Sin embargo, Türk encontró el proverbial pelo en la sopa: El Ministerio Público. El informe del comisionado explica que el ente investigador de Guatemala utiliza la persecución penal de manera espuria, como herramienta para perseguir y castigar adversarios políticos, y para acallar a la disidencia. Hizo un llamado a Consuelo Porras, jefe de la entidad, en el sentido de que se abstuviera de emplear la investigación penal como arma para organizar vendettas personales y practicar lawfare a gran escala.
La respuesta del MP no debería sorprender a nadie: la fiscal general canceló la reunión que tenía programada con el comisionado, con el risible argumento de que hay demasiados casos ingresando a diario a su institución, y no puede perder el tiempo en reuniones porque eso vulneraría los derechos humanos de las víctimas (el chiste se cuenta solo). En su lugar, Porras envió un informe de labores del año en curso.
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Esta muestra de prepotencia y desprecio hacia el más alto organismo de cooperación entre naciones en esta era de nuestra vida civilizada, demuestra lo poco que realmente importan a las autoridades del MP la imagen que el país puede proyectar en el extranjero. Lo que es aún más preocupante es el escaso valor que dan a cuestiones fundamentales como el debido proceso, la igualdad ante la ley y, por supuesto, el respeto a los derechos humanos. Casos como el de la exfiscal Virgina Laparra, que recientemente se unió al largo listado de fiscales, jueces, periodistas y activistas en el exilio, son ejemplos palpables del uso como herramienta de represión que ciertos poderes fácticos vinculados a la corrupción y a los métodos de gobiernos anteriores hacen del Ministerio Público. El caso de Laparra fue especialmente grave, con una persecución penal que llegó a rozar la tortura abierta, encerrándola en bartolinas diminutas y sin ventanas, a pesar de conocer su condición de claustrofóbica. Otro ejemplo destacado es el del periodista José Rubén Zamora, cuya libertad el MP obstinadamente se niega a conceder, a pesar de que el caso en su contra parece estar construido de manera débil y poco sustancial. Este uso aberrante de la persecución penal es una vergüenza para Guatemala, y una medalla de honor para quienes sufren los embates de la mandamás del edificio de Gerona.
A todo lo anterior se suman las preocupantes fotografías que circularon en redes sociales la semana que recién termina. Estas muestran a Consuelo Porras en la presentación oficial del cuerpo de seguridad de élite de su institución. La unidad, conformada por hombres y mujeres con sofisticados uniformes de combate, portando armas largas, parece más un cuerpo paramilitar extrajudicial que una unidad al servicio de la investigación penal. La situación, por supuesto, plantea más preguntas que respuestas. ¿Para qué necesita el MP de una fuerza de élite provista con armas largas? ¿Es prudente que una institución que se ha mostrado abiertamente hostil al gobierno legítimo y democráticamente electo de Bernardo Arévalo tenga a su disposición un pequeño ejército privado? ¿Corren algún peligro nuestras instituciones democráticas?
En un momento en el que el país hace esfuerzos por dejar atrás todo tipo de prácticas oscuras del pasado, la deriva autoritaria del Ministerio Público no hace más que crecer, alienándola no solo del gobierno sino de todos los guatemaltecos que buscamos un cambio para el país. Estas prácticas antidemocráticas no deben tolerarse ya que son un lastre para el nuevo rumbo que el país está emprendiendo, cada vez con mayor claridad. El Ministerio Público es un ente que debe funcionar bajo las más estrictas normas de investigación científica criminalística y un irrestricto apego a la ley, y no de la forma caprichosa y veleidosa en la que lo ha hecho desde las dos últimas administraciones. Además de estos lineamientos de excelencia técnica, el MP debe abrazar una política de transparencia y colaboración interinstitucional a todo nivel, incluyendo la apertura a visitas y escrutinios de entidades internacionales de alto nivel en vez de protagonizar desaires de campeonato como en el caso que nos ocupa.
Debemos seguir exigiendo incansablemente que el Ministerio Público abandone el rol vergonzoso de ariete al servicio de golpistas y censores, y pase a ocupar el lugar que le corresponde dentro del engranaje de un Estado funcional y eficiente, confiando que la próxima visita de un alto comisionado de derechos humanos encuentre un MP limpio, eficiente, altamente calificado y al servicio de todos los guatemaltecos.
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