COVID19 Municipalidades pagan hasta cuatro veces más por insumos

Este reportaje, elaborado por Ojoconmipisto, forma parte de una investigación regional, liderada por la red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red PALTA), que integran Datasketch de Colombia, El Faro de El Salvador, la diaria de Uruguay, La Nación de Argentina, Ojoconmipisto de Guatemala, OjoPúblico de Perú y Poder de México, apoyado por Hivos y Open Contracting Partnership. Para leer sobre el sistema de compras y contrataciones de América Latina también puedes ingresar al sitio de la Red Palta.

Una semana antes de que se detectara el primer caso de coronavirus en Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei declaró estado de Calamidad Pública.  Esta medida permite a las municipalidades y otras entidades públicas a gastar más dinero, en menos tiempo, sin tener que realizar concursos públicos.

Desde el 6 de marzo, Guatecompras.gt registra las adquisiciones para la crisis. Al principio se enfocaron en galones de alcohol en gel, desinfectantes, cloro y pipas de agua. Pero fue la adquisición de tapabocas la que evidenció que la emergencia es también una oportunidad para hacer negocios.

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Este tipo de compras sucede en otros países de Latinoamérica, como lo muestra una investigación conjunta de la Red Palta. La constante es adquirir de forma directa a determinado proveedor, lo que aumenta el riesgo de obtener productos a mayor costo sin tener otras ofertas que ofrezcan calidad.

Por ejemplo, la municipalidad de Villa Nueva pagó Q110 por una N95, cuatro veces el precio de referencia establecidos por Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco). Amatitlán pagó Q48.50 e Ipala (Chiquimula), Q50.

Un día después de que Ojoconmipisto denunciara estas compras, Villa Nueva canceló el contrato bajo el argumento de que el proveedor no cumplió con entregarlas en el plazo establecido. La Contraloría General de Cuentas investiga los otros dos procesos.

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La prioridad en adquirir estos productos cambió cuando el gobierno central anunció la entrega de alimentos a 200,000 familias que viven en condiciones de pobreza o que sufrieron la pérdida de ingresos como consecuencias de las medidas para contener la pandemia.

En mes y medio de emergencia, al menos 60 de las 340 municipalidades del país optaron por adquirir insumos de la canasta básica. Al menos 120 compras de este tipo suman Q21.9 millones. El monto representa el 75% de las 269 adquisiciones realizadas.

Esta es la información que está disponible en Guatecompras.gt, en el apartado “Tablero  de Control Estado de Calamidad” habilitado para las compras por COVID19, este registra compras, donaciones y gasto público. Sin embargo, no todas las municipalidades han hecho adquisiciones bajo esta norma.

Constructoras que se transforman

En Nebaj (Quiché), a cinco horas de la ciudad de Guatemala, hay 14,708 hogares. El 66% obtiene agua por tubería propia, un 28% fuera de la vivienda, y el resto de fuentes como camiones, río o lluvia.

Esta municipalidad ha realizado compras de alimentos para familias en pobreza, valoradas en Q2.9 millones, a La Chuilense, una empresa cuyo perfil era hasta antes de la pandemia, una constructora y ferretería fundada en noviembre de 2019. En su historial como proveedor figura la venta de piedrín, arena y cemento a otra alcaldía vecina. Pero en este caso, se encargó de llevar aceite comestible, arroz, azúcar, frijoles, sal y maíz.

En este concurso, abierto al público durante solo un día, participaron siete oferentes y no hubo una junta calificadora integrada por tres empleados municipales. En condiciones normales se hubiera exigido una licitación pública por la cantidad de dinero y esperar al menos mes y medio para adjudicar. Con la declaración de emergencia, estos requisitos de Ley de Contrataciones del Estado se omitieron. Para el proceso bastó con la firma del alcalde, que es abogado, y la de un empleado.

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Otro ejemplo es San Francisco El Alto (Totonicapán). Las personas detectadas con la enfermedad fueron deportadas por Estados Unidos el 30 de marzo. Datos del censo 2018 registran 10,726 hogares y de estos, el 62% cuenta con agua entubada y 10 por ciento con tubería fuera de su casa. Estos últimos deben transportar el agua en recipientes para su uso.

Domingo Paxtor Oxlaj, concejal I, pidió destinar fondos para la compra de alimentos ya que la orden presidencial de cerrar los mercados y evitar aglomeraciones dejaba sin fuente de ingreso a una buena cantidad de vecinos. El alcalde contrató a Proyecto Armada, S.A., con sede en el distrito metropolitano, por Q900,000 para alimentos básicos.

