Sandra Torres, el comodín del pacto oficial
Sandra Torres, el comodín del pacto oficial
En Guatemala hay un pacto. Una alianza de diferentes partidos políticos, pero con intereses comunes. Es una federación de facto con más visibilidad en el Congreso, pero que se extendió a todas las instituciones del Estado guatemalteco. Este pacto está por llegar a la recta final del juego que definirá cómo será el ritmo de los próximos cuatro años en el país y en esta competencia. Sandra Torres Casanova es una baraja marcada que, quien la tenga de su lado, tiene altas probabilidades de ganar la partida.
Sandra Torres se convirtió en un comodín en la política de Guatemala. No solo porque es vista como una contendiente electoral fácil de vencer, sino porque al traicionar a sus antiguos colaboradores incrementó el poder del presidente Alejandro Giammattei desde el Congreso, donde se toman muchas de las decisiones más importantes del país. Su bancada inclina la balanza en las votaciones.
Torres es necesaria para la alianza oficial, que también se fortalece con partidos políticos como Vamos, Valor, Unionista, Todos, FCN-Nación, Creo y Pan. Es necesaria porque aporta varios de los votos para aprobar leyes en el Legislativo y porque la participación de Torres y la marca de su partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), suponen un ambiente conocido para la mayoría de partidos.
Esta es una fotografía de la figura de Sandra Torres, que esta vez conduce un vehículo sin tanta fuerza, y que se ha rodeado de las viejas redes clientelares de la UNE, algunas vinculadas directamente con el narcotráfico, con figuras corruptas y con pastores evangélicos, como su propio candidato a vicepresidente, Romeo Guerra, que obedece a una estrategia para conquistar el «voto conservador», según la visión del partido, es el causante del antivoto de su principal figura.
Para este reportaje, Plaza Pública pidió en repetidas ocasiones entrevistas con Sandra Torres y Romeo Guerra, para hablar sobre su plan de trabajo y para que explicaran por qué la UNE está armada de esta forma ahora. Pero ninguno de los dos accedió.
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«Sandristas», pastores y la herencia de viejas redes clientelares
Sandra Torres, de 67 años, ha sido la principal aliada de Alejandro Giammattei durante los últimos cuatro años. Ella y sus diputados fieles, los «sandristas», le llaman «oposición constructiva» a los votos a favor de las propuestas de Giammattei. El bloque controlado por Torres fue clave para poner en marcha una aplanadora en el Congreso que aprobó, sin chistar dentro del hemiciclo, todas las propuestas del Ejecutivo.
Entre las iniciativas que logró la alianza oficialista hubo cuestionados presupuestos generales de la nación que dejaron de priorizar temas como salud y educación, aprobación de proyectos de infraestructura que se ejecutan en plena campaña electoral, millonarios subsidios a los combustibles, al gas propano y a la electricidad que no han llegado a la población en condiciones más precarias, esa población que, según dice Sandra, le quita el sueño.
Pero la UNE también ha sido determinante en elecciones de segundo grado que han influido en los comicios de 2023, como la de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que este año han tomado decisiones discrecionales a la hora de inscribir candidatos y para sancionar las infracciones a las normas electorales.
Sandra Torres también ha cumplido, en el tablero electoral, el papel de una ficha que el sistema ha utilizado a su conveniencia, al menos en las últimas dos elecciones generales. Paradójicamente, su antivoto, lejos de sepultarla políticamente, la ha mantenido vigente y con una importante cuota de poder. Ese voto en contra que se multiplica en las segundas elecciones presidenciales, la han convertido también en la pieza clave para hacer presidentes.
Para estas elecciones, Torres y la UNE terminaron de dar el timonazo hacia el conservadurismo. Según una fuente del partido, esto no es por convicción de la candidata, sino con el único fin de reducir el antivoto en las regiones urbanas donde el rechazo hacia ella es fuerte. «Hemos cambiado de estrategia. He estado más atenta a los problemas de la capital, de lo urbano, de los municipios de Guatemala», precisó la candidata en una entrevista en Canal Antigua.
