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Liberar, no criminalizar
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Liberar, no criminalizar

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Opinión
10 08 18

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La campaña de terror contra las organizaciones campesinas en Guatemala, además de asesinatos, incluye la criminalización, es decir, el uso indebido del derecho penal contra quienes ejercen el derecho a defender la tierra y el territorio. A las ejecuciones de ocho integrantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) se agregan la detención arbitraria y la acusación infundada contra sus liderazgos.

Ese es el caso de la comunidad Choctún Basilá, amenazada por el conflicto con la cooperativa Chilté, que es parte de la Federación de Cooperativas de las Verapaces (Fedecovera). Dicha comunidad, que es parte del CCDA, ha sufrido en menos de un año todas las acciones de represión por su lucha. Su dirigente, José Can Xol, fue asesinado precisamente dos días después de haber interpuesto denuncia por amenazas de muerte por parte de miembros de la cooperativa en cuestión. Can Xol actuaba como traductor en diligencias relacionadas con la situación de la tierra de la comunidad, la cual había estado en procesos de diálogo en busca de una solución negociada a la disputa territorial. En ese marco de la conflictividad por la amenaza de despojo también están desaparecidos Abelino Vásquez y Eduardo Cabnal.

Al asesinato y a la desaparición de sus dirigentes la comunidad añade ahora la persecución judicial, que se inserta en la criminalización en contra de 16 de sus integrantes. De ellos hay cuatro ya capturados: Juan Bautista Riveiro, José Manuel Coc Saquil, Jorge Coc Coc y Marcelino Xol Cucul, del CCDA, quienes están en prisión en Cobán, Alta Verapaz. Riveiro y Coc Saquil cumplirán un año de estar privados de libertad, en tanto que Coc Coc y Xol Cucul, cuatro meses. A pesar de que, de acuerdo con la ley, la acusación es personalísima y las acciones deben individualizarse, en este caso a todos se los acusa de la muerte de un miembro de la cooperativa Chilté. Pese a que dicha persona, según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), presentaba un disparo, el Ministerio Público (MP) de Cobán pidió la captura de 16.

En este caso, como en otros relacionados con persecución penal de líderes sociales y comunitarios, las autoridades locales del sistema de justicia, del MP y de tribunales suelen responder a los intereses del poder económico en la zona. Ha sucedido en Santa Eulalia, Huehuetenango, y se aprecia ahora en Cobán, Alta Verapaz. En estos sitios los crímenes y ataques contra personas que defienden derechos humanos no se investigan y quedan en la impunidad. En cambio, la mínima acusación en su contra sirve de base para empujar la maquinaria judicial y sacarlos del camino.

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El daño que la colusión de las autoridades causa a la comunidad va mucho más allá del grave perjuicio que representa la privación de libertad. En el plano económico, las personas en prisión dejan de proveer recursos a sus familias, que entonces se ven en una situación de precariedad que además se acrecienta porque han de buscar defensa para su familiar criminalizado.

Siendo entonces inocentes, la cárcel es el castigo por defender sus derechos. Esa alternativa del Estado en contra del liderazgo hiere la emotividad de las personas. Lastima su integrad y su estabilidad porque busca neutralizar su labor. De paso, amplifica el efecto del castigo al sancionar a las familias, a las y los cónyuges, a los hijos o a los padres de familia. Un castigo que se prolonga con maniobras judiciales que a la vez prolongan la prisión.

De esa manera, en la audiencia programada para este viernes 10 es de esperar que el tribunal cumpla con la agenda y permita que la defensa presente sus alegatos en contra de la falsa evidencia presentada. Con ello se mostrará que tanto Juan Bautista Riveiro y José Manuel Coc Saquil como los otros 14 comunitarios criminalizados son inocentes, de tal suerte que el tribunal habrá de ordenar al MP que continúe la investigación para ubicar responsables y dejará de servir a los intereses que buscan criminalizar a quienes defienden la tierra y el territorio.

Siendo entonces inocentes, la cárcel es el castigo por defender sus derechos.
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