Cuando ejerció el cargo de director general del Sistema Penitenciario, el actual mandatario de la república, Alejandro Giammattei Falla, estuvo involucrado en la masacre del centro de detención penal de Pavón en septiembre de 2006. Si bien en un dudoso proceso penal resultó exculpado, no cabe duda de su responsabilidad como mínimo administrativa o de omisión de denuncia de la intervención que derivó en la ejecución de siete privados de libertad. Por esos hechos, el entonces director general de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen, fue condenado a cadena perpetua por una corte de Suiza. Si bien Giammattei Falla logró librarse de ser condenado por estos hechos, la certeza de su responsabilidad no quedó desvanecida.
Recién inaugurado su gobierno, ya como presidente de la república, arremetió contra periodistas independientes que le resultaban incómodos, en especial porque indagaban a profundidad en los entornos de su equipo de trabajo. Durante los 18 meses de mandato que lleva el gobierno de Giammattei ha sido notoria la animadversión de este contra la prensa independiente. Desde el discurso de odio transmitido por él mismo hasta campañas orquestadas desde oficinas de gobierno y pagadas con nuestros impuestos buscan justificar la agresión.
Toda persona que alce la voz o cuestione su desempeño es susceptible de ser atacada por las huestes al servicio de la presidencia o del partido en el poder. En ese afán de usar todo recurso autoritario para impedir disidencias, sancionó casi de inmediato un decreto legislativo, nacido de las entrañas de su bancada y de otros bloques parlamentarios afines a la violación de derechos, que imponía restricciones y violentaba garantías y libertades como las de reunión, asociación y libre expresión del pensamiento. Con la velocidad no ejercida en el control de la pandemia del covid-19, el veterano candidato y finalmente jefe del Ejecutivo le dio vida legal a la norma que vulnera la democracia.
[frasepzp1]
En noviembre de 2020 les dio vía libre a las fuerzas de la Policía para reprimir violentamente a manifestantes que pacíficamente se reunieron en la plaza. Con el pretexto de ubicar a quienes participaron en un dudoso acto de vandalismo consistente en un incendio en el palacio legislativo, la fuerza policial desató una feroz persecución y capturó ilegalmente a más de 40 personas, las cuales fueron liberadas casi en su totalidad por falta de mérito.
Con el pretexto de controlar la pandemia del covid-19 en el país impuso una restricción de garantías durante varios meses, pero sin asegurar otras políticas que redujeran los contagios. Lejos de ello, dilapidó y malversó los miles de millones del presupuesto destinados a combatir el virus. Los fondos asignados para realizar la vacunación de los guatemaltecos siguen desaparecidos, pues se firmó un contrato sin control legal. Tanto él como su equipo de gobierno siguen sin rendir cuentas de los fondos públicos gastados.
Ahora, para impedir que las voces que reclaman su renuncia se multipliquen en la plaza, impone nuevas restricciones a derechos como el de manifestación con el pretexto de evitar contagios. Sin embargo, su argumento es falaz, puesto que el virus es menos peligroso en la plaza, al aire libre, que en los centros comerciales, a los que autoriza funcionar, o en el transporte público, que por su hacinamiento es una fuente constante de diseminación del covid-19.
Al final de cuentas, para Giammattei es bienvenida cualquier excusa con la cual limitar derechos, puesto que la democracia le resulta incómoda y el ejercicio de derechos le provoca malestar. Por ello, más que presidente de una república con un marco legal democrático, se pinta como el déspota de un Estado mafioso que ha contribuido a instaurar.
Más de este autor