Tiempos razonables: anotaciones adicionales sobre los procesos de reforma agraria

No obstante, en otras latitudes y en otras configuraciones geopolíticas, los procesos de redistribución de tierras han permitido —incluso generado, según algunos autores [i]— resultados que se alejan de las supuestas relaciones causales tipificadas por la ortodoxia económica que existe desde los años 80.

Para ampliar la concepción vulgar que se tiene en el país de estos procesos, considero útil definir una tipología de reformas agrarias alrededor del mundo para así intentar registrar sus especificidades constitutivas e históricas. A modo de ejemplo, De Janvry [ii] clasifica los procesos de reforma agraria considerando los modos de producción existentes en un país determinado y la estructura de la tenencia de la tierra. La siguiente matriz resume la clasificación de algunas de las reformas agrarias más importantes del siglo XX.

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Aquí se identifican cinco estados iniciales antes de cualquier proceso de reforma agraria: fincas semifeudales controladas por élites tradicionales donde la mano de obra se procuraba bajo algún mecanismo de servidumbre (esclavitud, peonaje, etcétera) y mecanismos extraeconómicos de coerción, fincas capitalistas controladas por élites económicas con mano de obra asalariada, plantaciones capitalistas con mano de obra asalariada cuya propiedad era compartida conjuntamente por los campesinos y las clases acomodadas, plantaciones campesinas donde la mano de obra era provista por las mismas estructuras que cultivaban los terrenos y, finalmente, las plantaciones socialistas, que seguían las directrices generales del sistema de producción socialista establecidas a nivel nacional. Uno de los detalles que se ignora a menudo en las discusiones sobre las reformas agrarias involucra el alcance y el éxito de estos procesos con relación a sus objetivos iniciales. Por esta razón, en su clasificación De Janvry también reconoce la existencia paralela de un sector reformado y de otro que permanece relativamente inalterado ya sea por fallas relacionadas con la implementación de las reformas o por la misma naturaleza gradual del proceso.

Esta matriz permite juzgar la agresividad relativa de las reformas en su deseo de restructurar las relaciones y los modos de producción de un país. Por un lado, se tiene la reforma agraria que siguió la proclamación de la República Popular de China, que involucró violencia mortífera contra la clase latifundista del régimen precedente. Por otro, las reformas realizadas en algunos países latinoamericanos, como el México posrevolucionario, que no llegaron a transformar el semifeudalismo de hacienda, que permanece sin muchos cambios hasta nuestros días. Desde esta perspectiva, el proceso particular de Guatemala entre 1952 y 1954 se exhibe más bien como un proceso relativamente moderado. A partir de un semifeudalismo basado en el colonato y la aparcería, el decreto 900 de Árbenz no afectaba los latifundios productivos, no concebía la abolición de la propiedad privada en favor de órganos del Estado ni legitimó violencia vindicadora, que fueron características propias del proceso de reforma en la China comunista. Tampoco los procesos de expropiación de tierras en sí mismos desencadenan la socialización de los medios de producción: en ciertos periodos históricos, la capacidad de los Estados para ejercer esta prerrogativa ha jugado un rol imprescindible en proyectos de nación como el desarrollo de los ferrocarriles en Estados Unidos [iii] (eminent domain). Hablar de comunismo en referencia al proceso de reforma agraria en Guatemala refleja una profunda ignorancia de otros procesos de reforma (en ocasiones simultáneos) en el mejor de los casos o llanamente una dolosa deshonestidad académica que apunta a reforzar narrativas que apologizan el arreglo institucional extractivo que continúa prevaleciendo en Guatemala.

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Evidentemente, todos los procesos de reforma agraria siguen la dinámica de los procesos políticos internos de cada país. Es decir, el ímpetu de reforma nace en el seno de movimientos populares que denuncian las estructuras político-económicas imperantes en un país, que posteriormente se materializan en la llegada al poder de proyectos políticos favorables a estos reclamos. Una reforma agraria pretende cambiar la cartografía del poder a través de la redistribución del factor de producción más importante en sociedades preindustriales. Las reformas agrarias son fundamentalmente ideológicas.

Sin embargo, existe una dimensión que merece ser explorada más allá de lo ideológico: las implicaciones de las reformas agrarias en tanto políticas públicas. Uno de los dogmas económicos que se citan con frecuencia en contra de dichos procesos de reforma es que todo proceso de redistribución produce necesariamente una pérdida de eficiencia económica a nivel social. Las reformas agrarias en el sudeste asiático son el contraejemplo paradigmático de cómo, bajo ciertas condiciones institucionales y geopolíticas, estos procesos pueden mejorar los rendimientos agrícolas y favorecer un proceso de industrialización. En Corea del Sur, por ejemplo, la conversión de vasallos en propietarios de plantaciones generó un incentivo importante para la mejora de los rendimientos en el cultivo de arroz [iv]. Este excedente agrícola, aunado a la cooperación financiera y técnica de los estadounidenses (ávidos de detener la influencia comunista del norte), le permitió al Estado coreano financiar una industrialización basada en subsidios a exportaciones, sustanciales intervenciones de los mercados financieros e inversión en investigación y desarrollo. Es importante notar que la relativa autonomía y la fuerte coerción con las que el Estado coreano ejecutó dicho plan se debió, en parte, a la relegación de las élites latifundistas a espectadoras como consecuencia del programa de reforma agraria.

Si bien las evidencias provistas por la historia no bastan para la construcción de un programa de políticas públicas, sí exponen la falsabilidad de ciertos preceptos económicos que plagan el discurso público y que pretenden deslegitimar cualquier maniobra de parte del Estado para perseguir sus fines constitucionales. Nunca sabremos de qué manera la reforma agraria de Árbenz habría transformado el panorama económico del país o si era la forma ideal de abordar el problema postulado. Lo que sí conocemos bien son las mentiras que se repiten cuando se evoca el asunto, que permanecen sin mayores innovaciones discursivas desde 1954.

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