En ese marco, es necesario que el Estado asuma un plan para institucionalizar las funciones que hoy desempeña esa comisión.
Desde el año 2007, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) han cooperado en diversas áreas, pero es hasta en 2015 cuando amplios sectores de la población reconocen la necesidad de que la Cicig continúe apoyando al MP. Es hasta en 2015 cuando incluso algunos sectores impunistéricos han tenido que callar o reconocer los logros del MP y la Cicig.
Por eso es tan importante recordar que el MP ha ido incorporando capacidades de inteligencia e investigación de forma paulatina. Para el efecto, la Unidad de Métodos Especiales (UME) y la Dirección de Análisis Criminal (DAC) cumplen tareas fundamentales desde el MP. Del mismo modo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) está integrada por guatemaltecas y guatemaltecos que trabajan para el MP. Lo anterior se dice fácilmente, pero se ha requerido de años de trabajo para integrar esos equipos.
La institucionalización es una tarea costosa, ardua, que incorpora el conocimiento técnico y la capacidad política. Los equipos humanos que llevan años en el MP podrían ser diezmados en poco tiempo si se coloca en los lugares clave a gente corrupta que pervierta el sistema. En otras palabras, construir instituciones es muy difícil; destruirlas, relativamente fácil.
Estoy seguro de que la fiscal general y su equipo tienen clara la ruta, pero ya es tiempo de que otros sectores apoyemos para que se plasmen resultados en un plan que bien podría tener un horizonte temporal de 10 años.
Ese plan bien podría plantear la salida de la Cicig en 2025, de manera que el MP vaya cumpliendo etapas. Por supuesto, el presupuesto es esencial. En la actualidad, el MP recibe alrededor de mil millones de quetzales anuales y necesita como mínimo un 10% más solo para cumplir con su funcionamiento regular.
Un plan MP-Cicig para el 2025 bien podría incorporar al menos estos componentes:
- Programa central de investigación y apoyo al MP en tribunales. Este, de hecho, ha sido el trabajo principal de la comisión, y en su calendario podrían incluirse casos durante los siguientes cinco años, transfiriendo capacidades como hasta ahora.
- Fortalecer la profesionalización del MP. Acaso sea necesario transitar de la Unidad de Capacitación del MP (Unicap) a un instituto superior de criminalística, que como institución de educación superior no solo tenga funciones académicas, sino de investigación-sistematización y extensión acordes a las particulares necesidades del MP.
- Fortalecer el desarrollo profesional del MP con un escalafón salarial, incentivos a la carrera, prestaciones acordes a tareas de alto riesgo, seguridad y la estabilidad que necesita su personal para que la cultura institucional de servicio esté ante todo.
- Programa de actualización y desarrollo tecnológico. Precisamente porque las organizaciones criminales siempre estarán adaptándose a las capacidades de investigación. De hecho, estoy convencido de que, con el tiempo, la efectividad de las escuchas telefónicas disminuirá. Y posiblemente se requiera de otros sistemas de vigilancia en el modelo de inteligencia que desarrolla el MP.
- Contrainteligencia y depuración permanente. Tristemente, no es posible confiar en todas las personas y es indispensable más de un mecanismo de vigilancia interna. Un MP con alto desarrollo requerirá también una unidad de depuración con capacidades especiales.
- Asistencia técnica proveniente del sistema de Naciones Unidas que permita cooperar con otros países en los temas que trascienden las fronteras. De hecho, sería ideal que en 2025 este fuera el vínculo que se mantuviera entre el MP y Naciones Unidas.
Por supuesto, debe ser política de Estado la reforma del sector justicia y garantizar el incremento del presupuesto.
Quiero ser optimista pese a los nubarrones. Quiero pensar que en el MP hay muchas personas valientes y comprometidas con la justicia. Personas íntegras como el investigador José Mérida Escobar[1], quien fue asesinado por hacer bien su trabajo, por decir la verdad y por desafiar a un sistema corrupto.
Nos toca a nosotros demandar un plan para la transición. Diez años es un buen plazo para transferir capacidades.
[1] Descubrió que la antropóloga Myrna Mack fue asesinada en 1990 por un comando operativo de la inteligencia militar (véase el informe Remhi). Pese a recibir amenazas y sin respaldo institucional, Mérida dijo la verdad, hizo su trabajo y por esa razón fue asesinado por miembros de la Policía Nacional.
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