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¿Regresión autoritaria o punto de no retorno?
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¿Regresión autoritaria o punto de no retorno?

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Tipo de Nota: 
Opinión
6 03 18

«El progreso es imposible sin cambio. Y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada», George Bernard Shaw.

El comisionado Iván Velásquez y la fiscal Thelma Aldana siempre lo tuvieron claro: desde que en abril de 2015 se decidieron a ir tras la cúpula política del gobierno de turno, iniciaron un peligroso camino que ha persistido a lo largo de estos largos tres años. Han ocurrido tantas cosas que a estas alturas es muy difícil ver con claridad el panorama completo del momento histórico que vivimos.

Recapitulemos. Cuando en junio de 2016 los indicios de lo que combatíamos ya eran evidentes, cada caso llevaba implícitas muchas líneas de investigación e involucraba a un número creciente de actores, al punto de que ya se perfilaba claramente que a lo que asistíamos era a un cambio de época. La vieja forma clientelar y profundamente corrupta que se basaba en la mentira, en la negociación bajo la mesa y en la expoliación a manos llenas del erario público habían quedado en evidencia con sus múltiples matices y formas de acción. Por eso, en esa conferencia del 2 de junio de 2016, el comisionado Velásquez empezó a hablar del «punto de no retorno».

«Estamos en riesgo de retorno. Todavía no hay una fortaleza suficiente ni una desarticulación tan profunda de las estructuras como para pensar que no se pueden recomponer», dijo Iván Velásquez.

La claridad del comisionado probablemente provenía del conocimiento de a quiénes apuntaban las investigaciones: actores de poder real a los que no les tiembla el pulso para conspirar en serio contra cualquiera que se oponga a sus intereses.

Hoy, a casi dos años de esa declaración, la recomposición de las estructuras es visible y tiene nombre: #PactoDeCorruptos. Y la determinación de la regresión es tan fuerte que, en el camino, los actores proimpunidad están desafiando a todos los factores de poder que en otras coyunturas significaban un cierto contrapeso: la comunidad internacional y, en particular, la Embajada. Parece que, aunque tienen claras las consecuencias, están dispuestos a pagarlas con tal de triunfar.

En agosto de 2017, la determinación de detener a la Cicig y al MP quedó en evidencia: el #PactoDeCorruptos se hizo visible y desde entonces ha estado complotando de forma descarada para neutralizar a las cabezas visibles del proceso, el comisionado Velásquez y la fiscal Aldana.

En el plano internacional están preparando el terreno para expulsar a la Cicig y revertir el apoyo que la Embajada brinda a la lucha contra la impunidad. Y, en esa cruzada anti-Cicig, están preparando internamente todo lo necesario para impulsar medidas que permitan limitar y controlar las manifestaciones, para lo cual han diseñado dos caminos: el relevo de la cúpula policial y del Ministerio de Gobernación y la preparación de todo un paquete de más de diez iniciativas de ley en el Congreso de la República que son peligrosamente regresivas, como la pretensión de criminalizar la protesta y las manifestaciones de manera que se elimine uno de los principales mecanismos de cambio, las plazas.

¿Cuándo harán efectiva la amenaza regresiva y autoritaria? Cuando logren neutralizar el Ministerio Público y expulsen la Cicig.

Es en ese contexto gris y angustiante en el que surge la iniciativa del Frente Ciudadano contra la Corrupción, que tenía como fin puntual brindar el más inclusivo apoyo a los dos actores en riesgo: la Cicig y el MP.

Lamentablemente, muchos actores y analistas no entendieron la naturaleza del evento. Y mucho menos entendieron el momento coyuntural crítico que vivimos: aunque haya buenas razones para desconfiar, las dudas están fortaleciendo a las fuerzas más oscuras y violentas de este país.

El que tenga oídos, que oiga.

«El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El realista ajusta las velas», William Arthur Ward.

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