El nuevo discurso de Torres y sus candidatos también confirman que Sandra busca a toda costa reducir los votos en contra. Incluso ha llegado al extremo de negar parte de la ideología base con la que se conformó la UNE. «He tenido que aclarar muchísimas veces que el comunismo no existe y no existe el socialismo. Apoyar programas sociales no es ser socialista, son dos cosas distintas», dijo Sandra en la misma entrevista.
Torres ya no habla de justicia social, de equidad ni de derechos humanos como en sus anteriores campañas lo hacía constantemente. Ahora solo menciona a Dios y a la familia como los centros de su plan de gobierno. La UNE cada vez se parece más a los partidos Vamos y Valor.
Sus declaraciones contradicen a la Sandra del pasado. Por ejemplo, en 2013 la candidata publicó en Facebook: «En la Unidad Nacional de la Esperanza somos un partido socialdemócrata que tenemos al centro de nuestra propuesta a la persona, al ser humano. Creemos en un Estado fuerte, pero también en un Estado incluyente, participativo. Rechazamos la discriminación, la exclusión».
El politólogo y sociólogo Luis Mack, opina que las declaraciones de Torres son una respuesta políticamente correcta. Pero deja al descubierto las contradicciones de Sandra y que a la vez pierde valor como opción presidencial. «Es como negar su origen, pero básicamente es un intento de hacerse más aceptable para que el sistema no la vete».
Ese mismo ánimo de conquistar parte del voto conservador provocó que Sandra Torres eligiera al pastor de la iglesia evangélica Sión, Romeo Estuardo Guerra Lemus, como compañero de fórmula. Guerra aseguró en enero pasado a Plaza Pública, durante su proclamación, que había dejado de ser pastor hacía «algunos meses» y que no tenía impedimento para postularse al cargo.
El artículo 186 de la Constitución Política de la República prohíbe postularse como candidato a la Presidencia o Vicepresidencia, a los ministros de cualquier religión o culto. Sin embargo, pese al veto que también acabaría con la candidatura de Torres, el TSE y las cortes de justicia rechazaron las acciones legales del partido Todos contra la inscripción del binomio de la UNE en la contienda electoral de 2023.
Las fuentes a lo interno del partido Une cuentan que Romeo Guerra fue una de las tantas opciones que Sandra Torres barajó como posibles candidatos a la Vicepresidencia. Según esas versiones, la secretaria general también contempló al menos a otros dos pastores evangélicos para completar el binomio: uno fue Robin Agustín García Hernández, comisionado de Alejandro Giammattei «para la libertad religiosa»; y el otro, Sergio Guillermo Enríquez Garzaro, hijo del pastor Sergio Enríquez, líder de la iglesia evangélica Ministerio Ebenezer.
Enríquez Garzaro, quien deberá enfrentar juicio por lavado de dinero por el supuesto desfalco en la Municipalidad de Chicamán, Quiché, está inscrito con la UNE en la tercera casilla de candidatos a diputados por Lista Nacional. El TSE no le aplicó, como a otros candidatos, el artículo 113 de la Constitución que les exige a quienes opten a cargos públicos ser «capaces, idóneos y honrados».
Durante el gobierno de Giammattei, Enríquez Garzaro ha cobrado 266 mil 565 quetzales en el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) por comerciales transmitidos en su radio Rhema Stereo, según datos del portal Guatecompras.
Estos cambios en la estructura de la UNE llegan justo después de que el partido estuvo a punto de desaparecer por disputas internas, entre un grupo de diputados de esa bancada y Sandra Torres.
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El sandrismo recluta figuras de Todos, Lider y ligados al narcotráfico
El quiebre entre las facciones del bloque Une se inició desde 2020, cuando los «sandristas» apoyaron la elección de Allan Rodríguez como presidente de la junta directiva del Congreso, dice el diputado electo por la UNE, Mario Taracena, quien ya no buscará la reelección porque el partido Vos no lo postuló. La planilla opositora al oficialismo para presidir el parlamento al inicio de la legislatura, la encabezó el diputado de la UNE, Orlando Blanco, pero Sandra Torres lo traicionó al ordenar que votaran por Rodríguez.
