El desalojo violento de decenas de familias de campesinos q´eqchies que se oponen a la instalació...
El desalojo violento de decenas de familias de campesinos q´eqchies que se oponen a la instalación de una hidroeléctrica, así como el intento de captura de dos líderes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), señalados del supuesto robo de electricidad, el primero hecho registrado en Cobán y el segundo en Raxruhá, ambos el departamento de Alta Verapaz, dejó un saldo de tres campesinos muertos, 22 detenidos, y miedo y desasosiego entre los pobladores, así como acusaciones en contra de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala de ejecuciones extrajudiciales y abuso de autoridad.
Los hechos se iniciaron el jueves 14 de agosto cuando más de medio millar de agentes de la PNC desalojaron por la fuerza a las 160 familias que habitaban la denominada comunidad “Nuevo de febrero”, la cual se encuentra dentro de la finca Santa Rica, en donde se instalaron hace dos años para evitar la construcción de una hidroeléctrica del mismo nombre. Según los pobladores, tras el desalojo, las fuerzas de seguridad también reprimieron a los vecinos del caserío Monte Olivo y quemaron sus viviendas y cultivos, por solidarizarse con los desalojados. Al menos medio centenar de familias huyeron hacia las montañas de Alta Verapaz para evitar las agresiones de las fuerzas de seguridad.
Tras concluir el desalojo, los agentes se trasladaron el viernes 15 a la aldea Semococh, del municipio de Raxruhá, con el objetivo de capturar a los líderes locales de Codeca, Rafael Chub y María del Carmen del Cid, lo cual generó el descontento de cientos de pobladores que, con piedras, palos y machetes se enfrentaron con los policías. Los agentes, según testigos, dispararon sus armas en contra de los campesinos, matando a tres de estos e hirieron a al menos cinco más. Los fallecidos fueron Sebastián Rax, de 29 años; Luciano Can, de 40, y Óscar Chen, de 22. Un cuarto campesino herido de gravedad fue trasladado al hospital de Cobán.
Los labriegos retuvieron por más de doce horas a ocho agentes de la PNC, los cuales fueron rescatados por las contingente antidisturbios el sábado 16, tras enfrentarse de nuevo con los vecinos.
Los líderes de los pobladores y el diputado del partido Winaq, Amílcar Pop, originario de Alta Verapaz, señalaron a la PNC de la ejecución extrajudicial de estas tres personas.
La PNC sostiene la tesis de un enfrentamiento entre los mismo pobladores previo a la llegada de los agentes para efectuar las capturas. Pablo Castillo, portavoz de la institución, dijo que el Ministerio de Gobernación será el que responda por los señalamientos de ejecución extrajudicial, y que la Fiscalía ha iniciado la investigación de lo ocurrido.
El Comité de Unidad Campesina (CUC), la Asociación de Forestería Comunitaria Ut´zche´ y el diputado Pop, aseguran que la reacción de las comunidades contra los policías fue se debió a que estos ingresaron a los poblados lanzando bombas lacrimógenas.
La PNC ha presentado ocho denuncias penales contra líderes de Semococh, por la retención de los agentes de la PNC, daños a siete patrullas y la obstaculización del paso en las carreteras aledañas.
El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ha negado el “uso de fuerza excesiva” en el desalojo de comunidades en Alta Verapaz. El diputado Pop anunció que citará al funcionario al Congreso de la República para responder por los señalamientos de ejecuciones extrajudiciales.
Los hechos del 14 y 15 de agosto, cuya conclusión aún es incierta, tienen sus orígenes en un conflicto que data de 2008. Fue entonces cuando iniciaron los primeros acercamientos con Monte Olivo y poblaciones aledañas, para la exploración del río Icbolay, para la construcción de una hidroeléctrica en la finca de Santa Rita.
En 2011, pese a la petición de las comunidades de una consulta comunitaria el Ministerio de Energía y Minas autorizó el inicio de la construcción a la empresa Hidroeléctrica Santa Rita S.A. Luego de la autorización pobladores de Monte Olivo promovieron la ocupación de una propiedad ubicada entre la finca Santa Rita, adquirida por la Hidroeléctrica Santa Rita S.A., y la finca Santa Rita Xalahá Canguini, propiedad de la familia Ponce. A esta comunidad la denominado “Nueve de febrero”.
En febrero de 2012 la hidroeléctrica presentó denuncias en el Ministerio Publico en contra cinco líderes de comunidades opuestas al proyecto, las cuales fueron ratificadas en enero de 2013. El Juzgado de Primera Instancia Penal de Cobán emitió entonces órdenes de captura contra los líderes Esteban Caal, José María Guitz, Ángel Tot, Mario Ja y Alfredo Tiul, bajo cargos de plagio y secuestro, detención ilegal y robo agravado.
El 13 de agosto de 2013 fueron asesinados David Estuardo Pacay Maas, de 11 años, y Ageo Isaac Guitz Maas, de 13, hijos de un dirigente local de Monte Olivo. Según los comunitarios los asesinatos fueron perpetrados por trabajadores de la hidroeléctrica, pero hasta la fecha no se ha esclarecido el doble crimen.
El 30 de julio de este año, Hidroeléctrica Santa Rica y la municipalidad de Cobán suscribieron un convenio de cooperación por un plazo de 20 años, en el que la empresa se comprometió a apoyar proyectos de desarrollo en la comunidad. El presidente Otto Pérez Molina; el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; y el ministro de Energía y Minas, Erick Archila, entre otros funcionarios, fueron testigos de la firma del acuerdo.
Quince días después se realizó el primer intento de desalojo de la comunidad “Nueve de febrero”. Víctor López Illescas de la Asociación Ut´zche´, presente en la comunidades, y el diputado Pop, aseguran que los pobladores q´eqchies no participaron en la suscripción del acuerdo. El Observatorio de Pueblos Indígenas acusó este lunes a la municipalidad de Cobán de contratar a 300 agentes de seguridad privada para asistir a la policía durante el desalojo. Se buscó contactar al alcalde de Cobán, Leonel Arturo Chacón, pero según la asistente de su despacho se encuentra fuera del municipio.
“Esta estúpida decisión política del presidente Otto Pérez Molina, de aplicar medidas de fuerza contra la población como las tomó en tiempos de la guerra debe terminar”, indicó el congresista. Pop afirmó que denunciaran como ejecución extrajudicial la muerte de los tres campesinos q´eqchies, y que han activado los mecanismos de ayuda humanitaria con la Cruz Roja para la atención de las familias que huyeron a las montañas esperando la retirada de la policía.
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