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Ley Electoral y de Partidos Políticos: Las reformas que cambian la forma, pero no el fondo
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Ley Electoral y de Partidos Políticos: Las reformas que cambian la forma, pero no el fondo

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Incrementa la “deuda electoral”, de US$2 a US$3 por cada voto válido recibido, siempre y cuando se obtenga el 5% o más de los votos válidos, y define el destino de esos recursos
Linares: “A los diputados no les interesa fortalecer el sistema con cambios de fondo para darles a los partidos políticos el papel protagónico que deberían de tener"
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En un plazo no establecido (en la reforma anterior demoró cuatro meses), la Corte de Constitucionalidad (CC) deberá indicar si cada uno de los 38 artículos de la Ley Electoral reformados por el Congreso, se apegan el espíritu de la Constitución. Después de ello, los diputados deberán a aprobar uno a uno estos artículos, sin que quepa la posibilidad de modificar o enmendar el proyecto enviado por la CC. El objetivo es que las elecciones generales de 2019 se rijan de acuerdo con las nuevas reglas.

Las reformas a la Ley Electoral y Partidos Políticos (LEPP), tan exigidas en las manifestaciones populares de 2015 y 2016, cuya segunda generación es analizada por la Corte de Constitucionalidad (CC), modifican en parte las reglas del proceso electoral guatemalteco, pero han dejado intacto el sistema político en el que se sostiene la democracia del país. La participación igualitaria de hombres y mujeres sigue siendo una ilusión, al igual que los mecanismos para la revocatoria del mandato de los gobernantes, la participación de partidos políticos departamentales o de representación de las minorías, entre otros.

“Estos cambios no son del todo trascendentales porque tienen un impacto en el sistema electoral pero no en el sistema político”, dice Juan Carlos Sanabria, investigador experto en temas electorales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies). La democratización interna de los partidos políticos y las acciones para la inclusión de los grupos de indígenas y mujeres, aún son tarea pendiente, agrega.

Al igual que lo ocurrido en abril de 2016, cuando fue aprobada la primera generación de reformas de la LEPP, en este segundo proceso los partidos representados en el Congreso desoyeron el clamor de las organizaciones sociales y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y dejaron fuera las propuestas de estos. “Quisimos abarcar mucho en aquel entonces, pero no logramos los consensos necesarios y muchas cosas se quedaron pendientes”, reconoce el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Taracena, quien entonces presidia el Congreso. En las primeras reformas se fortaleció el papel rector del TSE, se establecieron mecanismos para fiscalizar de mejor manera el financiamiento electoral, así como controles para la contratación equitativa de los medios de comunicación para las campañas proselitistas.

Sandra Sebastián

Taracena también fue el principal promotor de la segunda generación de reformas, y el diputado Óscar Argueta, también de la UNE, y hasta el año pasado presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, el principal operador de esta iniciativa. El proceso inició en el segundo semestre de 2016, y apenas el pasado 23 de enero fue aprobado en tercera lectura por el pleno y enviado a consulta a la CC por tratarse de una ley de carácter constitucional.

La segunda generación de reformas introduce un sistema mixto de elección de diputados (el elector podrá votar por el candidato de su elección sin importar la posición que ocupe en la planilla, o por la planilla propuesta por el partido de su preferencia), denominado “representación proporcional de minorías con derecho a voto preferente”. Crea subdistritos electorales en los departamentos en donde corresponde elegir más de cinco diputados, los cuales serán definidos por el TSE a partir de criterios poblacionales, geográficos y culturales; cada subdistrito deberá elegir un mínimo de tres diputados.

Además, incrementa la “deuda electoral”, de US$2 a US$3 por cada voto válido recibido, siempre y cuando se obtenga el 5% o más de los votos válidos, y define el destino de esos recursos: 30% para formación y capacitación de los afiliados; 35% para gastos de operación del partido a nivel nacional; y 35% para las sedes departamentales; la deuda electoral de las elecciones de 2015 sumó un total de Q70 millones. También incrementa del 0.30% al 0.50% del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, la cantidad de afiliados mínimos con que deberá contar un partido político para existir y funcionar. Pero se hace la salvedad de que hasta antes de la convocatoria a elecciones de 2019, los partidos deberán tener un mínimo de 20 mil afiliados; y 90 días antes de la convocatoria de las elecciones de 2023 deberán cumplir con el requisito del 0.30% del total del padrón de la última elección, lo que implica que el 0.50% cobrará vigencia hasta los comicios de 2027.

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Otorga a los afiliados de los partidos políticos una serie de derechos (participar con voz y voto en las asambleas municipales, postularse como directivo, delegado o candidato, disentir de las decisiones de los directivos del partido y pedir copia de los documentos oficiales de la agrupación), cuyo cumplimiento podrán exigir ante el Comité Ejecutivo de su agrupación y el Registro de Ciudadanos del TSE. Además, establece que el voto de los delegados en las asambleas nacionales será secreto para garantizar “la pureza” del proceso.

Fija en dos años el período del mandato de los miembros del Comité Ejecutivo del partido; prohíbe al Secretario General postularse como candidato presidencial (el secretario que así lo desee, deberá renunciar con seis meses de anticipación a la fecha de convocatoria a elecciones), y prohíbe que sus familiares se postulen como candidatos a ningún cargo de elección popular.

