Al demostrarse mentiroso, corrupto y ladrón, Jimmy Morales traicionó a sus electores e hirió a quienes con su voto confiaron en él con la esperanza de un cambio. Necio y enquistado en el cargo, aferrado a su inmunidad como recurso para evadir las investigaciones y huir de los tribunales de justicia, se ha demostrado igual o aún peor que sus antecesores, un cliente más de las pútridas redes de la impunidad en Guatemala.
Por si la acumulación de pruebas de financiamiento electoral ilícito del oficialista FCN-Nación no fuese suficiente, la escandalosa revelación de los bonos ilegales e ilegítimos que el Ministerio de la Defensa Nacional pagó ratifica la bajeza y la calidad de ratero presidencial que Jimmy Morales realmente es.
En un país en las condiciones de pobreza como las de Guatemala, ¿habrá alguien que todavía defienda la legitimidad de los cheques de Q50 000 mensuales que Jimmy Morales cobró sin ningún escrúpulo? ¿Pensaría acaso el flamante presidente en lo que le estaba robando a todos nuestros niños desnutridos? ¿Habrá alguien que todavía lo reconozca y respete como representante de la unidad nacional?
Desde la crisis que desató en su gobierno el 27 de agosto pasado al intentar expulsar a Iván Velásquez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, los miembros de su gabinete de gobierno que apostaban por intentar hacer algún trabajo honesto no dudaron en presentar su renuncia. Ha quedado demostrado también que solo fueron los primeros, a quienes les siguieron cada vez más funcionarios en cargos medios y altos, incluyendo las autoridades superiores de las carteras de Trabajo, Gobernación y Finanzas Públicas.
Sin ministro de Finanzas competente, ¿quién del Ejecutivo impulsará y defenderá en el Congreso la propuesta para el presupuesto para 2018? ¿Garantizarán las autoridades nuevas de Gobernación que las fuerzas de seguridad continuarán actuando apegados al respeto de los derechos humanos y se abstendrán de reprimir violentamente las protestas ciudadanas? ¿Estarán asegurados los avances que se lograron en el modelo incluyente de salud y su continuidad?
Estas y muchas otras preguntas revelan la irreversible precariedad a la que ya está condenado el gobierno de Morales, un gobierno zombi que no puede administrar las finanzas públicas, asegurar el control democrático de las fuerzas de seguridad y el respeto de los derechos humanos, y garantizar la efectividad del gasto social.
Entonces, ¿por qué mantener a Jimmy Morales en la presidencia? ¿Por qué aceptar espacios de diálogo para oxigenar a un cadáver político? ¿Por qué no ejercer ciudadanía y continuar presionando para que renuncie o sea removido del cargo por los crímenes que ha cometido? La poderosa acción ciudadana del miércoles 20 de septiembre demostró claridad al demandar explícita y directamente la renuncia de Jimmy Morales, la depuración del Congreso y la reforma del sistema electoral y de partidos políticos, empezando por la reforma a la ley que lo regula.
Por ende, en mi opinión, la prioridad debe ser lograr extirpar a Jimmy Morales de la presidencia y darle paso a la urgente y necesaria reestructuración del Gobierno vía mandatos de transición. Una vez logrado ese objetivo, o en simultáneo y si los recursos lo permiten, habría que proceder a la reforma estructural del sistema electoral y de partidos políticos y a la depuración del Congreso.
Así que, ciudadanía guatemalteca, como se ha dicho con claridad, esto es solo el comienzo. Hay mucho qué hacer, y ¡adelante a la juventud de la plaza, que ha resucitado con energía y fuerza para continuar avanzando en la derrota de la corrupción y de la impunidad!
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