Desde entonces, Blanco y otros diputados con más experiencia y peso político en la UNE, como el mismo Taracena, Carlos Barreda y Óscar Argueta, se distanciaron de Torres e iniciaron una batalla legal para quitarle a Sandra el control del partido. Sin embargo, la secretaria general tuvo de su lado al TSE y a las cortes de justicia, las que le allanaron el camino no solo para mantenerse al frente de la agrupación, sino para postularse como candidata presidencial posteriormente.
A falta de cuadros fuertes en el partido, Sandra Torres recurrió a viejas redes clientelares entre las que se cuentan acusados de corrupción, vinculados con el narcotráfico y proveedores estatales, para mantener su caudal electoral principalmente en zonas rurales.
Algunas de estas estructuras político-electorales también estuvieron ligadas con el partido Lider de Manuel Baldizón, como la del exdiputado Julián Tesucún Tesucún, un viejo «cacique» que, después de un receso, intenta volver como alcalde de San José, Petén.
Tesucún es un político cercano a la familia Mendoza de Izabal, un clan al que un tribunal halló culpable por despojo de tierras y lavado de dinero, a quienes el exalcalde y exdiputado dio millonarios contratos de obra cuando dirigió la comuna de San José, según una investigación de Plaza Pública. Además, Insight Crime identifica a los Mendoza como una organización dedicada al narcotráfico.
Pero no es el único candidato con vínculos con el narcotráfico. Este año, la UNE reclutó a la planilla de Arnoldo Vargas Estrada, el alcalde de facto en Zacapa. Aunque Vargas, un narcotraficante que cumplió una condena en Estados Unidos, no se postula oficialmente, su presencia en la municipalidad atrae votos.
Siempre en el oriente, la UNE mantiene en sus filas al alcalde que, en todo el país, lleva más períodos en una alcaldía. En enero de 2024, Álvaro Rolando Morales Sandoval, jefe edil de Quezaltepeque, Chiquimula, acumulará 26 años en la silla edil.
Otra exdiputada que formó parte de Lider y que ahora busca convertirse en alcaldesa de Aguacatán, Huehuetenango, es Mirza Judith Arreaga Meza. Mientras que el exlegislador del partido de Baldizón, Luis Adolfo Chávez Pérez, busca retornar al Congreso en la tercera casilla de candidatos por San Marcos, ahora con la UNE.
Chávez y Arreaga fueron acusados en 2015, por la Cicig, de traficar influencias para ejecutar proyectos con fondos del Ministerio de Desarrollo Social. Chávez recibió una condena de tres años de cárcel por ese delito, mientras que el proceso de Arreaga, hasta 2021, estaba pendiente de iniciar juicio.
Otra estructura de candidatos a alcaldes cuestionada es la que controla Antonio Coro, exalcalde de Santa Catarina Pinula, quien deberá enfrentar juicio por el homicidio culposo de las 280 personas que fallecieron en 2015, por un alud de tierra que sepultó la comunidad El Cambray II.
Una fuente política asegura que Coro, hoy candidato a la alcaldía capitalina de la UNE, controla una estructura de candidatos en el departamento de Guatemala, que junto con él migran a diferentes partidos en cada elección.
El grupo lo completan Víctor Gonzalo Alvarizaes Monterroso, actual candidato a dirigir Santa Catarina Pinula; Erick Estuardo Pocasangre Morán, en busca de la comuna de Villa Canales; además de Rafael Eduardo González Rosales, quien aunque no logró ser inscrito como aspirante a la alcaldía de San Miguel Petapa porque fue condenado por fraude y robo de fondos municipales, quien le sigue en la planilla es Alma Leticia Pereira Ibarra, su esposa.
