La Constitución en peligro

La entrada en vigor de la actual Constitución Política de la República, en 1985, introdujo al marco jurídico del país un sistema de protección y defensa de los derechos humanos. También incorporó un andamiaje de pesos y contrapesos que apuntaba a consolidar un funcionamiento democrático.

En 1994, durante el gobierno de Ramiro de León Carpio, se introdujeron reformas que iniciaron mecanismos de reducción en el ámbito económico, particularmente de beneficio al sistema bancario y de reducción de las facultades de autonomía de la universidad San Carlos. Con ello se dieron los primeros pasos para que los actores incómodos con la democracia tomaran control de los espacios que les favorecían. No olvidemos que desde el reformado Consejo de Educación Superior, a partir de ese cambio, se abrió la puerta para la proliferación de universidades como gremlins que se reproducen con el agua. Ello, de cara a la representación en las comisiones de postulación para control de las cortes y de otras autoridades en el sistema de justicia.

Aun así, la sociedad y sus estamentos organizados en la protección de derechos, al ejercer estos en defensa de la democracia, representan una amenaza para el pacto por la corrupción y la impunidad. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y su trabajo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) tocaron fibras sensibles de los actores centrales del pacto en los estamentos político, económico y militar. Estos llegaron a la conclusión de que la actual Constitución Política ya no les era funcional. Al parecer, piensan que otorga muchos derechos.

[frasepzp1]

En ese sentido, los cambios impuestos por el presidente Alejandro Giammattei a la institucionalidad de la paz y de derechos humanos no son casuales. Responden al proyecto de descabezamiento del entramado constitucional. El empuje que busca eliminar este entramado proviene del entorno responsable de las más graves violaciones de derechos humanos y atrocidades contra la población, amén de que implica el abandono de hecho de los compromisos estatales a nivel internacional. Ante la acción legal que podría impedir que se concrete semejante despropósito, el gobierno de Giammattei intenta la modificación de la Ley de Reconciliación Nacional y de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz.

La desmovilización presencial forzada por la pandemia del covid-19 les ha dado la idea de que pueden empujar a fondo su proyecto de rompimiento. No es casual la intriga desde la Presidencia para defenestrar al vicepresidente Guillermo Castillo. Pese a que ha sido una figura decorativa en este gobierno, lo más probable es que sea incómodo para el ámbito empresarial, que controla el Gobierno y prefiere tener a alguien más confiable en caso de que su delegado en la Presidencia no concluya su mandato.

A la conspiración para desaforar a Castillo se suman las acciones que desde la misma Corte Suprema de Justicia se avanzan en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y desde el Congreso en contra del Procurador de los Derechos Humanos (PDH). La protección constitucional de ambas instituciones es la piedra en el zapato que pone al pacto actualizado en 2020 a buscar el rompimiento constitucional.

Probablemente no será como en el pasado, con asonada militar ni cadena obligada con melodías de marimba. Muy probablemente será buscando disfrazar de legalidad los cambios que impulsen y que les den la idea de que pueden destruir las garantías y los derechos que si están en la actual Constitución es porque durante décadas miles de mujeres y hombres lucharon por alcanzarlos. De esa manera, toca alzar la voz, denunciar, cuestionar y, por todos los medios al alcance, defender y proteger el orden constitucional que el #PactoDeCorruptos intenta vulnerar.