio bonito, pero no tiene elevador, ni estacionamiento. Cuenta con pequeñas oficinas para atender a las víctimas, apenas una clínica para consultas y el área de juegos para los niños se ubica en la azotea.

Atender el problema que ocasiona el costo y la ubicación del edificio no es el mayor de los problemas para la nueva directora, Ligia Hernández. La abogada, especializada en derechos humanos y exdiputada del partido Semilla, ya ha ordenado la búsqueda de una nueva ubicación, pero este cambió tendrá que ocurrir en 2025. 

El reto capital es hacer que el personal que heredó de la administración anterior y que obtuvo esos puestos bajo sospecha de  tráfico de influencias, trabaje bajo nuevos lineamientos. La institución es poco conocida por la población, pero antes de iniciar una campaña de comunicación para presentarla, Hernández tiene que hacer llegar el servicio a todos los departamentos, porque actualmente solo tienen cinco sedes.

Necesita presupuesto para contratar más personal legal, psicológico,  de atención social y médico, y, todo ello, con pertinencia cultural. Ahora mismo, el Instituto no cuenta con suficiente personal que domine los idiomas mayas. Tienen 20 subsedes, pero en algunas apenas hay un procurador legal, cuando el objetivo es brindar atención integral (medicina, psicología y acompañamiento legal) a las víctimas.

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Ligia Hernández se sienta, incómoda, en una silla negra frente al escritorio de vidrio en donde trabaja desde inicios de febrero. Su oficina es moderna, con muebles de diseño, coloridos. «Esa orquídea yo la traje», dice, para explicar qué es lo único que ha aportado a la instalación en donde ha tenido que librar importantes batallas. 

—¿Alejandra Carrillo le entregó el cargo? 

—Ella no entregó el cargo, de hecho, en las actas se hizo constar el abandono de cargo de ella y de la Secretaria General. Los procesos de transición toman de 20 minutos a media hora, porque la gente se prepara. Aquí nos llevó muchas horas, con mucha tensión. Cuando yo ya había tomado posesión, tuve que convocar a los directores que todavía estaban en funciones para presentarme, decirles que el cambio era inminente y que estábamos aquí para trabajar. Ella (Alejandra Carrillo) se encontraba acá (en la sala de espera) con sus abogados y hubo personal que dijo que la Corte de Constitucionalidad no había notificado. 

(El periodo legal de Carrillo terminó el 20 de diciembre, pero ella extendió su cargo gracias a que un juzgado civil le otorgó un amparo. El expresidente Alejandro Giammattei, todavía en funciones, no la pudo remover para hacer el nuevo nombramiento debido a esa acción legal. La Corte de Constitucionalidad revocó el amparo y el presidente Bernardo Arévalo hizo el nombramiento el 1 de febrero. El Congreso reformó la ley en 2019 para que el presidente pueda nombrar a la directora o director, el cual solo puede ser destituido luego de sentencia firme). 

—¿Qué ofrece este cargo, como para que una persona quiera extender su periodo por vías legales, como lo hizo Alejandra Carrillo?

—Por ley, la institución tiene participación en bastantes instancias. En el Consejo del Inacif (Instituto Nacional de Ciencias Forenses), en la Conabed (Consejo Nacional de Bienes en Extinción de Dominio), en el Consejo Directivo de acá y también en la Instancia Coordinadora de Modernización al Sistema de Justicia. Ellos (los diputados) le dieron un perfil bastante alto. El Procurador de los Derechos Humanos no tiene todos esos espacios que, finalmente, tienen incidencia a nivel del sistema de justicia.

—¿Cómo puede incidir el Instituto en esos espacios?

—Tenemos participación directa en estas mesas con la Fiscal General, con el presidente del Organismo Judicial, con el Ministro de Gobernación y podemos hacer propuestas. 

—El Instituto era una institución aislada de la sociedad.

—Sí, era una institución aislada, con actividades muy a lo interno, pero muy poco conocidas hacia afuera. Eso tiene que cambiar. La institución tiene que abrirse. De hecho, no hay entrevistas en los medios de comunicación con la anterior directora (a los periodistas del diario La Hora los denunció y bajo la Ley de Femicidio consiguió medidas de seguridad y alejamiento que impidieron que el medio fiscalizara a la institución. Mayra Alejandra Carrillo también fue incluida en la lista de personas señaladas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como actora que contribuyó a la corrupción en la nominación de magistrados del sistema de justicia). 