Esa red clientelar que controla Coro, que antes de estar en la UNE mantuvo negociaciones con Edmond Mulet, le ha permitido al exalcalde ganar contratos principalmente en comunas cercanas al área metropolitana, a través de su pareja María de los Ángeles Paz Cordón, como lo reveló el medio Ojoconmipisto.
Y aunque el partido Todos pareciera enemigo político de la UNE, por las constantes acciones presentadas este año contra su binomio presidencial, Sandra Torres reclutó a antiguos integrantes de ese partido. Un caso particular es el de Alejandra María Teodolina Valencia Melgar, candidata a diputada por Lista Nacional en la casilla 18 con la UNE, pero al mismo tiempo financista del partido Todos, según datos del TSE.
Valencia, además, tiene una plaza 022 en el Congreso, como asesora del diputado de la UNE por Escuintla, Vitelio Lam.
Otro candidato en la Lista Nacional de la UNE, en la casilla 16, es Allan Orlando Castañeda Orellana, presidente de la organización Agroestanzac que, en 2018, recibió 1 millón 38 mil 565 quetzales del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (Fonagro) y que, además, fue la proveedora de materia prima para la empresa Tabacos de Zacapa, creada en 2019 por el entonces presidente de la República, Jimmy Morales, según una investigación de elPeriódico.
La nota periodística señala que antes de recibir el aporte del Fonagro, Castañeda fue contratado en el Congreso por recomendación del diputado Felipe Alejos, uno de los principales aliados de Morales. Continúa en el Legislativo, pero ahora como asesor del bloque UNE con sueldo de 22,000 quetzales mensuales.
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Los espacios con más posibilidades de lograr un escaño son para los familiares de Sandra Torres. En la segunda casilla de la Lista Nacional se encuentra Lourdes Teresita De León Torres, hija de la candidata presidencial. Dos hijos más de Sandra compiten por el Parlacen: Edgar Antonio De León Torres ocupa el segundo puesto, mientras que Sandra Raquel de León Torres se postula en la quinta casilla como candidata suplente al Parlacen.
Del dinero de los Zetas al financiamiento ilícito
La historia de la Une, el tercer partido más antiguo del país después del PAN y la URNG, se puede contar a través de su financiamiento no oficial.
En 2007, cuando la organización alcanzó el poder y llegó a su apogeo, salieron a flote tres estructuras potencialmente corruptas que recaudaban dinero para las campañas electorales, dos de estas vinculadas directamente con el narcotráfico, como lo señaló un informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La primera de estas estructuras era la de Obdulio Solórzano, un antiguo operador de la UNE, quien en 2003 se había convertido en diputado por Escuintla y cuatro años más tarde en recaudador de fondos para la campaña. Después del ascenso al poder de la UNE, el entonces presidente Álvaro Colom nombró a Solórzano como director del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), donde otorgó contratos públicos a Ottoniel Turcios Marroquín, alias «el Loco», un narcotraficante de Alta Verapaz, señalado de tener estrechos vínculos con Los Zetas.
Solórzano fue asesinado en 2010 y en ese mismo año, la DEA capturó a Turcios y lo extraditó a Estados Unidos. Tras una condena en ese país, «el Loco» volvió a Guatemala, donde supuestamente continuó con sus relaciones con políticos, como la legisladora Lilian Piedad García Contreras, exmilitante de la UNE.
También en 2010, Los Zetas pidieron a un locutor de radio que leyera al aire un mensaje dirigido a Álvaro Colom, en el que le reprochaban un aporte de 11.5 millones de dólares que el grupo le había entregado al entonces presidente en 2007, antes de que finalizara el proceso electoral de ese año. Sobre ese señalamiento nunca se conoció alguna investigación.
La segunda estructura giraba en torno a Gloria Torres Casanova, hermana de Sandra y una de las fundadoras de la UNE, a quien la Cicig la señaló de recibir financiación de narcotraficantes como Juan Ortiz López, apodado «Chamalé». Además, un audio filtrado al diario elPeriódico reveló una conversación, de 2011, entre una de las hijas de Gloria y Waldemar Lorenzana Cordón, integrante de una organización de tráfico de drogas, en la que quedó al descubierto una vez más cómo se manejaban las redes corruptas y sus financistas dentro de los partidos políticos.
