Conmemoraciones e Historia

Un largo y penoso proceso sobre el que también es muy necesario reflexionar críticamente para comprender los verdaderos alcances y límites de un bicentenario que vaya más allá de las recordaciones y los festejos.

 La Historia, como ciencia de los hombres en el tiempo, nos advierte que la institución de las fiestas cívicas de independencia estuvo ajustada al desarrollo de los Estados nacionales. Con el decreto del 11 de septiembre de 1824, la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América adoptó el 15 de septiembre como fecha memorable en recuerdo del primer pronunciamiento de independencia en 1821 como un intento por empezar a modelar un recuerdo compartido entre las poblaciones del istmo de un proceso complejo y diferenciado, tal y como son hoy cada una de sus sociedades.

Aunque Centroamérica no tuvo que sostener guerras de independencia como sucedió en otros países del mundo hispánico, no estaría al margen de la tormenta anticolonial que generaron la independencia norteamericana de 1776, la revolución francesa de 1789 y los levantamientos de Hidalgo y Morelos en México.

San Salvador, León y Granada se levantaron en contra de las autoridades coloniales y los privilegios económicos de los miembros del cabildo de Santiago de Guatemala, dando inicio a un movimiento anticolonial centroamericano que al conjugarse con la caída del imperio español y la proclamación de Iturbide como emperador de México, dio lugar a la proclamación de la independencia por parte de las élites centroamericanas para así adelantarse a cualquier intento de movilización popular que impugnara su poder político.

Al fracasar los efímeros proyectos de anexión al imperio mexicano y de la federación centroamericana, cada Estado tomó caminos diferentes y desde 1823 hasta la actualidad, siguen afrontando la tarea de luchar contra la incertidumbre de sus frágiles democracias. Queda la tarea de que el recuerdo compartido de esa Historia común se traduzca en la construcción de una comunidad política común, en la que todos los ciudadanos estemos debidamente representados para contar con condiciones de vida que nos lleven hacia un desarrollo social incluyente. Es lo que nos enseña este pasado presente.