Si se analiza al tenor de la crisis en la cobertura de servicios vitales como la salud, resulta perverso, criminal en un sentido más grave que el simple escamoteo de ganancias. La empresa de marras, Aceros de Guatemala, reunió el monto depositado y dispuso de los recursos para ponerse al día con el fisco. Si todas las empresas que evaden y eluden el pago de impuestos hicieran lo mismo, empezaríamos a contar con recursos para que el Estado prestara servicios básicos tales como salud, educación y vivienda, entre otros, con eficiencia.
Sin embargo, no será una posibilidad en el corto plazo. Los entes que encuentran resquicios para escamotear el pago de impuestos en proporción a sus ganancias tienen compañía con las entidades que gozan de exenciones. Tal es el caso de las Iglesias de toda denominación, que están exentas del pago de impuestos, al igual que las empresas educativas en secundaria y las universidades, así como las entidades de presunta beneficencia que disfrazan los ingresos por la vía del lucro en empresas de distinta índole.
De ahí que la otra noticia bomba en la semana haya sido la del excanciller y pastor protestante Harold Caballeros y su sitial de honor en el escándalo de los #PanamaPapers. Un reportaje publicado por Plaza Pública y El Faro puso al descubierto la existencia de empresas de cartón que contribuían a evadir impuestos a una fortuna nacida de la elusión. Diezmos y donaciones a la Iglesia El Shaddai, que ofrecía relación expresa con el cielo, volaban a Panamá a saltar entre carpetas a fin de llegar a su destino: el fondo de retiro del exfuncionario del gobierno de Otto Pérez Molina.
Probablemente el político en retirada imaginó que su nombre no saldría a luz pública. De esa suerte, al verse tan claramente reflejado en el reportaje, rompió en pánico y luego en ira. A tal grado que trató a la reportera principal, Alejandra Gutiérrez Valdizán, como si fuera su subordinada o una de sus feligresas e intentó intimidarla. La reacción del público no se ha hecho esperar, y desde el mismo gremio se plantearon las acciones de respaldo a la actividad periodística y a la revelación de los hechos que analiza la nota en cuestión.
Casi al mismo tiempo, el juez de primera instancia del Tribunal B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, denunció haber recibido amenazas de muerte. Además de que la sola amenaza a un juzgador es de por sí inaceptable, en este caso adquirió características que levantaron la indignación de amplios y variados sectores de la sociedad. El juez Gálvez es conocido y reconocido por su inquebrantable ejercicio profesional y por su honradez a toda prueba, la cual ha puesto de manifiesto al diligenciar, desde abril de 2015, los procesos judiciales que han surgido de la revelación de las prácticas corruptas del gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti.
Así las cosas, la agitación noticiosa durante la semana muestra que hay avances en la generación de conciencia social sobre las consecuencias de la corrupción y la impunidad. No obstante, no alcanza para comprender el sentido de las movilizaciones en los departamentos y el hecho de que esas voces también claman por el efecto destructor de la corrupción, que tolera el desvío de los ríos, entre otros actos criminales. El cambio social iniciado todavía no alcanza para generar sensibilidad respecto a las luchas y movilizaciones sociales desde la provincia. Cuando ese paso se dé y haya una verdadera e inequívoca expresión de solidaridad ciudadana, solo entonces habremos de ser noticia no solo por el escándalo, sino también por la búsqueda de una nueva Guatemala.
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