La ratificación es un compromiso de Guatemala con el resto de la comunidad internacional, pero sobretodo con la ciudadanía guatemalteca, para que no vuelvan a cometerse crímenes como los del siglo XX en nuestro país. El Estado, el sistema de justicia de Guatemala, no sólo no tolerará crímenes de lesa humanidad en su territorio, sino que de no enjuiciarlos, pondrá a los sospechosos a disposición de la Corte Penal Internacional.
Con esta ratificación se da un paso crucial en la lucha con...
La ratificación es un compromiso de Guatemala con el resto de la comunidad internacional, pero sobretodo con la ciudadanía guatemalteca, para que no vuelvan a cometerse crímenes como los del siglo XX en nuestro país. El Estado, el sistema de justicia de Guatemala, no sólo no tolerará crímenes de lesa humanidad en su territorio, sino que de no enjuiciarlos, pondrá a los sospechosos a disposición de la Corte Penal Internacional.
Con esta ratificación se da un paso crucial en la lucha contra la impunidad y se cumple una de las promesas del discurso de toma de posesión del presidente Otto Pérez Molina, que movió a su bancada y a sus aliados para lograr esta ratificación. Es importante recordar que todavía está pendiente la reforma del Código Penal para añadir todos los delitos que estipula el Estatuto de Roma.
Guatemala es el antepenúltimo de los países en América Latina continental que se adhiere al Estatuto de Roma. El Salvador y Nicaragua son los únicos pendientes. Y en el Norte de América, Estados Unidos, que no sólo no es signatario, sino es un activo opositor. Washington presionaba a países pequeños, como Guatemala, con aprobar un acuerdo para comprometerse a no extraditar nunca a un estadounidense para ser juzgado en la Corte Penal Internacional. De hecho, el dictamen de comisión parlamentaria, auspiciada por el FRG y el bergeísmo, había acompañado el convenio de la CPI de otro acuerdo con los estadounidenses para protegerlos. Afortunadamente, el presidente Pérez Molina y del Congreso fueron más dignos que los gobiernos y legislaturas de entonces y ratificaron el Estatuto sin adendum.
La CPI juzga crímenes de lesa humanidad que hayan sido cometidos de manera sistemática por el Estado, con su aprobación o con su apoyo.
Como sucedió con la aprobación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), muchos militares en retiro y sus simpatizantes se preocupan por los posibles efectos retroactivos de la Corte Penal Internacional. En el caso de la Cicig, como es evidente, no hubo ningún proceso sobre crímenes del pasado.
En el caso de la CPI hay una única posibilidad, sobre la que pronto tendrá que deliberar y decidir la corte en La Haya; sobre su potestad para juzgar un tipo de crimen del pasado: las desapariciones forzadas, que siguen vigentes en la actualidad porque siguen sin aparecer los cuerpos de los detenidos durante los conflictos armados. Desde Colombia se presentó el mes pasado a la CPI una demanda por desapariciones sistemáticas durante los años 80. De la respuesta del Tribunal depende el juicio de este tipo de crímenes en todo el mundo.
Pero esa decisión no cambia esta ratificación que pasó desapercibida en los medios de comunicación y en el debate nacional. Guatemala ha ganado otra credencial para ser miembro pleno de una comunidad de naciones que busca la justicia universal para que nunca queden impunes los crímenes más atroces que puede cometer el ser humano.