Uno de los socios de «Chamalé» para el trasiego de drogas en el suroccidente del país fue Erik Suñiga Rodríguez, alias «el Pocho», quien entonces dirigía la alcaldía de Ayutla, San Marcos, municipio fronterizo con México. Una fotografía publicada por elPeriódico revela la cercanía de Torres y Colom con «el Pocho», quien falleció en 2020 tras ser extraditado a EE.UU. por narcotráfico.
La tercera red identificada en la UNE estaba supuestamente liderada por Gustavo Alejos Cámbara, el secretario privado del presidente Colom. Alejos, empresario farmacéutico quien en ese entonces administraba la empresa JI Cohen, actuó como recaudador y financista de la UNE en más de una campaña electoral. Durante el gobierno de la UNE, Roberto Alejos Cámbara, hermano de Gustavo, se mantuvo como presidente del Congreso durante tres años consecutivos.
En 2015, la Cicig reveló la investigación «Negociantes de la salud» una red, de la que Gustavo Alejos era operador, cuyo fin era inclinar las compras millonarias de medicamentos en el IGSS hacia determinados proveedores, a cambio de sobornos. En mayo de 2023, Gustavo Alejos y otros acusados en ese caso aceptaron los cargos que les imputó el Ministerio Público (MP).
Gustavo Alejos es un engranaje que la maquinaria electoral de la UNE utilizó por varios años. Los papeles que Alejos ha jugado en la política nacional también dicen mucho de la actual secretaria general y candidata presidencial Sandra Torres.
En 2019, un día después de que Torres fue inscrita como candidata presidencial en esa contienda y obtuvo inmunidad, la fiscal general del MP, Consuelo Porras, autorizó que el caso por financiamiento ilícito de la UNE saliera a luz. Los anteriores investigadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) documentaron que el partido ocultó 19.5 millones de quetzales gastados en la contienda electoral 2015, cuando Torres compitió por primera vez por la Presidencia.
Pero lo grave del caso no era la omisión de la UNE en reportar al TSE esos fondos, sino que parte de estos provenían, supuestamente, de sobornos que cobraba una estructura, a cambio de agilizar la devolución del crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Las pesquisas señalaron que los integrantes de la UNE utilizaron un entramado de empresas para ocultar el origen de su financiamiento; además, usaron tres entidades de cartón para recibir los aportes, esta fueron: Maariv, Sociedad Anónima; Promotora de Recursos Habitacionales, Sociedad Anónima (Prohabsa) y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Sociedad Anónima.
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Sandra Torres continuó por la protección de la justicia
La presidenciable fue protegida por Consuelo Porras hace cuatro años, al no presentar el caso antes de que la máxima dirigente de la UNE obtuviera inmunidad como candidata. Torres compitió, llegó a segunda vuelta e hizo presidente a Alejandro Giammattei gracias al antivoto que ella genera, empujado por una «alianza estratégica» de organizaciones políticas que se volcaron para apoyar al entonces candidato.
Una persona que conoció de cerca las investigaciones del caso por financiamiento y que pidió no ser identificada en esta publicación por temor a represalias, dijo a Plaza Pública que el papel que Sandra Torres desempeñó en esta trama fue importante porque en las interceptaciones telefónicas se comprueba cómo ella estaba al tanto de la recaudación del dinero para utilizarlo en la campaña.
En la estructura que la FECI reveló en 2019, Gustavo Alejos también fue sindicado como recaudador del partido que dirigió Sandra Torres. Una de las interceptaciones telefónicas reproducidas en tribunales durante el desarrollo del proceso fue una en la que se escucha a Torres y a Gustavo Alejos, conversar entre risas, sobre el supuesto aporte de 40 millones de quetzales a la campaña de la UNE, de parte del constructor Gabriel Guerra.
