Si en el país la detención preventiva de los acusados ha venido a demostrar que para el ente persecutor nacional y para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) no hay amigos o enemigos, sino supuestos infractores de la ley, y que con la denuncia detallada son los jueces nacionales los que han decidido la detención de los implicados, en Honduras los impactos han sido también contundentes.
Como se sabe, el expresidente debía viajar a Honduras para liderar una comisión de la OEA que, supuestamente, apoyaría la elaboración de una reforma electoral y política que acabará con la crisis que el fraude electoral produjo. Sin embargo, ante la detención del expresidente guatemalteco, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dispuso no solo comunicar inmediatamente al presidente Hernández que la comisión seguirá adelante, sin indicar aún quién la dirigirá, sino, lo lamentable, hacer pública su descalificación al trabajo realizado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), apoyada por ese organismo, aunque financiada con recursos europeos y estadounidenses.
Almagro, urgido nadie sabe bien por quién, dispuso quitarse la careta y de un plumazo poner contra la pared a una comisión que, como indica en su carta de renuncia irrevocable el peruano Juan Jiménez Mayor, hasta ayer responsable de esta, no solo no ha contado con el apoyo decidido del secretario general, sino que en varias circunstancias se ha plegado a los intereses políticos de las mafias que se han apropiado del poder en Honduras. Si bien la comisión de observación de la OEA, precisamente presidida por el hoy detenido Álvaro Colom, propuso con sólidos argumentos que la única opción era la repetición de las elecciones, Almagro, siguiendo los compases del tambor del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no solo tiró a la basura tal propuesta, sino que se apresuró a reconocer a un candidato manchado por un fraude más que evidente.
Cuando uno de sus allegados, el mexicano Jacobo Domínguez, debió salir de Honduras por acusaciones de la sociedad civil de estar coludido con el Gobierno en las modificaciones ilegales y subrepticias de las leyes de transparencia, no solo él guardó silencio, sino, como denuncia, el ahora exresponsable de la Maccih lo recontrató con cargo a esa misión, pero lo mantuvo sin tareas explícitas en Washington.
En todo este lance, la OEA no solo ha perdido la poca credibilidad que aún podría tener, sino, lo más preocupante, está llevando a Honduras a un callejón sin salida en su lucha contra la corrupción y la impunidad. Vocero desafinado de los intereses estadounidenses, ataca a Maduro en Venezuela, pero protege a Hernández en Honduras.
A pesar de los bloqueos institucionales y financieros y de las manipulaciones corruptas que desde el PRI mexicano se le han hecho, la Maccih ha conseguido grandes logros en la lucha contra la impunidad, pero todo indica que el proyecto real de Almagro y Hernández es hacer como que se combate la corrupción, pero de tal modo que en la práctica todo siga igual.
En Guatemala, esa es la expectativa de los sectores más comprometidos con la corrupción y la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Todo parece indicar que los asesores israelíes de Juan Orlando Hernández y de Jimmy Morales son los mismos, al grado de que ya hay diputados guatemaltecos queriendo copiar y aprobar, de urgencia nacional, la ley que en Honduras obliga a la Fiscalía a no perseguir crímenes contra el patrimonio —corrupción— mientras la Contraloría no dé por finiquitados sus cuestionamientos.
Guatemala y Honduras padecen el mismo mal, arraigado, por lo que parece, en lo más profundo de sus clases políticas. La Cicig ha sido una gran ayuda para la persecución penal, pero también lo ha sido porque en sus diez años de permanencia, a trancas y rempujones, ha logrado que se aprueben leyes que ahora tienen a los corruptos y corruptores a punto de ser condenados. La Maccih podría seguir el mismo camino, pero tal parece que Almagro, a diferencia de Guterres en la OEA, se ha puesto de alfombra a los intereses de las mafias hondureñas.
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