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—¿Qué hallazgos ha identificado en este mes, desde que asumió el cargo? 

—Hemos identificado que algunos trabajadores vienen de un desorden administrativo, derivado de que no había una conducción diaria (Hernández explicó que tiene reportes de que la directora no llegaba a trabajar todos los días y que atendía varios temas en su casa). Hemos identificado que hay muchos trabajadores que están realizando actividades que no constan en sus contratos. Muchas de las actividades se realizan porque alguien en su momento lo ordenó de manera verbal, entonces estamos corrigiendo eso. También tenemos que el 90% de los 55 millones de quetzales de presupuesto se van en pago de honorarios y arrendamiento. En este momento, hay 250 trabajadores. Entonces, queda muy poco para la ejecución. Nos encontramos con, por ejemplo, un contrato de arrendamiento de este edificio por 1,300,000 quetzales. 

—¿Esa suma es el precio anual? 

—Sí, de hecho, el contrato vence en diciembre. Los pagos de las sedes departamentales también están ya hechos. 

—Hablemos de la imagen que proyecta el Instituto. El edificio es bonito, pero no tiene la apariencia de una institución pública.  

—Sí y de igual manera están todas las sedes. No está del todo mal, pero para una institución que atiende a víctimas debería tener otro sentido. Desde los colores, las sillas en la recepción. Yo he estado con mis hijos en la sala de espera de un médico y ellos se recuestan en mis piernas pero, con unas sillas tan modernas como las que tenemos afuera es imposible que un niño se pueda recostar en el regazo de su mamá. Definitivamente, ese no es un tema que hemos dejado de lado y ya estamos en una evaluación de las modificaciones que podríamos implementar durante el resto del año. Es una institución con espacios que, aunque son bonitos, no atienden a los criterios que deben seguir para la atención a las víctimas. Las áreas de trabajo están muy divididas. El área legal con el de atención victimológica están independientes cuando debieran tener un trabajo coordinado.

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—El edificio es simbólico, de hecho, una de las primeras denuncias que se le presentan a la exdirectora Alejandra Carrillo es por la sospecha de la sobrevaloración del arriendo y una contratación anómala. ¿Tiene intenciones de contratar otra instalación? 

—Ya estamos pensando en el cambio de las instalaciones hacia otro lugar que tenga un precio real y no sobrevalorado. Hemos hecho comparaciones con otras instituciones en donde se paga menos y son edificios más grandes, con sótanos (para parqueo). Ya hemos girado las instrucciones para que podamos encontrar un lugar que sea más viable, no sólo financieramente, sino también más accesible, porque no está cerca del hospital, del Maimi (Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia), ni del Ministerio Público o Tribunales. 

De hecho, el traslado de los abogados es complicado desde una zona como esta, más empresarial, hotelera, que no está cerca de las demás instituciones de justicia. Ya tenemos a nuestra administradora trabajando en propuestas, pero no solo con el tema del edificio, sino también con proveedores, porque siempre eligen a los mismos y necesitamos tener eventos más transparentes y en los que puedan participar más personas. 

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—¿En qué tipo de eventos quedaban siempre los mismos proveedores? 

—Gasolina, toner, licencias para Windows y cosas de software, servicios para carros, la compra de café, etcétera. 

—Pero, ¿hay anomalías en las adquisiciones? 

—Cuando te vas a la revisión de los expedientes, todos están completos, pero resulta que ganan los mismos. Necesitamos aportar transparencia a los procesos, porque esta es una institución bastante señalada. Recordemos que los cinco directores anteriores pasaron por un proceso de investigación que, en este momento, el Ministerio Público está cerrando. (El exfiscal Eduardo Pantaléon, quien estuvo a cargo de las primeras investigaciones por el arriendo del edificio y la sospecha de más de 100 plazas contratadas de forma anómala, fue trasladado de fiscalía para evitar que siguiera con las pesquisas. Antes de dejar el cargo, en 2021, presentó una denuncia contra Carrillo por el uso de recursos públicos para contratar abogados que atendieran sus asuntos personales, pero el MP desestimó el caso). Los directores y directoras están en ese ejercicio de revisión y denunciaremos cualquier cuestión que no se encuentre apegada a la ley. 

—¿Qué otras anomalías le dejaron las anteriores autoridades?

