Estas declaraciones cierran un círculo de acciones que iniciaron con la anulación de la sentencia de Genocidio en junio de 2013, y nos llevaron, sucesivamente, de la decisión de la CC para cortar el período de la Fiscal Claudia Paz, con escala en la sanción del Tribunal del Honor del Colegio de Abogados contra la juez Yassmín Barrios, a la elaboración de la lista final de seis candidatos para Fiscal General, de entre los cuales el Presidente deberá anunciar su elección en los próx...
Estas declaraciones cierran un círculo de acciones que iniciaron con la anulación de la sentencia de Genocidio en junio de 2013, y nos llevaron, sucesivamente, de la decisión de la CC para cortar el período de la Fiscal Claudia Paz, con escala en la sanción del Tribunal del Honor del Colegio de Abogados contra la juez Yassmín Barrios, a la elaboración de la lista final de seis candidatos para Fiscal General, de entre los cuales el Presidente deberá anunciar su elección en los próximos días.
Este tipo de declaraciones de funcionarios públicos de alto nivel manifestando que “no hubo”, no son una novedad. Así se han pronunciado el Presidente de la República, el Secretario para la Paz, y el Embajador en Washington. Sin embargo, no por eso dejan de ser un contrasentido con las responsabilidades oficiales asumidas con el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
De las declaraciones del ministro López Bonilla se puede afirmar que en la visión del gobierno patriotista, existe una ruta crítica para la Justicia Transicional en Guatemala, que desde el revisionismo excluye el derecho a la justicia, pero en cierta forma reconoce los derechos a la reparación y a la verdad. De acuerdo a la cobertura de prensa, López Bonilla habría afirmado que "hay una deuda pendiente" con los familiares de los 40 mil desaparecidos durante el conflicto. También habría dicho que “se debe desarrollar una conciencia nacional para que lo que ocurrió no vuelva a suceder". Finalmente, habría señalado que "es importante luchar contra la impunidad, pero centrándose en el presente”.
La calificación del delito de Genocidio corresponde a los jueces. Al respecto, el próximo 10 de mayo se cumple el primer aniversario de una sentencia histórica, que determina las responsabilidades del general Ríos Montt y exculpa al general Rodríguez Sánchez. Esta sentencia ha sido “borrada” del sistema jurídico guatemalteco con base a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad y las Salas de Apelaciones, que han llevado el proceso a un estado en el cual nadie está imputado.
Y sin embargo, la sentencia sigue estando ahí. Y hay un largo camino por recorrer todavía, para desarrollar en las élites ese entendimiento básico de que no se puede combatir a la impunidad del presente sin abordar el pasado. Tal vez una lectura rápida a Why Nations Fail, pueda ayudar…
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