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Tres propuestas para convertir la crisis económica en una oportunidad social, por Samuel Pérez Álvarez

El país debería tener políticas contracíclicas de al menos 30,000 millones de quetzales para que la economía no decrezca
No se trata de inyectar dinero en la economía de forma improvisada como si de caridad se tratase
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Tres propuestas para convertir la crisis económica en una oportunidad social, por Samuel Pérez Álvarez

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El diputado de Semilla Samuel Pérez propone tres cambios en la forma de afrontar las consecuencias económicas de la pandemia para que la crisis se convierta en una oportunidad de instalar tres políticas sociales que trasciendan el momento actual: un ingreso mínimo vital, un seguro de desempleo, y transferencias no reembolsables para mipymes. Además, sugiere financiarlo con mayores impuestos al «0.1% de multimillonarios de Guatemala, a algunos sectores con privilegios estatales innecesarios, o a los sectores que mayor crecimiento van a experimentar durante la crisis.»

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Desde el inicio de la pandemia en el mundo y su entrada a Guatemala, era fácil estimar que la crisis económica sería de las peores que ha vivido la historia económica reciente. En proyecciones realizadas por el Instituto Centroamericano de Ciencias Fiscales (Icefi), en el peor escenario la economía de Guatemala decrecerá un 4.7% y se verán afectados más de 500,000 empleos. Y este escenario pareciera ser al que nos encaminamos. Al día de hoy, con solo cuatro meses de pandemia, el Banguat ya ajustó sus cálculos, y el decrecimiento económico lo estiman en -2.5% con una pérdida de 60,000 empleos.

Un problema con esta crisis económica son sus características inusuales, que la hacen difícil de mitigar. A diferencia de otras crisis económicas, temporales o que afectaban solamente una parte de la economía, esta golpea tanto a la oferta como a la demanda, con especial énfasis en la demanda, es decir: el consumo. Por las medidas de distanciamiento, el cierre de empresas en el mundo, la pérdida de ingresos, el cambio de dinámicas de consumo y producción, y los desequilibrios en los mercados internacionales, el consumo de los hogares mermará proporcionalmente más que la oferta de productos y servicios. En otras palabras, habrá menos productos y habrá mucha menor capacidad para comprarlos.

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La última crisis mundial (2008-2009) fue una gran lección para el mundo. No fue una crisis de oferta y de demanda al mismo tiempo. Fue una crisis financiera y había varias herramientas de políticas públicas que se podían utilizar para mitigarla: hacerle frente dependía más de tomar la decisión. En Guatemala la reacción fue oportuna. Gracias a la reacción de políticas económicas contracíclicas[1] fiscales, monetarias y cambiarias, fuimos de los pocos países que no decrecieron.

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La crisis derivada del COVID19 tiene otra diferencia sustancial con aquella: la incertidumbre. Nadie puede saber con certeza cuándo va a terminar, pues depende de una variable exógena: una vacuna confiable y accesible para todas las personas.

Ahora, si bien es cierto que esta tiene características particulares, hay una lección que el mundo no dudó en tomar de la crisis del 2008-2009, y es que los países ya no se perdieron en el debate ideológico de si el Estado debía desempeñar un papel o no. Los Estados modernos no perdieron tiempo en echar a andar las políticas fiscales y monetarias contracíclicas. En otras palabras, quedó claro que dejar que actúe el mercado con anarquía no es una política de respuesta ante la crisis. Todo lo contario, hacerlo solo puede terminar por agudizar la situación.

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Guatemala no está exenta de la racionalidad económica durante la crisis, es decir, es claro que se necesita que el Estado desempeñe un rol activo y contundente para evitar que las muertes por hambre o por falta de ingresos superen a las causadas por COVID19. Ahora bien, a diferencia de países con Estados fuertes, con recursos suficientes, Guatemala enfrenta un obstáculo serio en los recursos públicos para financiar cualquier política social, por lo que las decisiones más importantes deben definir cómo y qué financiar.[2]

Para el primer problema, sabemos que el país debería tener políticas fiscales contracíclicas de, al menos, 30,000 millones de quetzales para que la economía no decrezca. El tema se complejiza al saber que la crisis afectará principalmente al consumo. Si el 88.5% del PIB de Guatemala es por consumo, y la mayor parte de los ingresos tributarios viene del consumo, ¿cómo financiamos políticas contracíclicas con una caída en picada de los ingresos tributarios? Ce calcula un déficit de 6,000 millones.

Las respuestas pueden ser cuatro: Se financia con bonos, préstamos, emisión monetaria o impuestos.

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Hacerlo con bonos es quizá el peor negocio para el Estado y el mejor para la banca privada. Esta opción sería ágil, pero cara por los intereses.

Los préstamos pueden ser una alternativa siempre y cuando las condiciones sean óptimas (período de gracia, plazos, tasas, etc.).