—En los últimos días de enero, contrataron aproximadamente a 30 trabajadores. También hemos identificado que los trabajadores tenían temor de hablar. Un pequeño grupo, alrededor de las directoras, prácticamente tenía la conducción total de la institución. A partir del acercamiento con los trabajadores, hemos identificado algunas necesidades, como que no hay lugares para que los abogados que hacen turno descansen y la necesidad de mejores condiciones para las trabajadoras sociales y  los psicólogos. El acercamiento a las sedes departamentales nos ha hecho identificar que hay una necesidad muy grande de acercar el servicio del Instituto de la Víctima a los departamentos. 

—¿Cuál es la situación en los departamentos? 

—Por ejemplo, la sede regional de Quetzaltenango atiende ese departamento y cinco más con 11 abogados y, uno de ellos, va todos los días a Huehuetenango. En un país con altos índices de violencia y con la violencia hacia las mujeres como el delito más denunciado, esta es una institución que ofrece un servicio bastante importante. Nuestro objetivo será mejorarlo y hacerlo llegar a toda la población, porque también nos hemos dado cuenta de que los servicios que presta el Instituto de la Víctima no son conocidos. Solo vemos esta sede y cuánto cuesta llegar y lo mismo a nivel departamental. Les daba el ejemplo de Quetzaltenango, pero lo mismo sucede en Alta Verapaz, con muy pocos abogados para muchísimos casos. 

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—¿Cuántos casos tienen? 

—Estamos hablando aproximadamente de más de 60,000 casos y la mayoría de estos son de violencia en contra de la mujer.  Apenas tenemos 61 abogados a nivel nacional para atender a estas cinco sedes. Ingresan más de 40 denuncias al día, hay 17,000 expedientes abiertos en trabajo social y hay únicamente 24 trabajadores sociales. Entonces, si lo divides, son números muy grandes (de casos) para cada trabajador. Hay 2,800 expedientes de psicología que deben atender 33 psicólogos y más de mil expedientes de atención médica abiertos para seis médicos y la mayoría son psiquiatras. (Los primeros casos que atendió el Instituto de la Víctima fueron derivados del Instituto de la Defensa Pública Penal, el servicio legal gratuito para personas que enfrentan cargos penales y  no pueden costear su defensa). 

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—El Instituto fue impulsado por organizaciones de la sociedad civil al constatar la soledad de las víctimas ante el sistema de justicia, algo que no podía atender ni el Instituto de la Defensa Pública Penal ni el Ministerio Público. ¿Qué logros se pueden resaltar de esta primera fase del Instituto, que inició en 2020 y condujo Carrillo?

—Creo que se hizo la parte sustantiva, del abordaje legal y victimológico, donde intervienen psicólogas, trabajadoras sociales, incluso psiquiatras y personal médico. Sí se atendieron casos, la pandemia pudo limitar un poco el acceso de la gente hacia los servicios del Instituto, pero sí se empezó a trabajar. Lo que no se puede dejar de mencionar es que no hay equilibrio entre personal administrativo y el que trabaja los casos. 

 —¿Cómo se justifica tanto personal administrativo?

—La Dirección General tiene demasiados departamentos y unidades. La Dirección de Asistencia Legal tiene dos departamentos, el Área de Victimología tiene tres. Hemos identificado que, por ejemplo, una unidad no funciona. O sea, existe en el papel, pero no tiene a nadie asignado. La Dirección Financiera tiene departamentos, pero no tiene unidades. Debería tenerlas porque así funciona en otras instituciones. La Dirección Administrativa tiene departamentos que deberían pasar a la parte financiera y la Dirección de Recursos Humanos también tiene departamentos cuyas unidades no están en funcionamiento.  Hay que desconcentrar la cabeza y hacer esa readecuación para hacer al Instituto funcional.

Para hacer la reorganización administrativa de la que habla, ¿necesita la aprobación del Consejo del Instituto de la Víctima?

(El Consejo está integrado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Ministro de Gobernación,  la Fiscal General, el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Procurador General de la Nación, la Defensoría de la Mujer Indígena y la Directora del Instituto de la Víctima).

Es algo que podemos decidir nosotros, pero sin duda lo someteremos también al Consejo. Estamos en la anuencia de trabajar de manera transparente y, sobre todo, responsable. Ante un cambio que es positivo y factible, yo creo que no debe de haber ningún tipo de oposición. También hemos tenido acercamiento de algunos diputados de la bancada (Semilla), que nos apoyarán en cualquier necesidad que tengamos. 

