Semanas después, un comunicado de la Vicepresidencia hacía la rectificación de que dichos entes «no eran suspendidos», sino que serían «reformados». Me parece apropiado traer el tema a colación porque los jóvenes en Guatemala seguimos sin contar con un goce pleno de nuestros derechos. Seguimos experimentando las mayores dificultades para encontrar empleo. Asimismo, la educación que recibimos no nos libera ni prepara para el mercado laboral. Y esta situación precaria nos ubica como las principales víctimas y los principales victimarios de la violencia en el país. Para cambiar este panorama es necesario consolidar políticas públicas con pertinencia territorial, apropiación y un enfoque integrativo de las otras políticas sectoriales y del ciclo de vida. La política pública de juventud es una política pública transversal, y dicho tipo de política es difícil de operar, sobre todo en un contexto donde prevalece un adultocentrismo, una política sectorial desarticulada, y se relega a los jóvenes a ser objetos de protección, y no generadores de su propio desarrollo.
El gabinete de juventud fue creado en el período del Otto Pérez Molina con el acuerdo gubernativo 173-2012. Su objetivo era «propiciar la articulación, coordinación e impulso de acciones para la implementación de planes, políticas públicas, programas y proyectos, especialmente los de inversión social, enfocados al desarrollo integral de la juventud en el corto, mediano y largo plazo». El gabinete era presidido por la Presidencia y coordinado por la Vicepresidencia. La Secretaría Técnica estaba a cargo del director del Consejo Nacional de la Juventud, en el cual participaban todos los ministros y algunas secretarías. La Vicepresidencia y la Secretaría Técnica monitoreaban las metas y verificaban el cumplimiento de los programas y del presupuesto asignado a favor de la juventud de acuerdo con la Política Nacional de Juventud 2012-2020. Además, algunos representantes de organizaciones de la sociedad civil teníamos la oportunidad de participar en las reuniones, así como de evaluar y vigilar el trabajo enfocado en la juventud que se hacía desde cada uno de los ministerios. En este espacio se dio el apoyo para la implementación del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes y se logró visibilizar con anticipación la falta de seguimiento de metas para exigir que los ministerios corrigieran su ejecución.
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Las prioridades del presidente Morales, presentadas en la Política General de Gobierno 2016-2020, no están alineadas con las decisiones de su equipo. En el eje «transparencia» se establece como prioridad presidencial «lograr la plena transparencia y el gobierno abierto» (página 22). La misma política detalla más adelante que «la institucionalización de la gestión por resultados, la rendición de cuentas, la promoción de la participación ciudadana y la auditoría social» son los pilares del gobierno abierto. Sin embargo, se tomó la decisión de lo que ahora llaman reformar.
Y esto sucede en plena época pos movilizaciones masivas en contra de la corrupción, en una meta que nos ha unido como guatemaltecos y ha logrado superar las divisiones ideológicas. Siendo la participación ciudadana fundamental para construir un Estado capaz de transformar las demandas en acciones, siendo los jóvenes el bonus democrático y al mismo tiempo la población más desatendida, ¿quién se atrevería a cerrar los pocos espacios que se tienen creados para la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la auditoría social? ¿Quién se atrevería a cerrar un espacio de monitoreo de una política pública transversal? ¿Cerrar la participación ciudadana que llevaba a cabo una evaluación del actuar de cada ministerio y del avance en sus compromisos, de modo que se garantizara que la ejecución de los recursos públicos no perdiera el rumbo establecido en la planificación? Cerrar un Gabinete Específico de la Juventud o reformarlo indefinidamente es, a todas luces, ilógico.
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