Respecto a la integración del TSE, se establece que los magistrados de éste podrán ser profesionales con el grado académico de licenciados de cualquier profesión (no solo abogados como en la actualidad), que tengan diez años de ejercicio profesional. También se establece definen nuevos parámetros de “mayoría relativa” para las elecciones a alcaldes: gana el que obtenga el 40% de los votos válidos, o el que sume el 25% de los votos, siempre que la diferencia con la segunda planilla más votada supere el 5%. De lo contrario, las dos planillas con mayor cantidad de votos deberán medirse en una segunda votación.

Pros y contras

La politóloga Stephanie López, integrante de Alianzas por la Reforma, una coalición de organizaciones sociales que promueven reformas al sistema político y judicial del país, lamenta que la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso haya ignorado la solicitud de las organizaciones de la sociedad civil, que pedían que se eliminaran las barreras legales para la creación de nuevos partidos políticos, porque dificultan que nuevos y legítimos liderazgos puedan renovar el quehacer político. La propuesta de ese colectivo era que se bajara a 500 el número de afiliados para crear un partido político, no de 20 mil como se exige en la actualidad. “La corrupción inicia cuando la organización de un partido político acepta recursos de dudosa procedencia para afiliar a sus cuadros y se convierten en una maquina electoral que consiguen las firmas con rapidez, pero no con verdadera participación democrática”, señaló López.

Samuel Pérez Álvarez, secretario general del comité pro formación de Movimiento Semilla, también siente frustración por ese requisito legal, que considera un obstáculo que impide la participación de los ciudadanos en la política, principalmente por los elevados costos que se necesitan para promover la organización comunitaria. “La cooptación del Estado inicia en la forma en que se organizan los partidos políticos y participan en el evento electoral”, señala Pérez. En las reformas que conoce la CC, en lugar de reducirse el número de afiliados este se incrementa de manera substancial. Ello, según el líder del Movimiento Semilla, ha sido promovido por los partidos políticos tradicionales “que tiene experiencia en conseguir una maquinaria electoral cada cuatro años y fondos sin importar la procedencia”, con el objetivo de ser “los únicos que puedan participar”.

Sandra Sebastián

En la actualidad, además del Movimiento Semilla, nueve organizaciones políticas más se dedican a buscar afiliados a nivel nacional para convertirse en partidos políticos y poder participar en las elecciones de 2019. Tienen hasta mayo del próximo año para reunir los 20 mil afiliados que necesitan, y realizar las asambleas departamentales y nacional que exige la ley para lograr su objetivo, una tarea difícil si se toma en cuenta que llevan más de dos años en ese proceso.

El diputado de la UNE, Óscar Argueta, que el año pasado presidió la Comisión de Asuntos Electoral, dice que durante el proceso de discusión de las reformas escucharon las propuestas de todos los grupos interesados, pero no lograron incluir todas las propuestas de éstos ni las del TSE. Las del TSE ni siquiera fueron discutidas porque, argumenta Argueta, llegaron al Congreso una semana después de que las reformas habían sido aprobadas en tercera lectura por los diputados y enviadas a consulta a la CC.

Según Argueta, los magistrados del TSE “no eran consistentes en sus planteamientos” porque “un día decían una cosa y después cambiaban de opinión”. Sin embargo, asegura que algunos de los puntos de la propuesta del TSE se reflejan en las reformas aprobadas.

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El diputado detalla lo que considera los logros más importantes de las reformas: los secretarios generales de los partidos “dejarán de concentrar todo el poder”, ya no podrán ser candidatos a la presidencia ni imponer a sus familiares en cargos de elección popular, y las elecciones internas de los partidos se realizan por medio del voto secreto. Esos cambios, dice, “promueven la democratización de los partidos y evitan el caciquismo de algunos secretarios generales, que por décadas han sido considerados los amos y dueños del partido”.

María Eugenia Mijangos, presidenta del TSE, lamenta que el Congreso no haya tomado en cuenta la propuesta presentada por ese tribunal, la cual iba encaminada a fortalecer la democracia interna de los partidos políticos, así como a definir con mayor precisión los motivos por los cuales se debería cancelar un partido, pero también buscaba cambios de fondo del sistema político. Aquiles Linares, vocal suplente del TSE, agrega que la iniciativa que enviaron al Congreso establece la revocatoria del mandato para todos los cargos de elección popular, así como la inclusión igualitaria en los órganos partidarios de mujeres e indígenas, tema que fue rechazado por los diputados. “A los diputados no les interesa fortalecer el sistema con cambios de fondo para darles a los partidos políticos el papel protagónico que deberían de tener. No se puede pretender hacer una democracia sin partidos, pero organizaciones solidas con adecuada representación y lo más importante, con ideología”, señala Linares.

María Isabel Bonilla, abogada y analista en temas electorales del Centro de Investigaciones Económicas (Cien), el Congreso no fue capaza de establecer una discusión “de fondo” con las autoridades electorales para presentar una propuesta que integrará ambas visiones.

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