—¿Por ejemplo? 

—Hemos identificado la necesidad de una ampliación presupuestaria para hacer las contrataciones que necesitamos y que los casos no se queden tirados. Hemos tenido conversaciones con diputadas que nos hablan de la necesidad de acercar el servicio a, por ejemplo, algunas zonas de la ciudad de Guatemala en donde no se sabe que existe el Instituto de la Víctima. Para eso, necesitamos tener casi que el doble de presupuesto y generar una campaña de concientización. Lo que nos favorece es que tenemos bastante respaldo, mucha confianza de la cooperación, de las organizaciones (de sociedad civil). Vamos a firmar cartas de entendimiento para poder hacer proyectos, por ejemplo, el Instituto de la Víctima no tiene un albergue y hay que hacer el traslado de las víctimas hacia las organizaciones que sí tienen.

—Cuéntenos de los salarios del personal

—Ya empezamos a realizar una revisión, porque hay personas en contrato 022 (contratación anual, con prestaciones) que tienen salarios sumamente elevados y contratos 029 (contratos de servicios técnicos y profesionales, temporales) que se encuentran realizando funciones que no deberían, de acuerdo a sus términos de referencia. Por ejemplo, los abogados y los psicólogos de planta están divididos en (clasificación) uno, dos y tres, dependiendo de su experiencia, pero ganan desde 5,000 quetzales hasta 12.000. Y si son el corazón del Instituto y los que hacen el trabajo más fuerte, deberían de tener mejores salarios.

(El Instituto de la Víctima tiene empleados en el renglón 011, 022 y 029. La Secretaria General, Ana Lucía González Solís de Palomo tenía el segundo salario más elevado, casi 32,000 quetzales mensuales. Ella dejó el cargo previo a la llegada de Hernández, por ser personal de confianza y libre remoción. Los directores tienen salarios de casi 30,000 quetzales y los jefes 21,000. Los integrantes del Consejo reciben dietas de 1,500 quetzales por cada sesión).  

—¿Cuál es su salario?

—Son 38,000 quetzales de base. Puede que esté bien en comparación con los demás salarios que existen en todas las instituciones, sin embargo, a eso se le suman gastos de representación y dietas. Entonces, eso hace que el salario suba a casi 51,000 quetzales. Eso está en revisión para poderlo equilibrar y que sea un salario justo. También estamos analizando el salario de los puestos de las direcciones que, en la anterior administración, tenían bonos personales. Eso quedó sin efecto.

—¿Significa que se bajará el salario?

—Sí, de hecho, si no son necesarios los gastos de representación, no se utilizarán. Yo vengo del Congreso, en donde (como bancada) renunciamos a un montón de privilegios y no tenemos ningún reparo en renunciar a los privilegios que acá han tenido. 

—En entrevista al diario La Hora usted comentó que crearon un sindicato previo a su llegada. ¿Cómo hacer estos cambios cuando se tiene a un sindicato en oposición a la nueva directora?

—En este momento hay resistencia a los cambios que se tienen que realizar, pero estamos amparados en la ley. Hasta el momento, no hemos sido notificados legalmente de la formación del sindicato. Sabemos que están en ese ejercicio, que es su derecho y así lo hemos dicho, porque ellos nos informaron. Respetamos el derecho a la organización, pero lo que nos llama la atención es que haya ocurrido días antes del cambio de dirección. Comprendemos que haya temor a la pérdida de los privilegios, pero estamos amparados en la ley para hacer esas modificaciones.

—¿Todavía están en la planilla familiares y contactos de jueces, diputados y otros funcionarios de estado?

—Hemos encontrado que sí hay varias plazas que se encuentran apadrinadas por muchos personajes, tanto de la política y otros.

—¿Pasaron por los procesos normales de contratación?

—Estamos en esa revisión y quien no haya pasado por esos procesos deben saber que tomaremos las decisiones que en ley nos corresponde.

—Luego de evaluar la situación en que se encontraba la institución, ¿es correcto decir que estaba dentro del sistema de cooptación del Estado?

Creo que debido a los poderes que rodeaban la dirección, se puede decir que era una institución cooptada. Pero también es importante decir que prestaba un servicio que puede mejorar, que va a mejorar y que puede ampliarse en su campo de actuación.

—¿Es posible sanear la institución?