La persona que tiene detalles sobre las pesquisas de 2019 indicó que la investigación no pudo determinar cómo utilizó la UNE el dinero que supuestamente aportó Guerra. No obstante, el caso contaba con varias declaraciones testimoniales, entre estas la de Per Michael Erichsen Rydhager, representante de la empresa Unipharm, quien indicó que aportó 500,00 quetzales a la campaña, de los cuales entregó 250,000 por medio de un cheque, personalmente a Sandra Torres en ocasión de la segunda vuelta electoral 2015, cuando la candidata perdió la contienda contra Jimmy Morales.
Otro de los actores fundamentales en esta estructura, según la investigación de la FECI, fue el empresario Mario Roberto Leal Castillo, cuya familia es dueña del ingenio azucarero Magdalena. Leal, quien se encuentra prófugo sindicado de cobrar sobornos por devolución de crédito fiscal en la SAT, era quien controlaba las empresas Maariv y Prohabsa para ocultar el financiamiento de la UNE.
Cuando se presentó el caso, la estructura fue señalada de asociación ilícita y de financiamiento electoral no registrado, este último un delito creado en 2018 por el que diputados que entonces eran aliados de Sandra Torres, y que hoy están enemistados con ella, votaron a favor por el beneficio para ellos que esto representaba.
La creación de ese delito fue clave para los intereses de Torres, así como de políticos y empresarios sindicados de ese acto ilícito porque les permitió a todos obtener una especie de amnistía, debido a que los hechos por los que se acusó a Torres ocurrieron en 2015, antes de la creación del delito de financiamiento electoral no registrado. La Corte de Constitucionalidad (CC) falló a su favor al indicar que este no tiene efecto retroactivo.
Sandra Torres no pierde oportunidad en cada mitin para mentir sobre el caso de financiamiento ilícito en su contra. Dice que el delito por el que la sindicaron «se lo inventaron» o que este «no existe». Lo cierto es que una alianza de partidos creó un nuevo delito y así libró del castigo a políticos y financistas.
Torres también negó en repetidas ocasiones y en tono molesto que Gustavo Alejos haya sido recaudador de fondos del partido, pese a que hay abundantes pruebas que botan el discurso de la candidata.
Además, la gestión de Consuelo Porras favoreció de nuevo a Torres a solo un mes de la convocatoria a las elecciones generales 2023, cuando la FECI que ahora dirige Rafael Curruchiche no apeló el cierre del caso decretado por la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez.
Ese cierre también benefició a otros diputados que fueron señalados en 2019 y que ahora se postulan con el partido Vos. Ellos son Karina Alexandra Paz Rosales, Jairo Joaquín Flores Divas y Julio Ixcamey Velásquez. Los primeros dos buscan la reelección e Ixcamey ahora compite por ser alcalde de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
También se libraron de esa investigación el diputado Jorge Estuardo Vargas Morales, fiel a Sandra Torres y que este año busca ser diputado al Parlacen con la UNE en la primera casilla, así como los alcaldes de Nebaj y Chiché, ambos de Quiché, Pedro Raymundo Cobo y Ángel Ren Guarcas, que este año se postulan con el partido Cabal de Edmond Mulet.
Cuando Plaza Pública le preguntó a Curruchiche ¿por qué la FECI no apeló el cierre del caso de financiamiento ilícito de la UNE?, el fiscal aseguró: «No se apeló el sobreseimiento (cierre) derivado de la deficiente investigación que se llevó a cabo, es lo único que yo le puedo comentar». Al pedirle que especificara las «deficiencias», Curruchiche no supo responder, y al indagar sobre los detalles de la investigación, que son públicos, el jefe de la FECI se limitó a decir «no me recuerdo de todo eso que me está diciendo ahorita».
Las tres veces que el TSE salvó a la UNE de cancelación
Pese al historial de financiamiento ilícito del partido UNE, así como las infracciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en su integración, en los últimos cinco años el TSE ha mantenido con vida al partido de Sandra Torres.