El alcalde, José Manuel Gómez García, ocupa por primera vez el cargo en este municipio. El único documento público emitido por el Concejo es un acuerdo que autoriza comprar granos. No se realizó un concurso público y tampoco hay información de cuántos productos adquirieron ni a qué precios.

Ambas contrataciones, las de Nebaj y San Francisco El Alto, tienen en común que omiten procesos que en situaciones sin crisis tomarían entre 30 y 40 días, y varias ofertas. Los gobiernos locales deben publicar todos los documentos de respaldo antes y durante la licitación, y ahora ese requisito es más flexible pues puede realizarse diez días después de la adjudicación.

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Esta modalidad se denomina compra por excepción y se puede utilizar solo en situaciones de emergencia. El decreto 5-2020 no obliga a las instituciones a realizar un concurso para ello.

La Antigua Guatemala (Sacatepéquez) es otro ejemplo Gastó Q207,000 en la compra de frijoles. Cada quintal lo adquirió a un precio superior del 60% sobre el precio recomendado por la Diaco, una entidad adscrita al Ministerio de Economía que monitorea los precios.

La Contraloría General de Cuentas, entidad que audita los fondos públicos, investiga a seis municipalidades por comprar alimentos a altos precios, entre ellas figura La Antigua. Pero lo hace a su propio ritmo. Por la emergencia, no todo el personal labora de manera presencial sino solo los que los subcontralores autoricen. El resto lo hace desde casa y espera las disposiciones del gobierno central para retomar actividades. 

Prioridades municipales

Las compras de alimentos son una necesidad para los municipios más pobres, que han visto mermadas sus actividades laborales por la crisis, considera Luis Linares, investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes). El experto cre que es inevitable que esto conlleve al clientelismo de parte de los alcaldes.

El gobierno central y las municipalidades no se coordinan para este tipo de apoyos.

Por un lado, el Ejecutivo anunció la entrega de cajas de alimentos para las áreas urbanas citadinas obtenidas a partir de donaciones, y por el otro las autoridades locales deben cubrir este gasto con sus propios recursos.

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Esto sucedió en Patzún (Chimaltenango), un municipio que registró el primer caso comunitario en el país. El Ministerio de Salud estableció un cordón sanitario desde el 5 de abril, lo que impidió que los vecinos y comerciantes puedan salir y entrar al lugar de 58 mil habitantes. Esto dificultó el traslado de productos de subsistencia. El gobierno central cubrió la entrega de alimentos, pero la municipalidad asumió los costos del traslado.

Una contratación que pasó a segundo plano fue llevar agua a las comunidades. Al menos 20 de las 269 compras municipales de emergencia están relacionadas con este tema.

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Transparencia a medias

Los gobiernos locales cuentan con otras ventajas durante la emergencia, ya que pueden realizar compras directas por hasta Q300,000 según lo estableció la Ley de Emergencia. Este tipo gastos deben tener relación con lucha contra la pandemia. En condiciones normales, el monto debe ser menor a los Q90,000. 

Al cierre de este reportaje, seis alcaldías de las 340 utilizaron en nueve ocasiones esta modalidad temporal para adquirir alimentos y equipo para reparar el sistema de agua potable por un monto que suma 1.8 millones de quetzales. Los alcaldes pueden utilizar esta forma o las compras por excepción, ambas les permiten comprar en menos tiempo y con un solo oferente.

La opacidad en estos procesos también ha sido constante en Guatemala durante la emergencia. Los tiempos de la Ley de Acceso a Información Pública se vieron afectados por el estado de Calamidad. El Procurador de Derechos Humanos, garante de esta norma, congeló los plazos de las solicitudes de información con un acuerdo interno mientras todo volvía a la normalidad.

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Esto cambió el 2 de abril, ya que la Ley de Emergencia estableció que todos los días volvían a ser hábiles. Sin embargo, esto no siempre se cumple. Algunas dependencias responden parcialmente porque no todo el personal está trabajando, otras piden prórrogas.

Ahora bien, no toda la información proporcionada por las instituciones está en formatos abiertos. El tablero habilitado por el ministerio de Finanzas para la emergencia proporciona estos datos, pero no detalla los productos recibidos para identificar los precios unitarios.

Al 28 de abril, Guatemala había recibido 88 donaciones (en especie y efectivo) que representa un monto de 41,167,000 quetzales. Mientras que la ejecución de fondos públicos asciende a 42.3 millones de quetzales, un 4% del total que se tiene previsto gastar.