—Es posible sanearla, por supuesto que sí.  Quien se vaya a quedar o se tenga que quedar (a trabajar) tendrá que hacerlo asumiendo las nuevas directrices, sobre todo, trabajando de manera transparente. 

—Además de estos cambios administrativos, usted hablaba de la necesidad de ampliar la cobertura. ¿Ese es su plan para la institución?

—Sí, acercar el servicio a la población, abrir más sedes y cubrir los departamentos en donde se concentran los  índices más altos de violencia. Por ejemplo, en Alta Verapaz hay una sede en Cobán y una subsede en Carchá (que no tiene abogada fija), pero hay mucha más necesidad de servicio en la Franja Transversal del Norte, en el área que conecta con Ixcán, Quiché, y ahí no hay una oficina. En Petén hay una subsede que funciona en Santa Elena, al centro, pero los municipios con más altos índices de violencia están al sur. 

También queremos generar una aplicación (software) para alertar en casos de violencia, hacer consultas con una psicóloga o cancelar las citas. También hemos pensado en los botones de pánico en las zonas con más altos índices de violencia. Hay que ver cómo se coordina con otras instituciones para que esa opción sea efectiva y no un riesgo para la víctima. En estas cuatro semanas, si bien se nos ha ido el tiempo en el tema administrativo, también hemos abordado de manera directa las gestiones de cooperación con otras instituciones. 

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—¿Con qué instituciones?

—Firmamos una carta de compromiso con la SVET (Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas), en un esfuerzo de la vicepresidencia, para trabajar esos casos. La Directora Jurídica nos decía que en el Instituto hay entre dos y tres expedientes por trata de personas. Pero no es porque no haya trata, es porque los casos no vienen acá. También queremos hacer incidencia en los procesos por violencia sexual en Alta Verapaz, tenemos 23 expedientes de víctimas identificadas durante el último semestre. En coordinación con la Comisión Presidencial Por la Paz y los Derechos Humanos (Copade) recibimos varios casos a los que daremos acompañamiento, como el del Hogar Seguro (por la muerte de 41 adolescentes en el incendio en el hogar estatal), Sepur Zarco (de un grupo de mujeres de la tercera edad que sufrieron violencia sexual en su juventud en un destacamento militar) y el del asesinato de la joven María Isabel Véliz Franco (todos estos cuentan con sentencias locales o internacionales por graves violaciones a los derechos humanos).

En una reunión que tuve hace algunas semanas con una diputada, me alertaba sobre los altos índices de violencia en contra de la mujer en la zona 21 y comentaba que  allá las mujeres no saben que existe el Instituto de la Víctima. Si en la ciudad no saben que existe, ya se imaginarán en el resto del país.

—¿Qué se puede hacer por las víctimas en la ciudad?

—Estamos pensando en tener una unidad móvil, como plan piloto, no solo en zona 21, sino también en las demás zonas. Con la carencia de buses que hay en Mixco o Villa Hermosa hacia la ciudad de Guatemala, hay necesidad de acercarnos. Ojalá podamos ampliar este plan a 10 o 12 departamentos. 

—Pero, esto significa más carga laboral para el poco personal que tienen. ¿Cómo lo resolverán?

—Estamos trabajando de la mano de la cooperación, buscando los respaldos financieros para ampliar nuestro servicio y mejorar la calidad. Porque necesitamos más personal, pero también que esté capacitado, que hable el idioma maya de cada localidad.

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—¿Qué aporte puede dar el Instituto de la Víctima a las mujeres violentadas y  que no pueden o no se atreven a denunciar por miedo y falta de confianza en el sistema de justicia? 

—La violencia contra las mujeres nos ha acompañado durante las últimas décadas con más fuerza y es contradictorio porque ya tenemos una institucionalidad fortalecida, pero el tema de la denuncia todavía está rezagado. Los casos se tardan demasiado tiempo en el sistema de justicia, hasta diez años. Entonces, como Instituto de la Víctima, lo que podemos hacer es ofrecer los servicios y abrir las puertas para que las mujeres puedan sentirse en confianza, acompañadas en su proceso de denuncia. También hemos identificado que el hecho de que el Ministerio Público archive las denuncias ha impactado. Las mujeres desisten de denunciar. Así que nos toca trabajar bastante en fortalecer la cultura de la denuncia. 

