¿Topamos contra el muro?

Además, lograron que casi un centenar de Estados la ratificaran. Tampoco imaginaron que todos sus esfuerzos y agenda de trabajo conformarían un eje de estudios en las carreras de derecho y criminología conocido como el Legado Palermitano. ¿Creyeron los arquitectos del Maxiprocesso italiano que llegarían tan lejos? La respuesta es no. De hecho, Falcone y Borsellino concluyeron sus gestiones administrativas pensando que habían fracasado. Durante una serie de recientes conferencias sobre la temática del crimen organizado, el senador italiano Antonio Ingroia (el heredero del legado de Borsellino) me confirmó lo anterior: que los magistrados Falcone y Borsellino tenían la impresión de que habían «topado contra el muro». Antes de sus homicidios fueron testigos de cómo el Supremo italiano revirtió cientos de sentencias relacionadas con casos de alto impacto vinculados a la lucha contra el crimen organizado. Y nada pudieron hacer. Otra pregunta que no podremos contestar nunca: ¿tenían claro Falcone y Borsellino hasta dónde habrían podido incidir con sus acciones respecto a reformar el sistema de justicia italiano? ¿Habrían podido trascender incluso el Maxiprocesso, es decir, definir cuándo habían topado contra el muro?

Esta pregunta es esencial para la presente reflexión.

Cambiamos de lugar, pero no de historia.

La estúpida guerra contra el narcotráfico que se libra —a lo estúpido— en México parece ser un círculo vicioso. No se vislumbra salida alguna. Ni siquiera el presidente electo AMLO tiene una estrategia clara y concisa al respecto, pero todos los demás actores formales en relación con el tema siempre se refieren a la necesidad de profundizar la estrategia. ¿En serio? Más de tres decenas de capos del narco mexicano (definidos como objetivos de alto valor) han sido detenidos y deportados a Estados Unidos. Esta cifra no cuenta: los objetivos de alto valor eliminados en combate. México se ha gastado 50,000 millones de euros en seguridad y defensa desde el comienzo de esta estrategia. En los primeros meses de la estrategia, alrededor de 20,000 soldados participaron en operaciones en todo el país y hoy hay más de 90,000 militares desplegados en operaciones relacionadas con el combate contra el narco. Las cifras de desaparecidos son superiores a los 200,000, y las de muertos por esta —otra vez— estúpida guerra rondan en promedio las 250,000. México se ha vuelto, además, un comprador apetecido de armas estadounidenses: nos hemos despertado el pasado lunes con la noticia de que la administración Peña le comprará a Estados Unidos casi 100 millones de dólares en arsenal militar con énfasis en seis misiles RGM-84L Harpoon Block II, 23 misiles Block II Rolling Airframe Missile (RAM) y 6 torpedos ligeros MK-54 Mod. ¿A quién quiere invadir México? Es cierto que ya no gana caminando las eliminatorias futboleras en la Concacaf, pero el gasto reportado es una gran imbecilidad. Hay que señalar que, por suerte, AMLO canceló la compra de ocho helicópteros militares que tendrían un costo de 1,200 millones de dólares.

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Los defensores de esta estrategia —otra vez estúpida— dirán que el costo humano y económico lo ha valido: 33 de los 37 objetivos prioritarios han sido capturados o abatidos. Pero, a pesar de todo lo anterior, la violencia no cesa. ¿El error? No haber planteado la estrategia de salida ni haber determinado cuándo topamos contra el muro. O sea, cuándo arribamos al mejor logro en el curso de acción y cuándo no habrá ya nada mejor que hacer. Durante la administración de Felipe Calderón se decía que, si Joaquín Guzmán era detenido, apresado y expuesto cual criminal común (al estilo de Abimael Guzmán), se podría darle carpetazo a la guerra contra el narco y buscar otro curso de acción. La verdad es que ni siquiera el apresamiento del narcotraficante más mediático del mundo dio por concluida la guerra del narco.

En los procesos de combate del crimen organizado y de actores paralelos (independientemente de si se favorece o no la estrategia) es importantísimo poder determinar si se ha llegado al punto de inflexión, aquel en el cual el mayor logro ha sido finiquitado y a partir del cual no hay nada más que pueda agregarse, sino, por el contrario, es necesario prepararse para el set de retrocesos.

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Cuando se revise la experiencia de la Cicig en Guatemala, será fundamental encontrar este momento para determinar cuáles fueron las limitaciones del modelo. Hay logros, en efecto, y quizá poco valorados. Enviar a proceso judicial a un presidente que además era exgeneral de inteligencia militar, así como a miembros del G8, es un logro que, siendo honestos, hace una década parecía imposible. Sí, pero, luego de estos logros, el set de reveses es igual de simbólico: jueces suplentes que otorgan permisos, la remoción de cuadros de administración pública afines a la comisión (titular de la SAT, ministro de Gobernación, cúpula de la PNC…) y la remoción de los agentes de policía asignados a la Cicig. Aunque en el horizonte se plantea un segundo intento por desaforar al presidente Morales, hay que ser honestos: esto no va a proceder. Agrego a lo anterior un Congreso blindado, que no teme un caso Odebrecht (porque no afectaría con fuerza la actual legislatura) y tampoco, en lo mínimo, que el comisionado Velázquez llegue a sentarse al palco. Hay que decir, además, que es poco probable que la ley Magnitsky sea aplicada de golpe a medio centenar de legisladores. Ya no es solo una cuestión de tocar al Ejecutivo, sino de afectar el comportamiento del Legislativo, y allí el modelo simplemente no tiene los colmillos necesarios. Si todo lo anterior es cierto, podemos apostar a que la enemistad con los embajadores Cicig lovers continuará. Y no se dude que la renovación de la visa de trabajo del comisionado Velázquez será una de Dios y la Virgen.

El set de reveses ha sido enorme, pero lo que más sorprende es la nula reacción por parte de los poderes de tutela. A tal punto que, si el mandato de la Cicig no fuera renovado en 2019, a como van las cosas, tampoco sucedería nada. El mecanismo Cicig-MP se mueve a un ritmo que no parece estar a la altura de lo que sucede.

¿Se puede hacer más? Resulta difícil, sobre todo si recordamos que la comisión opera en conjunto con unas instituciones de las cuales se asume —pequeño detalle— que tienen la buena voluntad de colaborar. Si se pudiera viajar en el tiempo, habría que decirles a los arquitectos del modelo que lo hagan más incisivo porque será un profundo error confiar en las instituciones locales.

Quizá por ello se plantea en el horizonte ir tejiendo la otra fase: la necesidad de continuar el proceso bajo la conformación de un proyecto político que 1) se pueda construir desde el umbral de la experiencia Cicig y 2) tenga la fuerza política para institucionalizar y profundizar las reformas necesarias.

Al margen, y mientras tanto, vale la pena preguntarse si hemos llegado al punto en el cual topamos contra el muro.

Post scriptum. El día de ayer, el operativo del caso Corrupción y Construcción no fue capaz de capturar a todas las personas buscadas. Casi el 70 % quedaron prófugos, lo cual apunta a la posibilidad de filtraciones. El titular de la FECI reconoció que, en diez años de proceso, la colaboración actual con la PNC no es la misma. Mucho nos dice esto, pero más debe hacerse notar que el talón de Aquiles de la comisión (de nuevo por su diseño) está en su dependencia de las instituciones locales.