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La emisión monetaria, por las características particulares de esta crisis, es de las mejores opciones y ya el Banguat imprimió 11,000 millones de quetzales. ¿Riesgos? Trae implícita la tentación de querer hacerlo en cualquier momento.

Y la última es quizá la mejor opción, aunque el camino es más largo: que lo hagamos las guatemaltecas y guatemaltecos, sin incurrir en deuda, por medio de impuestos a quienes esta crisis no les está afectando. Es decir, el 0.1% de multimillonarios de Guatemala, a algunos sectores con privilegios estatales innecesarios, o a los sectores que mayor crecimiento van a experimentar durante la crisis. En otras palabras, a quienes tienen asegurados sus ingresos y los de sus descendientes sin problemas.

Teniendo claro cómo financiar, la otra variable fundamental es qué financiar. Las políticas contracíclicas deben pensarse estratégicamente. Tienen que tener objetivos claros. No se trata de inyectar dinero en la economía de forma improvisada como si de caridad se tratase. Tres prioridades son evitar el aumento drástico de pobreza y pobreza extrema, evitar el aumento del desempleo y evitar quiebras masivas de empresas, especialmente mipymes urbanas y rurales.

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En un primer momento, era urgente crear programas sin mayores detalles, pues el tiempo es una variable clave para evitar que la crisis se ahonde. Sin embargo, en este momento, a pocas semanas de vencer el plazo de los tres mayores programas, es inaceptable seguir financiando lo que no funciona. Se deben hacer al menos tres cambios:

  1. El Bono Familia debe convertirse en un programa de Ingreso Mínimo Vital: el Ministerio de Desarrollo debe transitar de un programa mal enfocado, pobremente ejecutado, sin objetivos claros, a un programa de apoyo masivo para evitar que la pobreza y sus consecuencias se vuelvan la principal causa de muertes evitables. Un trabajo valioso por parte del MIDES ha sido crear y organizar registros. Eso permite tener herramientas poderosas para tomar decisiones de política pública si se cruza con la información del último censo. La importancia del Ingreso Mínimo Vital es que, al no tener un componente arbitrario, reduce inmensamente el riesgo del clientelismo. Aquí se prioriza el indicador de pobreza y pobreza extrema.
  2. El Fondo de Protección del Empleo debe convertirse en un Seguro de Desempleo: Un ausente imperdonable en esta crisis es la protección a las personas desempleadas que no califican para ningún otro programa. Esto se debe a que el fondo cubre solo a quienes fueron suspendidos, no a los despedidos. Es momento de modernizar la Seguridad Social y financiar al IGSS para que cree un Seguro de Desempleo. Este sí es un legado para el largo plazo, pero, además de ser una política social fundamental, prioriza el indicador de empleo.
  3. El Fondo de Crédito para Capital de Trabajo debe contemplar transferencias no reembolsables: Un error de la propuesta del Ejecutivo fue incluir un programa para que las mipymes asuman riesgos en una de las crisis de mayor incertidumbre de la historia. Este programa contempla créditos blandos a micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, una variable fundamental para asumir un crédito es la gestión del riesgo, algo casi imposible en una crisis que no se sabe cuándo va a acabar. De hecho, el CHN estima que un poco más del 50% de este fondo caerá en impago, con el agravante que las mipymes que no paguen estas deudas serán demandadas por el Estado. Es fundamental que se cree un componente de capital semilla o alguna variante de apoyo o transferencias condicionadas, pero no reembolsables, para mipymes, comerciantes y agricultores, con objetivos de transformación productiva: transición verde con protección social y laboral. Aquí la prioridad es disminuir el número de quiebras de quienes sostienen la economía.

A lo anterior habrá que agregarle la importancia del enfoque de género, para que, además de ser políticas de mitigación de crisis, también sean de mitigación de desigualdades. Con esto respondemos a la pregunta de qué financiar.

El reto para cualquier gobierno del mundo ante una crisis de estas dimensiones es enorme. Sin embargo, con buenas decisiones de políticas de Estado, pensando en que la reapertura no debe ser una vuelta a la normalidad sino una transformación estructural, será posible controlar la crisis de salud sin que la crisis económica sea igual de mortal.

[1] Políticas que tienen como objetivo revertir la inercia del ciclo económico. Por ejemplo, si el consumo viene para abajo como consecuencia de una crisis, el Estado interviene con una política que estimule el consumo para que empiece a aumentar, por ejemplo, a través de transferencias en efectivo.
[2] Dejo el problema de ejecución al margen, pues este es un problema estructural del modelo de administración pública y del tipo de Estado que tenemos. El problema estaría presente en cualquier institución pública. Resolver este problema ayudaría, también, a responder la pregunta de cómo financiar vía el combate a la evasión o reducción de corrupción e ineficiencias.
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