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¿Y dónde están los espías?

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Tipo de Nota: 
Opinión
24 08 18

Read time: 4 mins

Cuando los espías se van de compras, se gastan la plata como si fuera propia.

Una serie de reportajes publicados entre el 6 y el 10 de agosto por el matutino impreso Nuestro Diario dan cuenta de un masivo espionaje realizado por el Gobierno. De acuerdo con las investigaciones de Luis Ángel Sas y Coralia Orantes, el gobierno de Otto Pérez Molina adquirió en dos años equipo y programas de cómputo por un monto de 90 millones de quetzales (12 millones de dólares estadounidenses) para vigilar a la oposición social. Un valor proporcional al número de habitantes arrojaría el gasto de Q5.97 per cápita. Pero, como la tarea está centrada en un número específico de objetivos, si lo acotamos a un millar, entonces resulta que se gastaron Q90,000 por cada persona espiada.

De acuerdo con las investigaciones, esa maquinaria de espías se puso completamente a prueba durante las movilizaciones de abril de 2015, cuando, «mientras los ciudadanos salían a manifestar por la corrupción del Gobierno, los equipos se usaron para darles seguimiento» (Nuestro Diario, 6 de agosto de 2018, página 3). De eso no hay duda porque, como se recordará, un bus con un grupo de manifestantes que llegaron de San Juan Sacatepéquez, al volver, estuvo varias horas bajo retención policial. Se argumentaba que en el vehículo se trasladaban personas con órdenes de captura que habían sido identificadas en la concentración. Luego se supo que había sido mediante el uso de cámaras instaladas por el Mingob como se había hecho el reconocimiento facial.

Pero, además de dichos dispositivos no incluidos en el reportaje, el dinero fue usado para comprar programas tales como Circles (intercepción de llamadas, tráfico de Internet, desencriptación, etcétera), Cipher 360 (procesamiento de información de páginas web y de redes sociales, entre otros), Conceptus (infiltración en redes sociales y construcción de bases de datos con la información), Pegasus (extracción de información de llamadas, mensajes y redes sociales, y uso del micrófono y de la cámara para espiar) y Avatar (también sustracción de información de redes), entre otros.

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En las notas de Luis Ángel y Coralia se asienta que los espías del Gobierno adquirieron maletines (comprados a la Industria Militar) para vigilancia telefónica. También se informa que se instalaron puestos de espionaje en vehículos que simulaban ser vendedores de helados. Según indica la información publicada, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) allanó las instalaciones de la Digici y otras unidades de inteligencia en noviembre de 2015, los equipos habían sido sustraídos y la información en las computadoras destruida. En esas fechas, durante algunos días, el capitán retirado Óscar Platero Trabanino estuvo como subdirector de la Digici. Su ascenso se produjo con la ubicación de Jimmy Morales a la cabeza de las votaciones en la primera vuelta electoral. Su caída se dio a raíz del rechazo social por sus implicaciones en materia de derechos humanos. Días después, con la inspección de la Cicig, resultó que la información había sido sustraída. Ahora dicha información se conoce con base en los programas y equipos con los cuales se obtenía y guardaba.

Para hacerse con los instrumentos de espionaje, el Gobierno se valió de varias empresas de las cuales al menos una utiliza varios nombres comerciales. De hecho, es la que le facilitó a la Industria Militar los maletines de control y continúa como proveedora de varios ministerios, incluido el de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al cual le vendió 400 unidades de spray de gas pimienta.

Así, no cabe duda de que el espionaje ilegal es una práctica de gobierno que representa gastos onerosos a cuenta del erario. Las autoridades del Mingob, ni las anteriores ni las actuales, son capaces de informar qué pasó y dónde están dichos equipos y programas. Tampoco hay constancia de que obren en la Contraloría General de Cuentas y en el Ministerio Público denuncias por la desaparición (robo podría ser) de dichos bienes adquiridos con cargo al presupuesto. Así pues, o fueron cedidos a espías privados que comparten su información con el Gobierno (algo ilegal y que implica malversación), o en realidad continúan funcionando para la Presidencia sin control alguno. Esto último también es ilegal y reclama investigación del Procurador de Derechos Humanos, la Cicig y, por supuesto, el MP. Le toca al Gobierno decir, en definitiva, dónde están y desde dónde operan sus espías.

No cabe duda de que el espionaje ilegal es una práctica de gobierno que representa gastos onerosos a cuenta del erario.
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