Nosotros podemos aportar en esa parte, pero también ofrecer el acompañamiento legal, sin despegarnos del acompañamiento psicosocial. El Instituto tiene un personal médico que puede atenderlas, que pueda acompañarlas y por eso es importante que se sepa que nuestro servicio funciona. A las víctimas les digo que queremos justicia integral para ellas. Ese es el compromiso que asumimos y no solo de palabra. Es muy difícil que una persona pueda transitar un proceso de justicia, pero si ese proceso está acompañado con un abordaje psicológico, incluso médico y psiquiátrico, pues podemos estarle devolviendo la sociedad a personas sanadas, con un plan de vida, con una proyección hacia el futuro y no personas que queden con esa herida abierta. 

—¿Podría enviarle un mensaje a las mujeres?

—Le hago un llamado a todas las mujeres para que se atrevan a denunciar, que sepan que no están solas, que hay una institución que puede apoyarlas y respaldarlas. También hay una serie de organizaciones que son aliadas, muchas son sobrevivientes de violencia física, violencia sexual y otros tipos de violencia, que pueden acompañarlas en el proceso. Yo creo que Guatemala en este momento está transitando por un estadio donde hay una organización de mujeres muy fuerte. Ahora vemos a niñas muy pequeñas que saben y exigen sus derechos, pero todavía nos falta. No hay que parar, sino ir hacia adelante y lograr que todas las instituciones del sistema de justicia puedan responder a las víctimas. Para todo eso, necesitamos una coordinación que bien nos puede llevar un par de años más, pero estamos con toda la intención de lograrlo. 

—En el país tenemos estadísticas terribles en cuanto a las niñas que son víctimas de violencia sexual y quedan sometidas a embarazos forzosos. ¿Cómo podría aportar el Instituto de la Víctima a todas esas niñas que viven en un estado de violencia permanente, porque ni siquiera el Ministerio de Gobernación coloca a los violadores en la lista de los más buscados?

—Durante la legislatura recién pasada, estuvimos trabajando este tema y he de decir que hay una debilidad en el abordaje, no sólo de Gobernación, sino también del Ministerio Público, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social. También hay una debilidad legal, porque los jueces pueden dar medida sustitutiva a los señalados de agresión sexual. Presentamos una propuesta de ley, que denominamos Ley Angelina, para modificar el Código Penal y evitar que un agresor tenga medida sustitutiva. 

Por supuesto que le vamos a dar seguimiento al tema, realizando propuestas de modificación a los acuerdos ministeriales que protegen a los agresores, haciendo una propuesta de modificación al reglamento del programa Vida (del Mides, que da un aporte económico mínimo a un reducido número de sobrevivientes de violación), y con el Ministerio de Gobernación. La Policía tiene una cantidad impresionante de órdenes de captura por ejecutar, pero es más grave cuando no se atiende el caso de las niñas. El objetivo de esta institución es  acompañar los casos para que las víctimas no se queden solas en la búsqueda de justicia. 

—En la administración que concluyó no vimos ningún pronunciamiento sobre la mala atención hacia las víctimas por parte de otras entidades del sector justicia. ¿Podemos esperar que en su administración sí evidenciarán esas fallas?

—A partir de las giras que hemos realizado por las sedes y subsedes estamos preparando un informe en donde señalamos todas las debilidades que nos han reportado. Mucho tiene que ver con esta debilidad estructural en el tema de justicia. 

—¿Qué tipo de problemas identificaron?

—Hay reportes del archivo de casos, pero también que las abogadas no se sienten respetadas al representar a las víctimas. También  que la PNC todavía no articula con ellas. Sabíamos que estas debilidades existían, pero las vamos a poner sobre la mesa y, con los datos en la mano, vamos a pedir (los cambios). Porque, con ese rezago en las instituciones, no vamos a poder acompañar a las víctimas. 

—Guatemala es un país en donde se vulneran muchos derechos. Habiendo tantas víctimas en todos los ámbitos y teniendo una institución que no puede acompañarlas a todas, ¿a cuáles van a priorizar?

—Ahora nos estamos focalizando en las violencia de género, porque son las que entran en mayor cantidad al Instituto, y esto coincide con los índices de violencia que reportan el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación. Esto no quiere decir que vamos a desatender los demás casos de violencia. 

—Cuando una víctima llega a ustedes, ¿hacen coordinaciones para que otras problemáticas que atraviesa sean atendidas por otros organismos de gobierno? 

—No, eso todavía no se ha hecho, pero debe de hacerse, especialmente con el Ministerio de Salud, la Procuraduría de la Niñez y el Mides.