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La Cámara de Industria no tiene pulgas (como el Codeca)
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La Cámara de Industria no tiene pulgas (como el Codeca)

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Tipo de Nota: 
Opinión
2 10 17

La Cámara de Industria de Guatemala quedó en evidencia con un repugnante comunicado en el cual se desmarca del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) como si de una enfermedad venérea se tratase. Un nuevo acto de violencia política colonial en pleno 2017.

En entrevista radial del 22 de septiembre, el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, dijo una verdad nada contenciosa: que tanto el Cacif[1] como el Codeca «tienen igual representatividad». La comparación no fue entre el Cacif y el Codeca, evidentemente, sino entre la legitimidad de representación que cada cual tiene en su propio espacio: el Codeca entre los campesinos organizados del país y el Cacif entre los empresarios agremiados.

Rodas quiso recordarnos que en una democracia (aunque sea nominal) todos tienen derecho a ser escuchados a través de sus canales respectivos, a pesar de sus discrepancias, en pos de la renegociación del contrato social. Fácil de entender, ¿no es cierto? Pues los agremiados de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) no solo no entendieron las declaraciones del procurador, sino que se apresuraron a sacar a relucir su pensamiento colonizador.

Es decir, en un solo manifiesto demostraron que les faltan luces y les sobran miedos.

Revelan, al final del día, lo que los indigna (las amenazas a su privilegio) y lo que no (la injusticia social). Peor aún, certificaron ante todo el mundo su doble moral, ya que apenas unos días antes habían publicado un tuit que decía: «Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Trabajamos por una Guatemala unida y próspera». Esto, sin hacer alarde del infame tuit del 7 de julio del presidente del Cacif, Antonio Malouf, en el cual él decía: «Cacif somos todos». Ajá. Vaya, vos.

Pero volvamos al monstruoso comunicado de la CIG y abordémoslo punto por punto (imagen abajo):

  1. Con evidente déficit de comprensión rechazan algo sin saber exactamente qué. Parece que su rechazo «enérgico» es, a secas, a ser equiparados con el Codeca. No es una impugnación técnica al procurador y a sus palabras (pues no matizan, precisan o aclaran), sino un reclamo a la existencia misma de campesinos en su finca, con quienes ellos claramente no comparten casta. Guácalas.
  2. Su segundo punto es risible, con varios chistes. Reducen la complejidad histórica de la organización campesina versus la empresarial a una guerra adolescente entre criminales versus creadores de riqueza. Pero no nos engañan. Se trata, en realidad, del arcaico juego de poder entre dominados desposeídos y dominantes despojadores. Lo peor es que, al anclar su retórica en la legalidad e institucionalidad propia de una democracia de mentiras, se confirma su complicidad en la captura[2] del Estado para beneficio de intereses exclusivos[3]. Si la CIG mete la mano (no la invisible, sino la de mono) en la formulación de las leyes del país, no es difícil entender la criminalización indebida de las comunidades en resistencia pacífica. ¿O no es cierto?
  3. ¿Paz? ¿Convivencia? ¿Gobernabilidad? Por favor, seamos serios. Lo que defienden es la conservación del Estado neoliberal de inequidad (¡pero de derecho!) por cuyos arreglos ellos se hacen cada vez más ricos a costa de todos los demás. Promover la estabilidad pacífica en un estatus macabro y asimétrico es avalar la injusticia social. Y defender la gobernabilidad de un sistema de privilegios es toda una apología a la exclusión y a la desigualdad.
  4. Lo dicho: su compromiso es con ellos mismos y con nadie más. Hacen y seguirán haciendo todo cuanto esté en su poder para que la piñata nunca se acabe. Su misión —cuasirreligiosa— es evitar el surgimiento del Estado social, nada idóneo para su actividad predilecta: la concentración de poder, dinero y oportunidad en sus manos. (De su versión anticientífica de desarrollo poco queda por decir. El mito del crecimiento económico perenne ha sido desmontado por analistas serios en todo el mundo. Los invito a debatir esto en público, CIG).

Los agremiados de la CIG —expertos en socializar pérdidas y privatizar ganancias haciendo uso de la infraestructura pública— son los verdaderos vándalos y parásitos de las riquezas nacionales, con viejos métodos extractores y explotadores ampliamente estandarizados, además de ser los máximos operadores en el país de la inestabilidad climática.

Es decir, casi nada.

Pero me interesa, sobre todo, rescatar la metanarrativa (la gran historia que contiene a las otras) del momento. Cuando hablemos de lucha contra la corrupción, haríamos bien en ver más allá de sus agentes coyunturales y orientarnos hacia la erradicación de los incentivos tóxicos que dan a luz la corrupción estructural. La verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad es, en realidad, una lucha en contra del códex neoliberal y de su pensamiento mágico. Y esto no se logrará, ni en un millón de años, por medio de fraudulentos diálogos nacionales, sin interlocutores legitimados moral y políticamente ante la historia.

Pero nos queda esta esperanza: en la medida en que el debate público gravite hacia nuevas formas de organización socioeconómica y se aleje de la distracción, de la desinformación y de la banalidad, así también nos iremos desprendiendo de vividores y chupasangres con síndrome de dios, como los que conforman la Cámara de Industria de Guatemala, quienes se habrán quedado desprovistos de insumos para ser actores relevantes en un mundo rápidamente cambiante.

 

***

Al procurador de los derechos humanos: suscribo la frase que se atrevió a enunciar frente a esa maquinaria despótica de poder concentrado. Cuenta con mi apoyo. Y a vos, clasemediero fresh, te digo: despertá. En ese mundo que tanto defendés, vos también sos el cholero de alguien más.

 

 

[1] Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.

[2] Se entiende por captura del Estado, según el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Jonathan Menkos, «la intervención de individuos o grupos, legales o ilegales, en la formulación de leyes, decretos, reglamentos o políticas públicas con el propósito de obtener ventajas económicas, penales y de legitimación social, de corto y largo plazos».

[3] Peor es que se jacten de su contribución al erario nacional cuando son favorecidos estructuralmente por arreglos antipopulares como el régimen fiscal de maquilas y otros privilegios, aunado un sistema de salarios explotador y a una cultura antisindical. Además, los grandes evasores suelen pertenecer a los afiliados al Cacif, incluida la CIG.

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