Pero también es cierto que la oposición, acostumbrada a la protección estadounidense para asumir el control de los negocios petroleros, ha detonado todos los puentes que una y otra vez actores bienintencionados han querido construir. A los diálogos han ido por el todo o nada, queriendo eliminar el chavismo de un manotazo, con la intención de que lo público vuelva a estar únicamente al servicio de los grandes capitales, con negocios turbios por todos lados. Tal y como el pacto de corruptos lo quiere restablecer en Guatemala.
Maduro, como antes Chávez y todavía antes todos los gobernantes venezolanos del siglo XX, no logró hacer de la riqueza petrolera un haber promotor de la independencia nacional. Todo lo contrario: a pesar de los discursos beligerantes, el principal comprador y procesador del petróleo venezolano siguió siendo Estados Unidos, que así controla el flujo más importante de divisas. Plata fácil en tiempos de bonanza, instrumento de dura presión en tiempos de crisis.
La economía venezolana está en crisis desde hace varios años, mas ¿hacia dónde se fugaron los más importantes capitales de los viejos y nuevos ricos, construidos todos a partir de la corrupción petrolera? Al estado de Florida y a España. También son españolas las más importantes empresas que controlan el mercado venezolano, nada santas en lo que se refiere a corrupción, tal y como sucedió en Guatemala con la compra fraudulenta de Puerto Quetzal por Ángel Pérez-Maura, denunciado por la Cicig pero protegido por el Gobierno español.
La crisis actual, producida desde el momento en que desde los centros de poder económico estadounidense y europeo se apoyó a la oposición en su berrinche de no participar en las elecciones presidenciales, tiene desde entonces no solo el interés de derrocar a Maduro, sino de hacer también que la corrupción vuelva a ser el negocio de los de antes y que las riquezas petroleras y minerales sean la salvaguarda de las reservas estadounidenses.
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Es por ello que, en lugar de promover el diálogo de una manera seria, consciente y responsable, la Europa de los discursos pomposos sobre la democracia, pero de las prácticas excluyentes, ha optado por jugar de monaguillo del discurso estadounidense. El llamado Grupo de Contacto Internacional (GCI), integrado por voluntad propia por los Gobiernos de Alemania, España, Francia, Holanda, Reino Unido y Suecia y que contradictoriamente ya había reconocido a Guaidó como presidente, llegó este jueves 7 a Uruguay para presionar a los que desde América Latina y el Caribe impulsaban el Mecanismo de Montevideo para negociar una salida pacífica al conflicto.
Los europeos pro-Guaidó llegaron con plazos cortos y disposiciones propias. Uruguay, México y Bolivia insistieron en que la solución la tienen que encontrar los venezolanos en paz y a la mayor brevedad, antes de que desde Estados Unidos se active la solución ya establecida, que parece ser el bombardeo del palacio de Miraflores y de algunos puntos estratégicos de la defensa venezolana.
Como cosa extraña, la actitud autoritaria e intransigente de los europeos ha sido acompañada dócilmente por Suecia, país que durante todos los conflictos del siglo XX se posicionó como neutral y favorable a priorizar los diálogos y la búsqueda de la paz. Se evidencia así la debilidad de su gobierno, rehén de las derechas para mantenerse en el poder, como el actual gobierno español de Pedro Sánchez.
Pero, al contrario de lo que los grandes medios han querido hacer creer, los países europeos fueron los que tuvieron que aceptar, al menos en el discurso, que las elecciones sean decididas por los venezolanos, para lo cual, aunque no lo dijeron en su conferencia de prensa, deben convencer a su presidente Guaidó de que acepte este proceso, lo que necesariamente implica sentarse a la mesa con Maduro.
La declaración ha sido clara en cuanto a que ese grupo procederá a realizar «los contactos necesarios con los actores venezolanos relevantes […] con el objetivo de establecer garantías para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible».
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Lo anterior significa que no hay un nuevo presidente en Venezuela y que sus embajadores, como el enviado a Guatemala, no tienen ningún respaldo gubernamental. Representan únicamente a la oposición venezolana. Como bien le dijo Claudia Salerno Caldera, embajadora de Venezuela ante la Unión Europea, a El Diario, Guaidó «no tiene ni el control de las instituciones ni la funcionalidad del Estado con relación a terceros ni la administración pública». Todo eso sigue funcionando y responde al poder del Estado, que sigue siendo presidido por Maduro.
En consecuencia, falta aún un largo trecho por recorrer para que sus ansiadas elecciones se realicen, pues debe tenerse en cuenta que los chavistas hablan ya de elecciones, pero a la Asamblea Nacional, y que convencerlos de realizar nuevas elecciones presidenciales implicará que la oposición no cuente con los apoyos financieros y mediáticos de los estadounidenses y europeos y que el chavismo pueda presentar candidatos.
Sin embargo, la gran pregunta que pende sobre América Latina es: ¿tendrá el gobierno de Trump la paciencia suficiente como para esperar los resultados de estas negociaciones? Los países europeos que autoritariamente piden nuevas elecciones en Venezuela no han tenido el coraje de exigir a las potencias no optar por soluciones unilaterales.
Venezuela vive ahora lo que Guatemala sufrió en 1954. Y si bien en el continente hay mayor claridad sobre el derecho de los pueblos a tomar sus propias decisiones y de oponerse a las soluciones violentas, la Europa supuestamente democrática y propaz parece haber tomado el camino de la imposición y el autoritarismo. Como ya lo dijo el expresidente Mujica, todos sabemos cómo empieza una guerra, pero no cómo ni cuándo puede terminar.
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