Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobadas en 2016 son quizá la causa principal de que el de 2019 sea un proceso atípico comparado con los anteriores. Los plazos más cortos, las restricciones a la propaganda, el valor relativo del voto nulo en caso de que sea mayoritario y un control sobre los medios de comunicación, entre otros, cambiaron las reglas formales de la manera como elegiremos a la IX legislatura, al presidente y al vicepresidente de la república y a las corporaciones municipales.
Además de los aspectos legales y formales, en términos políticos, los casos de persecución penal por delitos vinculados a actos de corrupción presentados desde 2015 por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) también cambiaron el panorama de manera significativa. Hoy, además de temas económicos como el desempleo o el aumento de los precios (que siguen siendo las prioridades para el votante promedio en Guatemala), el discurso de los candidatos respecto a la lucha contra la corrupción y la impunidad se ha posicionado como uno de los temas más importantes del debate político electoral.
Medidas inequívocas de cuán relevantes son estos cambios y de su impacto son las reacciones de los sectores afectados. Por un lado, llama la atención la reacción agresiva y virulenta de la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala, que se lanzó a atacar ante la Corte de Constitucionalidad (CC) los controles estrictos que sobre ellos ahora puede ejercer el Tribunal Supremo Electoral, pues alega violaciones a su derecho constitucional de libertad de empresa. Por otro lado, el pacto de corruptos se muestra cada vez más desesperado y angustiado ante la posibilidad de que el nuevo gobierno no negocie, como era tradición, impunidad para ellos.
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Siendo cambios reales (como lo demuestran estas reacciones agresivas), los ciudadanos habilitados para elegir deberíamos entenderlo como una oportunidad renovada para ejercer poder legítimo a través de lo que los políticos temen muy en serio: el voto. En tanto los políticos continúen percibiendo una ciudadanía babosa, apática y desinteresada, la derrota y condena para Guatemala será total.
Si, a diferencia de los procesos electorales anteriores, los políticos sienten un interés y una presión atípicos por parte del electorado, quizá sería el factor más importante, por encima de los cambios legales y del miedo de los corruptos a ir a la cárcel luego de que dejen su cargos y pierdan la inmunidad. Interés y presión ciudadanos atípicos en Guatemala (aunque normales en otras democracias bien conocidas por su funcionalidad y legitimidad) serían, por ejemplo, acciones bien articuladas para exigir la publicación y explicación de las propuestas de planes de gobierno detallando la oferta electoral y evaluando su sustento técnico en términos de su viabilidad presupuestaria, temporal, y la cantidad y el tipo de recursos que su cumplimiento exigirá.
Que no se nos olvide que el plan de gobierno de Jimmy Morales era un trifoliar con más fotos que texto. Era una advertencia para lo que hoy lamentamos.
Se trata de aprovechar todos los espacios disponibles, desde cuestionar a un candidato en la tarima durante un mitin hasta ganarles la batalla a los netcenters. Todo canal y forma en que los políticos sientan que hay una fuerza que no está bajo su control, que los interpela y les exige. Bien haríamos en lograr que sientan el atípico temor del refrán popular «si así es el camino, ¿cómo será el pueblo?»; en hacerles saber que, si resultan electos, serán sometidos a un control ciudadano fuerte y técnicamente sustentado.
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