La primera vez que el TSE evitó la anulación de la UNE fue en julio de 2017, pese a que una auditoría interna del tribunal detectó anomalías en las finanzas de ese partido, al ocultar gastos de campaña, entre estos el pago de horas de vuelo para el traslado de candidatos a actividades políticas.
Mientras que la segunda, el TSE la hizo sin mayor explicación técnica, y ocurrió después de que los actuales magistrados tomaron posesión. A petición de la FECI, por el caso de financiamiento ilícito, en diciembre de 2019, el anterior tribunal electoral inició el segundo proceso de cancelación de ese partido.
Entre 2020 y 2021, en medio de la emergencia por el COVID19, el tribunal llegó al extremo de utilizar una figura que no contempla la LEPP, con el fin de que la UNE no fuera cancelada. Este y otros casos los calificó como «procesos de cancelación en análisis». Del segundo proceso contra la UNE, el TSE nunca comunicó cómo resolvió.
Lo anterior ocurrió, mientras la bancada UNE se consolidaba como el principal aliado de Alejandro Giammattei en el Congreso y justo cuando Sandra Torres se encontraba en prisión por el caso de financiamiento no registrado de ese partido.
Tras la pugna legal entre Torres y los diputados disidentes de la UNE por el control de la Secretaría General de la organización, en diciembre de 2021 el Registro de Ciudadanos (RC) anunció un tercer proceso de cancelación por no tener integrado su Comité Ejecutivo Nacional, su máxima dirigencia.
En medio de una lluvia de amparos entre Torres y los diputados convertidos en sus enemigos políticos, en junio de 2022, los legisladores lograron que la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo anulara todas las asambleas del partido. Eso suponía una acelerada cancelación del partido.
El RC aceptó anular todas las asambleas, justo cuando el partido UNE buscaba desmarcarse de la alianza oficialista en el Congreso y se resistía a continuar votando a favor de las propuestas del Ejecutivo, según confió en ese momento a Plaza Pública uno de los diputados fieles a Sandra Torres.
Pero la situación cambió de nuevo en agosto de 2022, cuando los magistrados del tribunal electoral revocaron la decisión del Registro de Ciudadanos y mantuvieron con vida a la UNE, con una resolución poco fundamentada por parte de los magistrados del TSE.
Los magistrados consideraron que el órgano electoral «debe sin duda hacer prevalecer el libre funcionamiento del partido político, esto en aras de garantizar la participación de los ciudadanos en la institucionalización de aquellos en las funciones del Estado; de la cuenta que, el conculcar la organización y participación política de los ciudadanos afiliados al partido UNE, sin que hayan agotado todas las instancias ordinarias y constitucionales correspondientes, se traduce en una vulneración a la representatividad de la que dichos ciudadanos gozan dentro del Estado constitucional de derecho», se lee en el expediente 1838-2022 del TSE.
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En cada elección, las estrategias no le han servido a Sandra Torres para lograr su objetivo de ganar la Presidencia de la República. Las estadísticas tampoco han jugado a su favor, pues en las segundas vueltas de 2015 y 2019 no superó los 1.4 millones de votos. Eso la ha condenado a ser la perdedora de los balotajes.
Por ejemplo, al analizar los votos en la elección presidencial de 2019, se observa que, en la segunda elección Sandra Torres solo aumentó en 24% los votos obtenidos en la primera vuelta. Mientras que Alejandro Giammattei, quien resultó ganador de la contienda hace cuatro años, en el balotaje triplicó los sufragios que obtuvo en la primera ronda.
Sandra cambia de discursos, renueva su imagen, pero en el fondo sigue siendo la misma persona, aseguran antiguos integrantes del partido que la describen como «obsesionada y capaz de cualquier cosa para alcanzar el poder». La secretaria general de la UNE tiene un tope electoral y un marcado antivoto, tanto que ella misma ha construido su propia maldición: es capaz de definir al presidente del país y puede ser cualquiera, cualquiera menos ella.
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